Comenzó el juicio contra un pastor evangélico acusado de explotar laboralmente a jóvenes con problemas de adicción

A casi tres años de que fuera desmantelado el supuesto centro de rehabilitación de adicciones que era administrado por el pastor evangélico Roberto Tagliabué en Mar del Plata, el lunes pasado comenzó el juicio por presunta trata de personas por explotación laboral agravada, privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.

El proceso judicial, que cuenta con un total de nueve víctimas, será llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) será representado por la fiscal federal Laura Mazzaferri, junto con las auxiliares fiscales María Eugenia Montero, Diana Arias y Victoria Sassola, esta última de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), quien asistió a la audiencia de manera remota.

Durante la apertura del juicio, Mazzaferri planteó que el acusado habría tenido un modus operandi sistemático para captar y explotar laboralmente a los jóvenes con problemas de consumo, a quienes supuestamente debería haber albergado y ayudado a rehabilitarse.

Según reconstruyó la Fiscalía, los hechos investigados se habrían desarrollado entre 2001 y agosto de 2022, cuando la Justicia Federal ordenó realizar un allanamiento en la iglesia El Shaddai, ubicada en el barrio Pueyrredón, sitio en donde funcionaba el “Programa Cristiano de Rehabilitación de las Adicciones”.

Respecto a los perfiles de las víctimas, los investigadores señalaron que muchas de las personas que habrían sido parte del presunto sistema de explotación laboral se habrían tratado de jóvenes con antecedentes de adicciones, problemas económicos y conflictos con la ley penal. Asimismo, indicaron que habrían sido captadas mediante engaños y violencia.

En el caso de algunos jóvenes, las autoridades remarcaron que fueron derivados por la Justicia provincial para cumplir con normas de conducta. Una medida que buscaba suspender los procesos penales y/o morigerar las penas de prisión que tendrían que haber afrontado.

Además de realizar trabajos no remunerados como venta ambulante de panificados, productos de limpieza y plantas, también eran obligados a atender los negocios del pastor y realizar tareas de mantenimiento y albañilería en la iglesia.

Mientras que indicaron que las víctimas eran obligadas a realizar jornadas laborales que “terminaban comprendiendo prácticamente todo el día”, remarcaron que no percibían ningún tipo de ingreso, ya que el acusado era la única persona que administraba los montos obtenidos por las ventas.

En línea con esto, la fiscal subrayó que estaban sometidos a cumplir con un sistema de pagos y penalizaciones. Pese a que se suponía que se trataba de un centro gratuito, el religioso les habría cobrado los gastos de alimentación, alojamiento y un diezmo. Además, les habría retenido las sumas que recibían por planes sociales y pensiones por discapacidad.

De la misma manera, Tagliabué habría creado un sistema de multas económicas para las víctimas que hubieran incumplido con alguna de las normas del lugar. Incluso, brindaba “vales o fiados” a aquellas personas que compraban productos en el minimercado del acusado.

Por este motivo, la fiscal consideró que las diferentes situaciones de vulnerabilidad que atravesaban los jóvenes habrían sido aprovechadas por el pastor para mantenerlos en situación de explotación. Asimismo, algunos de ellos también habrían sido enviados a barrios carenciados para captar más personas que se encontraran en la misma situación.

No obstante, Mazzaferri remarcó que esta no habría sido la única forma de captación que habría impartido el pastor Tagliabué, debido a que también se repartía folletería y había una página web que promocionaba el presunto centro de rehabilitación que gestionaba.

Incluso, acusó al religioso de haberse encargado de promocionar la presunta red en instituciones carcelarias y en los tribunales de la justicia provincial. Además, apuntó que habría utilizado su rol de encargado como “instrumento de sujeción de las víctimas”, al tener la responsabilidad de informar sobre la situación de las personas que estaban a su cargo ante las autoridades.

Por otro lado, la Fiscalía mencionó que las víctimas habrían experimentado situaciones de acoso sexual, las cuales no fueron imputadas, pero que resultarían agravantes en el contexto de violencia que ejercía el acusado.

El pastor también fue acusado de haber incurrido en la comercialización de animales exóticos y en peligro de extinción, lo cual implicaría una infracción en la Ley Nacional de Fauna. En los allanamientos realizados en la propiedad del acusado se encontraron 97 especies exóticas, junto a 154 animales adicionales, lo que también ha resultado en cargos por maltrato animal en su contra.

Durante la primera audiencia, la defensa presentó su alegato de apertura y el tribunal escuchó a dos víctimas, cuyas declaraciones se realizaron a puertas cerradas. El juicio se reanudará el próximo lunes, por lo que está previsto que declare el pastor. Además, cerca de 70 testigos participarían en las audiencias programadas para los lunes.