El Gobierno de Córdoba oficializó la desvinculación de Maximiliano Ochoa Roldán, hasta entonces titular de la Policía Caminera, quien permanecerá detenido e imputado como presunto líder de una organización delictiva en el seno de la fuerza. La medida implica el pase a Retiro Obligatorio, lo que permitirá al ex jefe cobrar una jubilación que sería superior a los 4 millones de pesos mensuales, mientras permanece bajo arresto preventivo en el penal de Bouwer.
La resolución oficial de la Provincia de Córdoba, firmada por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, estipuló de inmediato el pase a retiro obligatorio de Ochoa Roldán, desvinculándolo de manera definitiva de la fuerza policial.
Según se detalla en el Boletín Oficial, esta retirada podrá transformarse en una sanción segregativa más adelante, de acuerdo a lo que decidan la Justicia o la investigación administrativa interna, según indicaron medios locales.
El beneficio económico que percibirá Ochoa Roldán generó malestar en la opinión pública. A diferencia de otros efectivos subordinados a procesos judiciales, que pasan a situación pasiva y solo cobran el 30% de su salario hasta que la causa se resuelve, Ochoa Roldán podrá cobrar el monto íntegro de su jubilación, siempre que no resulte exonerado por condena firme.
“Lo pasamos a retiro, ahora es un tema de la Caja de Jubilaciones. Si la Justicia lo condena y es exonerado, pierde el derecho a seguir cobrando”, explicó Quinteros en comunicación con El Doce TV.
Un fuerte operativo ordenado por la Justicia de Córdoba finalizó días atrás con la detención de Ochoa Roldán, quien encabezaba la Caminera, organización encargada del control vehicular en rutas provinciales.
De acuerdo a la investigación penal, el exdirector es señalado como jefe de una supuesta red criminal conformada por otros altos mandos de la fuerza, un suboficial, un civil y su hermano, quien ejerce como abogado.
La pesquisa, a cargo del fiscal Guillermo González, determinó la realización de once allanamientos en distintos puntos de la provincia, incluyendo la Ciudad de Córdoba, Unquillo, La Calera, Cosquín, Santa María de Punilla, Huerta Grande, La Falda y Salsipuedes.
En esos procedimientos se incautaron computadoras, teléfonos celulares, armas de fuego, documentación, dinero y vehículos, todos puestos a disposición del expediente judicial en curso.
Según consta en la causa, la banda habría utilizado el acceso a información confidencial y recursos internos de la Policía para distintas maniobras delictivas, entre ellas coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia.
La red, según el fiscal González, aprovechaba el “perfil” de los cargos estratégicos para obtener datos reservados y negociar con personas involucradas en ocupaciones de terrenos o conflictos judiciales, prometiendo soluciones a cambio de pagos extrajudiciales o porcentajes sobre los bienes inmuebles.
La investigación comenzó a partir de información aportada por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien conducía una causa paralela sobre otra banda dedicada a delitos de usurpación y estafas con inmuebles.
Ambos expedientes confluyeron cuando se comprobó el vínculo de un civil con los altos mandos ahora detenidos, entre ellos Ochoa Roldán. Los pagos exigidos a los supuestos damnificados iban entre el 20% y el 30% del valor de las propiedades, lo que permitía “arreglos” judiciales bajo la promesa de favores o reducción de penas.
En el caso figuran también detenidos Leonardo Javier Torres (ex jefe de asesoría letrada), Martín Darío Heredia (comisario inspector de la Caminera), Jorge Gutiérrez (titular de Protección de Testigos), Dante Gabriel Villalba (suboficial y chofer de Jefatura), el civil Gabriel Burkhard y Gastón Ochoa Roldán (abogado y hermano).
El fiscal González dejó en claro que los casos no guardan relación con la recaudación de multas de tránsito ni con funciones administrativas dentro de la Caminera.
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