Un megaoperativo tuvo lugar durante la madrugada en la calle Avellaneda de Flores, Ciudad de Buenos Aires. La intervención abarcó 32 manzanas, donde se concretó el desalojo de más de 5.000 manteros. Hasta el momento no hay ningún detenido.
Fuentes policiales informaron a Infobae que el operativo incluyó 50 allanamientos en depósitos con mercadería ilegal y alimentos en mal estado, con la participación de más de 550 inspectores, operarios y efectivos policiales de distintas divisiones. Intervinieron la Superintendencia de Investigaciones, los ministerios de Seguridad y Espacio Público, la Agencia Gubernamental de Control, Tránsito y la Dirección Nacional de Migraciones.
El despliegue comenzó a las 2 de la madrugada de este viernes en las intersecciones de Nazca y Avellaneda, Bogotá y Campana, Cuenca y Avellaneda, y Helguera y Venancio Flores. “Salió bien, sacamos a todos los manteros”, confirmaron las fuentes a este medio.
Infobae estuvo presente en uno de los edificios allanados esta mañana, del cual provienen las fotografías. En el lugar se incautó mercadería -perteneciente a manteros- valuada en 10 millones de pesos.
De acuerdo con lo informado por el GCBA, existen denuncias por trabajo clandestino y trata de personas en talleres textiles de la zona. “Los vecinos y los comerciantes del barrio vienen reclamando porque están obligados a convivir con el descontrol en calles y competencia desleal”, agregaron desde el gobierno porteño.
Permanecen cerradas nueve manzanas. Los vallados son en: Nazca, entre Aranguren y Venancio Flores; Venancio Flores, entre Campana y Nazca; Bogotá, entre Campana y Nazca; Argerich y Avellaneda; y Aranguren, entre Argerich y Nazca.
“Vamos a mantener presencia policial permanente. Van a estar circulando, garantizando la seguridad que hace falta. Así que tenemos esa tranquilidad”, aseguró esta mañana Jorge Macri, jefe de gobierno porteño.
Si bien precisó que no hay ningún detenido, advirtió que hay “muchas investigaciones en marcha”. En diálogo con la prensa, señaló: “Muchas de estas cosas tienen que ver con el apoyo y el compromiso de los propios vecinos, que te van acercando información, que hacen las denuncias, que describen la problemática que tienen para poder trabajar”.
“Que quede claro: la venta callejera es ilegal porque genera una competencia desleal con los comerciantes que pagan impuestos y pone en peligro a la gente al ofrecer alimentos sin ningún tipo de control. Estamos enfrentando a grupos organizados de comercio ilegal y vamos a seguir trabajando para mantener el orden en la Ciudad”, agregó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Intervienen el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, a cargo de Rocío López Di Muro, y la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Celsa Ramírez.
El año pasado se realizaron desalojos en Peretti, en Retiro; en el Aeroparque Jorge Newbery, los parques Patricios y Centenario, las plazas de Mayo, Lavalle y Constitución, la peatonal Florida, las veredas del Congreso y las veredas y calles de Once.
En el caso de este último barrio, el foco fueron los depósitos de los manteros ubicados en calles y avenidas como Corrientes, Rivadavia y Pasteur. Se desplegaron, según fuentes del Ministerio de Seguridad, 500 efectivos en 197 puntos, tras una investigación a cargo del fiscal Federico Tropea.
“Hicimos 197 allanamientos en 23 parcelas, la cantidad de mercadería secuestrada todavía no está acreditada. Esta investigación es integral, tiene que ver no solo con lo que se secuestra sino con lo que están viendo, un despliegue con el que venimos a restablecer el orden público”, aseguró el ministro Waldo Wolff en ese momento.
Y continuó: “Lo hicimos para llevar el criterio de la ciudadanía. Asumimos en diciembre en una ciudad donde había cortes. Sacamos los cortes, las ranchadas. Eso requiere un montón de policía nueva en la calle que antes no se usaba para eso”.
En tanto, en el Parque Centenario, ubicado en Caballito, fueron desalojados más de 2.000 manteros que ocupaban el espacio. El despliegue involucró a más de cien inspectores, operarios y efectivos de la Policía de la Ciudad, en respuesta a las quejas de los vecinos y comerciantes registrados que veían afectada la convivencia.
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