
Pasó más de una década y “Carbón blanco”, uno de los casos narco más importantes de la historia criminal local, todavía impone su magnitud. Carlos Salvatore, el abogado, el cerebro y el condenado a 21 años de prisión que diseñó este complejo sistema para mandar toneladas de cocaína a Europa desde Chaco con éxito, murió hace ya unos cuantos años. Sin embargo, el expediente sigue vivo.
La hija de primer matrimonio del capo, Carla Salvatore D’Ursi, de 42 años, podría ser condenada esta semana en una causa paralela que investiga cómo hizo el clan Salvatore para lavar la enorme cantidad de activos que obtenía del negocio de la cocaína en España y Portugal.
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Este martes será el turno para los alegatos y tal vez se escuche la sentencia del Tribunal Oral Federal de Chaco. Días atrás, cuando le tocó declarar durante el juicio dijo: “Esto es un deja vú, una pesadilla”.
En 2019, la Justicia absolvió a esta licenciada en administración de empresas y martillera pública, pero la apelación del fiscal federal Federico Carniel, que investiga todo Carbón blanco desde el comienzo de la causa, permitió que la Casación revisara el fallo y ordenara reiniciar el expediente.
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Carniel tendrá su revancha judicial: da por probado que la mujer participó del negocio ideado por su padre mediante la compra y venta de autos y viviendas, y que hasta depositó mucho dinero en su cuenta sin justificar los fondos.
Ella, por supuesto, lo niega. Así lo hizo en la última audiencia del juicio. Vestida con un traje ejecutivo color verde agua, por videoconferencia, la mujer, que atravesó este juicio en libertad, retomó la idea de la pesadilla.
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“Es una agonía volver a transitar esto. Yo fui absuelta por este tribunal hace siete años. Miraron todas las pruebas, todas las cajas entregadas. Hubo 39 allanamientos en esta causa. Hubo escuchas de testigos. Más de un año y medio de trabajo. Entonces me sorprende que el fiscal diga actualmente que fue sesgado su accionar (por el fallo original) cuando el resto de los imputados en esta causa fueron condenados entre 7 a 9 años de prisión. Condenados. Y ya terminó su proceso. Y yo estoy acá. Increíble para mí”, se lamentó, en una exposición que superó las dos horas.
Carniel no le cree y la acusa de haber sido cómplice de su padre en el lavado de activos. El delito, según el Código Penal, prevé pena de prisión efectiva que va de 3 a 10 años y una multa de 2 a 10 veces el monto de la operación. En este caso podría ser multimillonaria.
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El martes Carniel pedirá la pena a los jueces subrogantes Fabián Gustavo Cardozo, Manuel Alberto Moreira y Víctor Antonio Alonso. Es de suponer que será la misma que en 2019: cinco años.
Entre las pruebas, el fiscal detalló las maniobras de compra y venta de autos con fondos ilícitos, una Dodge Journey, un Ford EcoSport y un Fiat Palio Adventure en los años que duró el “negocio” de su padre, de 2005 a 2012, al menos.
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También la adquisición y venta de propiedades. Se le imputa la compra y posterior venta de varios inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata con fondos de origen ilícito.
Eso incluye su participación en la comercialización de bienes raíces a través de Salcroi SRL del Grupo Salvatore. Carniel presentó contratos de reserva y locación y facturas que respaldan esta acusación.
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Carla dice que eso es imposible y, para intentar demostrar cierta distancia respecto de su padre, relató que perdió todo vínculo de niña. “Yo desde el año 2000, desde los nueve años, hasta el 2006, no tuve contacto con mi papá. Mi madre le hizo un juicio de alimentos y le gana, y recibo un departamento en la calle Pueyrredón de la Capital Federal, a cuadras de la facultad donde me recibí. Me lo entrega en una escribanía por un acto sin mediar contacto físico con él”, contó, aunque luego explicó que se reencontró de adulta.

La asociación ilícita para lavar activos estaba integrada por la última esposa del jefe, Silvia Susana Vallés Paradiso, por el padre de ella, Santiago Vallés Ferrer, y por Ricardo Gassan Saba, socio de Salvatore. Todos ellos fueron condenados en 2019 a siete, siete y medio y nueve años de prisión, respectivamente. La única que fue absuelta fue Carla.
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Con lo que juntó de la venta de cocaína en Europa, Carlos Salvatore desplegó sociedades aparentemente legales que manejaban los otros imputados con el fin de lavar el resto de la plata. Algunos de esos bienes los administraba Carla; concretamente, decenas de departamentos en CABA y en Mar del Plata. De eso está convencido el fiscal.
Para Carniel ella sabía lo que hacía su padre y no logró explicar en el juicio todos los movimientos administrativos que hizo. Los jueces del Tribunal que la juzgó en 2019 la absolvieron porque consideraron que el patrimonio estaba justificado en su actividad comercial, que es la intermediación inmobiliaria y que no se pudo acreditar una conexión y las maniobras de lavado de activos de “Grupo Salvatore”.
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Cuando lo condenó a Carlos Salvatore, la Justicia consideró que él ocupaba el rol central en las sociedades pantalla, pero que designaba personas de su círculo íntimo para administrarlas: desde construir edificios hasta hacer producciones para cine o inventar una fundación para personas en tratamientos de salud.
Aquella vez, en 2019, después de ser absuelta, Carla Salvatore hizo una fiesta en su casa. La llamó Justice Party. Dos años más tarde, internado en un hospital con un policía de consigna, murió Carlos, su padre.
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