En las últimas horas, cayó en Oberá, Misiones, un abogado acusado de integrar la banda que reclutaba menores para su explotación sexual de la que era parte Marcelo Corazza, quien se encuentra detenido.
Según le indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae, del operativo para detener al hombre de 32 años participaron efectivos de la División Delitos contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la fuerza de seguridad porteña, junto con Gendarmería Nacional Argentina. Al abogado lo encontraron en su domicilio, ubicado en Neuquén al 300, de la mencionada ciudad misionera.
Es el sexto detenido por esta causa. Muchas de las víctimas de esta red delictiva, que se dedicaba a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual, fueron captadas en Misiones y trasladadas a Buenos Aires y otras regiones del país con promesas de trabajo o mejor calidad de vida.
La investigación, que desarticuló la red de trata de la que Corazza está acusado de ser parte, comenzó el 24 de octubre de 2022, luego de que un testigo de identidad reservada denunciara ante la Protex que había sido abusado sexualmente cuando tenía entre 11 y 13 años.
Con el correr de la investigación, fueron detenidos, además de Corazza, Francisco Rolando Angelotti, Leandro Aguiar, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. El primero de ellos, señalado como el jefe de la banda, fue procesado por asociación ilícita y trata de personas agravada; a Aguiar se le imputa haber montado junto a otras personas una estructura destinada a reclutar menores en situación de vulnerabilidad; Charpenet y Mermet fueron procesados como coautores de los delitos de asociación ilícita y trata de personas agravada por la cantidad de víctimas, perpetrados contra menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, en concurso real.

Ya con todos ellos detenidos y con el material que se les secuestró analizado, el juez Ariel Lijo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, ordenó el año pasado investigar a otro posible integrante de la banda: el abogado que cayó en las últimas horas en Oberá.
En junio del año pasado, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 elevó a juicio la causa contra Marcelo Corazza por explotación sexual de menores y dispuso su inmediata detención. Fue el segundo encierro tras las rejas para quien ganara la primera edición del reality show televisivo Gran Hermano, en 2001.
Fue en respuesta al requerimiento del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Carlos Rívolo, y la fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, quienes presentaron a la solicitud acusándolo de integrar una organización que reclutaba menores para su explotación sexual.

En este marco, el juez Lijo resolvió la ampliación del procesamiento con prisión preventiva de Corazza por la autoría de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas, modificando la calificación legal del suceso imputado. Además, se revocó la decisión de que el pronunciamiento fuera sin prisión preventiva y se ordenó su detención.
El ex GH había sido detenido la primera vez el 20 de marzo del 2023, acusado de haberse encontrado en el año 2001 con un menor de 14 años en su vehículo para luego masturbarse delante de él. Es decir, corromperlo sexualmente. Sin embargo, en octubre recuperó la libertad, más allá de que continuó siendo investigado y teniendo que respetar medidas cautelares, incluyendo el uso de tobillera electrónica.
Para los representantes del Ministerio Público, de la información obtenida en la instrucción del caso surge “indubitablemente” que los imputados conformaron una organización criminal destinada a reclutar varones, en su mayoría menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad, con el fin de forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución.

Las maniobras habrían tenido lugar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones, al menos, desde 1999 hasta marzo de 2023.
A raíz de los dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos de los domicilios de los imputados, los investigadores constataron que los adultos almacenaban imágenes y videos de contenido sexual de los menores y que compartían con ellos imágenes de abuso sexual infantil, hecho que también les fue formalmente imputado.
Los abusos y sometimientos sexuales fueron relatados por 10 víctimas, pese a que tres de ellas fueron intimidadas por uno de los miembros de la organización criminal -Aguiar- con el claro propósito de evitar que testifiquen contra Angelotti y el resto de los acusados.
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