Este jueves por la mañana, la cúpula de La Salada, la feria de ropa ilegal más grande de Latinoamérica, cayó luego de más de dos años de investigación en su contra.
Acusados por la fiscal Cecilia Incardona de lavado de dinero y evasión de impuestos en el marco de una asociación ilícita, la Policía Federal arrestó a su histórico jefe, Jorge Omar Castillo, así como a su esposa y a su suegra, luego de derribar la puerta de su mansión en Open Door, partido de Luján. Aldo Enrique Presa, otro miembro clave de su triángulo, fue detenido junto a su hija Guadalupe, acusada de ser la administradora de su fortuna. Enrique Antequera, tercero en el reparto del poder, sigue prófugo; sus hijos Lucas y Alan ya están en una celda. Hay, en total, 22 pedidos de captura en el expediente.
Incardona, bajo la firma del juez Luis Armella, siguió rastros de dinero, una ruta financiera integrada por la empresa principal de La Salada en Lomas de Zamora, Punta Mogote SCA, junto a Unifap y Urkupiña SA, con más de siete mil puestos de venta de ropa del mercado negro, con un volumen de dinero masivo que era inyectado en negocios legales, con un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de dinero.
El tema, aquí, es cuánto dinero.
Infobae accedió a datos clave del expediente de la Justicia federal, que realizó un control de movimientos bancarios:
. Punta Mogote SCA, la principal de las firmas de la trama, movió $26827 millones entre 2021 y lo que va de este año en depósitos en efectivo.
. Unifap SA registró en una cuenta de un reconocido banco depósitos por $450 millones entre enero de 2023 y junio de 2024.
. Urkupiña SA controla una tercera cuenta bancaria investigada. Allí, se depositaron 7114 millones entre 2021 y 2024.
Así, en solo tres cuentas, y en dinero en blanco, el holding La Salada procesó $34.391 millones en cuatro años. El dinero en negro es otra historia. Punta Mogote fue fundada en 1983; se dedica, en los papeles de ARCA, al negocio inmobiliario. Aldo Presa es uno de sus administradores, de acuerdo al Boletín Oficial. La redada de este jueves no es la primera en la historia de La Salada, bajo ningún concepto. En 2017, Castillo fue arrestado en su mansión de Open Door en el marco de una causa similar. Allí, le disparó a un policía con una escopeta; la bala astilló su escudo e hirió su ojo derecho. Enrique Antequera fue detenido poco después.
Este jueves, la Policía Federal incautó documentos, con una redada a las oficinas de Punta Mogote SCA, entre otros puntos, así como teléfonos y computadoras que podrán ser peritados. La fiscal del caso, por otra parte, cuenta con otras pruebas. Hay escuchas que complican particularmente a Castillo: las protagonistas son su mujer y su suegra, hoy detenidas. En esas conversaciones, asegura una fuente clave del caso, la pareja de “El Rey de la Salada” habla sin tapujos sobre movimientos de plata.
El caso de la megaferia de ropa ilegal, también, llegó en los últimos tiempos al gobierno de los Estados Unidos, que la considera un nodo de actividad ilícita.
La feria es reseñada en el 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy, un documento elaborado por la Office of the United States Trade Representative, que depende de la oficina presidencial misma. El documento, que es parte de la causa en contra de Castillo y sus cómplices, detalla una serie de focos de piratería a nivel global, desde sitios web como Yify, VK o Libgen hasta otras megaferias como Gamarra Emporium en Lima, Perú o el caso de Ciudad del Este en Paraguay. Figura el barrio de Once, por ejemplo, que según el texto, concentra el 27,7 por ciento de la venta callejera en CABA.
En el caso de La Salada, que cubre más de 20 hectáreas de terreno, las sucesivas redadas “no han reducido significativamente el tamaño del mercado”, que “sostiene la venta y distribución internacional de productos falsificados” fabricados en territorio porteño.
La escalada del dólar también es un factor decisivo. “La depreciación de la moneda de Argentina incrementó el atractivo del mercado para compradores no solo de Argentina, sino también de países vecinos. En 2024, La Salada continuaba atrayendo tours de compra de países como Brasil y Uruguay”, asevera el texto, que fue escrito un año después de que la fiscal Incardona comenzara su investigación.
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