Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mercado ilegal de cigarrillos supera en valor a la suma de los negocios espurios del petróleo, las especies protegidas, la madera, los bienes culturales y los diamantes. Las consecuencias de este comercio van más allá de la competencia desleal: pérdida de ingresos fiscales, deterioro de la salud pública y un aumento de la violencia, entre otros. Así, su atractivo radica en su alta rentabilidad y las organizaciones criminales encuentran en esta actividad una fuente relevante de financiación, incluso las terroristas. Entre las prácticas más comunes están el contrabando, la falsificación y la manipulación de precios, incluyendo la circulación de marcas alternativas con sellos apócrifos para evadir impuestos.
En ese contexto, bajo las directivas del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, y con intervención de la Fiscalía Federal de Santiago Marquevich, la Policía Bonaerense desbarató una imprenta clandestina ubicada en la localidad de Quilmes que abastecía el mercado ilegal de cigarrillos. Lo alarmante fue que también encontraron una cantidad “monumental” de medicamentos truchos, según pudo saber Infobae.
Durante el operativo, que se llevó a cabo el pasado 13 de junio en una causa por la falsificación de sellos, timbres y marcas, así como su aplicación indebida; y evasión fiscal (infracción a las leyes 22.362, artículo 288, y 27.430 del Código Penal); fue imputado el dueño de la imprenta, identificado por las fuentes del caso consultadas por este medio como Daniel Gustavo Villani, de 56 años.
Y se decomisó una enorme cantidad de insumos ilegales destinados a la falsificación de cigarrillos y medicamentos.

La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada a fines del año pasado que daba cuenta de que en una vivienda del partido de Moreno se comercializaban cigarrillos ilegales de las marcas Red Point, Bolt y productos asociados a Massalin. Además, el denunciante aportó cinco atados como prueba. A partir de allí, el Gabinete de Delitos Federales desplegó tareas encubiertas que derivaron en la autorización de cinco allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en Quilmes, Escobar, La Matanza (dos puntos) y Moreno.
El epicentro de la operación fue una propiedad de la calle Pedro Elustondo al 200, en Quilmes, donde funcionaba una imprenta oculta en un galpón de un barrio de trabajadores. Allí se halló maquinaria de avanzada: impresoras offset, guillotinas, troqueladoras y equipos de hot-stamping, todo configurado para la producción masiva de marquillas “alternativas” de cigarrillos.
Entre los elementos incautados se encontraron chapas de impresión de las marcas Golden King, Boxer, Melbourne, Milenio Click, Jaisalmer, Red Point, entre otras. También se identificaron chapas con advertencias sanitarias gráficas y fotográficas falsas, algunas incluso con leyendas sanitarias de origen boliviano.

“El material encontrado evidenció que las marquillas impresas no correspondían a las versiones oficiales de las empresas tabacaleras, sino a variantes fabricadas para evadir impuestos mediante estampillas falsificadas, lo que impedía vincular los productos ilegales con las firmas registradas", explicaron las fuentes del caso.
Con este operativo, las autoridades apuntan a desarticular un eslabón clave de la logística del mercado ilegal: el de la falsificación gráfica, que permite a las bandas vender productos ilegales como si fueran legítimos, burlando los controles aduaneros y sanitarios.
Según una fuente con acceso directo a la investigación, “se les acabó el negocio“. Así, entendieron que se trata del “golpe más significativo a la industria ilegal de cigarrillos de los últimos 10 años”.
Medicamentos truchos

Las fuentes destacaron un hallazgo alarmante durante el operativo: en paralelo, se hallaron cajas y planchas destinadas al etiquetado de medicamentos de alto costo y uso delicado, presuntamente truchos, lo que llevó a los investigadores a definir el lugar como “la imprenta de la muerte”.
El allanamiento arrojó también una incautación “monumental” de fármacos, que incluía más de 300 referencias diferentes entre las que se contaban psicotrópicos como lorazepam, alprazolam, antineoplásicos como paclitaxel, temozolomida, lomustina, antibióticos, analgésicos, productos oncológicos y hormonales, muchos de los cuales se comercializan bajo receta archivada.
“Entre ellos había medicamentos producidos por reconocidas marcas y también variantes genéricas, pero sin trazabilidad ni documentación sanitaria que acreditara su origen o condiciones de conservación”, describieron las fuentes del caso y especularon con que esa causa recaerá finalmente en las manos del juez federal de Quilmes Luis Armella.

Fuentes de financiación de criminales
El comercio ilegal de cigarrillos “no sólo erosiona la recaudación tributaria —en Argentina el precio de venta está gravado en más de un 75%—, sino que también constituye una fuente de financiamiento clave para redes de crimen organizado y terrorismo, según organismos internacionales como Interpol, la UNODC y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En la región LATAM & Caribe, se estima que cerca de 79 mil millones de cigarrillos consumidos por año son ilegales, generando ganancias de hasta USD 18 mil millones para organizaciones criminales y pérdidas fiscales cercanas a USD 4.800 millones.
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