Durante meses, el engranaje parecía aceitado. La estructura, sólida. Los eslabones, bien coordinados. En el centro del mecanismo, Juan Carlos Insúa, un dirigente que supo ocupar cargos en el Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleados de Carne y Afines (S.O.F.E.C.A.) y en la Federación de Trabajadores Agrarios (Fe.T.A.R.A.), desplegaba una logística narco que movía kilos de cocaína desde la ciudad de Buenos Aires hasta Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Al menos, eso es lo que le imputa la Justicia, que lo procesó en las últimas horas.
No fue el único. En total son 19 los procesados con prisión preventiva por el Juzgado Federal de Villa Mercedes. Todos están acusados de integrar dos organizaciones narco independientes, pero coordinadas, dedicadas al tráfico y comercialización de clorhidrato de cocaína en San Luis y el Área Metropolitana de Buenos Aires.
A Insúa se le imputa el rol de organizador de una de las dos bandas criminales investigadas, bajo la figura legal de “organizador del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de comercialización agravada“.
Según la investigación liderada por el fiscal federal Danilo Miocevic, con colaboración de Procunar, a cargo de Diego Iglesias, y la auxiliar fiscal Florencia Compaired; Insúa adquiría ladrillos de cocaína a un proveedor peruano. Aunque la sustancia tenía origen boliviano, de menor pureza, las ganancias no se resentían: con cada envío de cinco kilos, el flujo económico se disparaba.
Así, Insúa cumplía un rol central como organizador y proveedor de cocaína, cuya distribución se concentraba en la localidad de Merlo, al norte de San Luis, y, a través de un esquema de conexión, en Villa Mercedes, donde otra banda —liderada por Diego Juan Ramón Funes, alias “el Gaucho”— canalizaba parte de la droga a través de una red de puntos de venta y revendedores.
El expediente se inició tras una serie de investigaciones que incluyeron escuchas telefónicas, allanamientos simultáneos en Buenos Aires y San Luis, análisis de cuentas bancarias y billeteras virtuales, y la incautación de estupefacientes, armas, vehículos y dinero en efectivo.
La causa acumuló antecedentes relevantes, entre ellos la detención de Insúa el 19 de junio de 2024, junto a Natalia Maricel Amar, cuando transportaban más de un kilo de cocaína en un Fiat Strada en las cercanías de La Punilla, San Luis.
De acuerdo con los elementos reunidos, Insúa, junto con Raúl Héctor Ramayo, encabezaba una de las organizaciones, con base operativa en Buenos Aires. Allí, gestionaban la adquisición de cargamentos de cocaína, presuntamente provenientes de proveedores peruanos, y organizaban su traslado hacia San Luis. El fiscal del caso detalló que “Insúa adquirió cargamentos de aproximadamente cinco (5) kilogramos de cocaína, dispuestos en ladrillos, los cuales eran entregados por los proveedores en consignación, es decir, que debían ser pagados por Insúa con el producto de la venta”.
Los envíos tenían una frecuencia semanal y, según la estimación judicial, generaban ingresos por aproximadamente $35 millones por semana. Parte del cargamento era distribuido en Merlo por revendedores locales, mientras que el resto se remitía a la estructura de Funes en Villa Mercedes.
En este esquema, Insúa mantenía contacto directo con ambos extremos del circuito. En una conversación transcrita en el expediente, se lo escucha decirle a Ramayo: “Con este guachómetro vamos a hacer historia, se nos van a abrir otras puertas... Estamos armando... Tenemos que seguir armando”.
La red operativa bajo su mando incluía a su hijo, Juan Cruz Insúa, a Edgardo Gabriel Ávila, Sergio Daniel Alcaraz y otros colaboradores en Buenos Aires. En la región de Merlo, actuaban Natalia Amar, Carina Gallardo y varios revendedores, quienes oficiaban de distribuidores intermedios.
El esquema contaba con mecanismos de recaudación digitalizados. A través de transferencias bancarias y aplicaciones de billeteras virtuales, se documentó el flujo de dinero generado por la venta de droga. Por ejemplo, el revendedor Héctor Frías transfirió casi $58 millones a Katherina Villega, pareja de Funes, en un lapso de once meses.
El 21 de mayo pasado, durante un operativo coordinado, se realizaron allanamientos simultáneos en múltiples localidades de San Luis —Villa Mercedes, Merlo, Carpintería y Santa Rosa del Conlara— y en domicilios particulares y comerciales de Buenos Aires, incluida una concesionaria vinculada a la familia Insúa. En ese contexto fue detenido Juan Cruz Insúa, junto con otros presuntos miembros del grupo.
En sede judicial, la mayoría de los imputados se abstuvo de declarar, aunque algunos, como Raúl Ramayo, intentaron desvincularse del circuito criminal. Y alegó que su vínculo con Insúa respondía a actividades de turismo y cambio de divisas, y sostuvo que sus transferencias de dinero eran por la compra de vehículos. Afirmó además que, en calidad de consumidor, le adquiría droga a Funes. Sin embargo, el juzgado desestimó esa versión al considerar la “abundancia y coherencia de las pruebas reunidas”, y mantuvo la prisión preventiva de los principales acusados.
En su resolución, el tribunal consideró verificada la existencia de una estructura jerárquica, con división de tareas y continuidad en el tiempo. Respecto de Insúa, se valoraron especialmente las intervenciones telefónicas, las transacciones económicas, los movimientos logísticos y su capacidad de articulación con otra banda paralela.
La calificación legal aplicada fue la de organizador del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización agravada. La imputación incluye además la agravante por participación de tres o más personas organizadas.
Como medida cautelar, el juzgado dispuso un embargo de $52 millones sobre los bienes de cada uno de los procesados, incluido Insúa, a fin de garantizar eventuales multas e indemnizaciones civiles.
El tribunal justificó la prisión preventiva en la gravedad del delito, el riesgo de entorpecimiento procesal y la expectativa de penas que, para los organizadores, podrían alcanzar los 20 años de prisión.
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