La fiscalía de Delitos Complejos de La Plata solicitó la elevación a juicio oral de la causa en la que están imputados Julio “Chocolate” Rigau, el ex subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el ex concejal platense Facundo Albini. Todos ellos están acusados de llevar a cabo una maniobra de defraudación con fondos públicos y asociación ilícita en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
El caso se inició el 9 de septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero automático del Banco Provincia, ubicado en la esquina de las calles 7 y 54 de La Plata. En ese momento tenía en su poder 49 tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados de la Legislatura bonaerense, junto a 1.260.000 pesos en efectivo. Según consta en el acta policial, Rigau permaneció aproximadamente 20 minutos extrayendo dinero de forma consecutiva en los cajeros del banco. Su actividad fue advertida por un testigo presencial, quien dio aviso a la policía, lo que derivó en su detención en el lugar.
El caso adquirió notoriedad pública por la dimensión de la maniobra y por el carácter de los implicados. Rigau, identificado como puntero político del peronismo en La Plata, se encuentra detenido desde esa fecha, con una breve excarcelación en octubre del año pasado, pero volvió a ser apresado. Actualmente, cumple prisión preventiva, medida que fue confirmada por el juez de Garantías Guillermo Atencio, aunque su defensa logró un fallo favorable en Casación que habilitó el cumplimiento de forma domiciliaria, beneficio que finalmente no se efectivizó.
Por la misma causa, permanecen detenidos Claudio y Facundo Albini, acusados también de integrar una presunta asociación ilícita, destinada a sustraer fondos públicos mediante el uso fraudulento de los haberes de trabajadores “fantasma” de la Legislatura provincial. En febrero de este año, la Cámara de Apelaciones de La Plata revocó el beneficio de prisión domiciliaria que había sido solicitado por sus defensores, quienes argumentaron la edad de Claudio Albini y la situación familiar de su hijo Facundo. Sin embargo, el beneficio no llegó a concretarse debido a la falta de disponibilidad de pulseras electrónicas.
El avance de la investigación permitió reconstruir el entramado detrás de las extracciones. A partir del peritaje de los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa, los investigadores hallaron mensajes de WhatsApp que vinculan directamente a Rigau con Claudio y Facundo Albini. En el dispositivo de Albini padre, quien se desempeñaba como funcionario en la Cámara de Diputados bonaerense, se hallaron conversaciones que describen el mecanismo de recaudación. Según esos intercambios, Rigau recibía 200.000 pesos por mes por encargarse de retirar el dinero de las cuentas bancarias de casi medio centenar de empleados registrados como trabajadores de la Legislatura. Parte de esos fondos era entregada a los Albini, quienes oficiaban como superiores jerárquicos en el esquema.
El material probatorio incluye además las grabaciones de las cámaras de seguridad del Banco Provincia, en las que se observa a Rigau utilizando una a una las tarjetas para realizar extracciones de 30.000 pesos por vez. Las imágenes corroboran el relato del testigo que alertó a la Policía.
Según el expediente, los fondos retirados correspondían a salarios de empleados que no cumplían funciones reales, conocidos como “ñoquis”. La Fiscalía sostiene que se trataba de una operatoria sistemática y prolongada en el tiempo, lo que constituye indicios de una estructura organizada para defraudar al Estado.
La causa está caratulada como “asociación ilícita en concurso real con defraudación a la administración pública”, y se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial La Plata. El pedido de elevación a juicio deberá ahora ser analizado por el juez de garantías interviniente, quien evaluará si existen elementos suficientes para avanzar a la instancia oral.
El caso ha generado repercusiones dentro del ámbito político provincial, dado que los fondos involucrados provienen del presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y los acusados ocupaban cargos vinculados a la gestión del personal legislativo.
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Se trata de una decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense y a pedido del fiscal del caso. Se da luego del escandaloso uso de celulares para ordenar y dirigir robos desde sus celdas
