Violó y prostituyó a tres mujeres a las que engañó con ofertas de trabajo como modelos: lo condenaron a 25 años de cárcel

Un hombre identificado como Fredy Junior Arturo Zea Ricardo fue condenado a 25 años de prisión por haber captado, abusado sexualmente y prostituido a tres mujeres a quienes engañó con falsas ofertas laborales. Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2020 en departamentos del barrio porteño de Retiro. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), una de las víctimas se suicidó antes de que el imputado fuera detenido. El caso quedó registrado como la primera condena en el país por trata de personas con fines de explotación sexual a través de medios digitales.

El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires. Zea Ricardo, de 38 años, fue hallado culpable por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en concurso real con abuso sexual agravado reiterado. El fallo coincidió en lo sustancial con el pedido del MPF, que en su alegato había solicitado una pena de 27 años. La jueza María Gabriela López Iñiguez y sus colegas Guillermo Costabel y Luciano Gorini impusieron una condena algo inferior y ordenaron embargos, decomisos y la investigación de posibles cómplices.

El caso se originó a partir de la denuncia de una de las víctimas, quien escapó del cautiverio el 19 de febrero de 2018. En esa oportunidad, al encontrar en la calle a personal policial, la joven relató que Zea Ricardo la había retenido contra su voluntad y que la explotaba sexualmente. El imputado fue interceptado por los agentes y se constató que tenía en su poder el teléfono y la cartera de la denunciante. Posteriormente, se abrió una causa que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, con intervención de la Fiscalía Federal N°6.

A esta investigación se sumó otra iniciada en septiembre de 2020, cuando otra víctima, identificada como M.S., logró escapar de un departamento en avenida Santa Fe al 800, también en Retiro. La joven fue rescatada por integrantes de la Asociación Civil Madres y Víctimas de Trata. Tras ese episodio, la causa tramitó por conexidad junto con el expediente anterior. Más adelante, una tercera mujer se presentó espontáneamente ante la Justicia luego de reconocer al imputado en medios de comunicación y se constituyó como querellante.

El MPF, representado por Abel Córdoba y la auxiliar fiscal María Laura Grigera, indicó que Zea Ricardo captaba a las víctimas mediante engaños. En dos casos, utilizó anuncios publicados en un diario donde ofrecía trabajos de modelaje o campañas de lencería. En otro, abordó a la víctima en un boliche del sur del conurbano y le prometió un empleo como promotora. Luego de ese contacto inicial, las trasladaba a distintos departamentos de Retiro, donde las mantenía bajo control, las forzaba a prostituirse y se quedaba con el dinero generado.

Durante el juicio, se comprobó que las tres mujeres sufrieron abusos físicos, psicológicos y sexuales. Las víctimas relataron que eran sometidas a relaciones sexuales con terceros y también con el propio acusado. Además, declararon que recibían amenazas, golpes, humillaciones y que el imputado controlaba sus movimientos. A M.S., por ejemplo, le permitía dormir apenas cinco horas por día y le daba solo media hora para comer. Le hacía creer que formaban una sociedad y que obtendría ganancias, aunque solo le entregaba sumas mínimas de dinero.

En el contexto de las restricciones de circulación durante la pandemia de COVID-19, Zea Ricardo modificó el esquema de explotación. De acuerdo con la acusación fiscal, forzó a una de las víctimas a exhibirse sexualmente frente a una cámara conectada a sitios de contenido pago como Chaturbate y Strip Chat. El MPF calificó esta modalidad como “aún más cruel y tortuosa” por la exposición constante, la ausencia de descanso y la obligación de aprender códigos y prácticas que la joven desconocía.

En el transcurso de la investigación, M.S. se quitó la vida. La joven había logrado escapar del cautiverio, pero, tras estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico por los traumas sufridos, tomó esa decisión el 15 de diciembre de 2021, antes de que el imputado fuera detenido.

Durante el debate oral se exhibieron los videos de las Cámaras Gesell de las otras dos víctimas, mientras que el testimonio de M.S. fue incorporado a través de informes del Programa Nacional de Rescate y textos escritos por ella misma.

El juicio oral comenzó el 4 de octubre del año pasado. En total, declararon 21 testigos a lo largo de diez audiencias. La fiscalía destacó el uso sistemático de la violencia, el suministro de drogas, la privación de descanso y alimento, y las amenazas contra las víctimas y sus familiares. También señaló la existencia de una estructura delictiva aún no desmantelada. Las declaraciones de las mujeres revelaron que otras personas colaboraban con Zea Ricardo en tareas de vigilancia y control.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó una serie de medidas complementarias. Entre ellas, dispuso el embargo de un inmueble ubicado en la localidad bonaerense de Ezpeleta, perteneciente al padre del acusado, que fue utilizado como base de operaciones digitales y como refugio para evitar la detención.

También se ordenó el decomiso de una cuenta bancaria a nombre de Zea Ricardo y de $46.000 encontrados durante un allanamiento. Asimismo, se extrajeron testimonios para investigar a otros posibles involucrados y se ordenó registrar el perfil genético del condenado en la base de datos nacional vinculada a delitos contra la integridad sexual.

Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 15 de mayo. Mientras tanto, Zea Ricardo permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.