Elevaron a juicio la causa contra el militante de HIJOS por el crimen de su mamá

La causa por el asesinato de Susana Montoya, una mujer de 74 años que fue hallada sin vida en su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones, en Córdoba capital, será juzgada en los tribunales. Su hijo, Fernando Albareda, ex dirigente de Derechos Humanos y militante de la organización HIJOS, está acusado de ser el autor del crimen ocurrido el 1 de agosto de 2024.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 3º, a cargo de Juan Pablo Klinger, fue quien tomó la decisión de elevar la causa a juicio, al considerar que la prueba reunida durante la investigación es suficiente para avanzar con el proceso oral.

Desde un primer momento, el hombre intentó desligarse del hecho. Fue él mismo quien notificó a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo de su madre, que se encontraba tendido en el patio de su vivienda. En las paredes de la casa apareció un mensaje escrito con lo que parecía ser labial rojo, que decía: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos #Policía”. Según explicó el acusado a los medios en ese momento, se trataba de una amenaza de tintes políticos, vinculada a una supuesta patota parapolicial.

Sin embargo, con el correr de los días, esa línea de investigación perdió fuerza. La escena del crimen no mostraba signos de violencia en los accesos, y las amenazas comenzaron a ser puestas en duda por los investigadores.

De hecho, el informe preliminar del Área de Grafocrítica de la Policía Judicial de Córdoba concluyó que los manuscritos en la pared presentaban “grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado”. En ese entonces, Albareda había denunciado la aparición de carteles intimidantes en la puerta de su casa. Los mensajes estaban escritos con fibra negra y recortes de diario, y contenían frases como “Sos hijo de terrorista”, “Va a morir” y “Te vamos a juntar con tu papito”, acompañados por seis balas calibre .22.

Para el fiscal Klinger, las amenazas fueron “fabricadas por el acusado” como parte de una estrategia para desviar la investigación. El ex dirigente, además, se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, y permanece detenido desde el 8 de agosto de 2024 en la cárcel de Bouwer, donde fue alojado luego de ser señalado como el principal sospechoso.

“Se torna inexorable el desarrollo del debate para terminar de dilucidar el caso. A nuestro criterio, las pruebas lo ponen en una situación procesal complicada”, sostuvo el fiscal en diálogo con el canal El Doce. Según explicó, el móvil del crimen estaría relacionado con un interés económico. Montoya estaba por recibir una indemnización millonaria como parte de una reparación histórica del Estado nacional por el crimen de su esposo, Ricardo Fermín Albareda, quien había sido subcomisario de la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba, militante del ERP, y víctima de desaparición forzada en 1979. El reconocimiento fue otorgado mediante decreto y contemplaba una compensación por salarios caídos, de la que Montoya era beneficiaria directa.

Klinger también mencionó que el acusado habría actuado motivado por un “claro resentimiento interno” hacia su madre, derivado de una historia familiar conflictiva. En ese marco, indicó que la acusación incluye el agravante de homicidio triplemente calificado, aunque no especificó públicamente los detalles técnicos de esa calificación legal.

El informe preliminar de autopsia determinó que Montoya murió a causa de un traumatismo de cráneo provocado por un fuerte golpe, en combinación con una asfixia mecánica por estrangulamiento. Se estima que el crimen ocurrió entre la noche del jueves 1° de agosto y la mañana del viernes, cuando su cuerpo fue hallado sin vida en el patio de la vivienda ubicada en calle Miguel Andrés Camino al 4800.

En la investigación intervinieron la Unidad Judicial de Homicidios, la Brigada de Investigación de Homicidios de la Policía de la Provincia y diversos gabinetes científicos del Ministerio Público Fiscal. Por ahora, no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio oral, pero la causa ya está en condiciones de pasar a esa etapa.