La Justicia de La Plata hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en donde detallaban las condiciones inhumanas de detención que padecían los reclusos de la Comisaría Octava, de Villa Elvira. Por tal motivo ordenó la clausura de los calabozos. En el escrito mencionaban que los detenidos vivían en hacinamiento extremo, no tenían acceso a agua potable e indicaban la presencia de roedores, entre otras situaciones.
En el relevamiento elaborado por la CPMm que tuvo su origen en una denuncia presentada por los familiares de los detenidos, revelaron que entre 40 y 45 personas permanecían alojadas en un espacio de apenas 16 metros cuadrados, cuando su capacidad máxima era de tres personas. Además, en el mismo lugar se constató la inexistencia de ventilación y el acceso restringido a baños, lo que generaba una situación de insalubridad extrema.
La falta de acceso al agua potable se debía a que el suministro dependía exclusivamente del personal policial y de los familiares de los detenidos, quienes debían llevar botellas para garantizar la hidratación de sus allegados, explicó el portal 0221.com.ar. El informe también hablaba de la presencia de ratas y otros roedores en los calabozos, motivo por el cual los detenidos se veían obligados a envolver sus alimentos en bolsas y colgarlos para evitar la contaminación y la proliferación de enfermedades.
El argumento que se conoció de parte de fuentes allegadas al Ministerio de Seguridad provincial, al portal El Editor Platense, hacía mención a la “cantidad de presos que vienen aprehendiendo” por lo que el espacio se ve reducido.
Otro de los aspectos que resaltó tenía que ver con el trato ejercido hacia los detenidos. Según detalló 0221.com.ar, durante las visitas, la mitad de los internos eran trasladados temporalmente a otras celdas para luego ser reubicados en el mismo espacio reducido. En muchos casos, el hacinamiento era tan extremo que algunos detenidos se veían obligados a dormir de pie, mientras que otros lo hacían directamente sobre el piso de cemento, sin colchones ni mantas.
Los detenidos tampoco tenían atención médica básica, es decir, no contaban con los controles regulares ni recibían los medicamentos necesarios, incluso en casos de enfermedades crónicas o dolencias urgentes.
A partir de esta denuncia que llevó a la Justicia a tomar cartas en el asunto, y en el marco de la protección dentro de la cárcel cuando se agravan las condiciones de encierro, los detenidos fueron trasladados a otros establecimientos habilitados y se abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades de los funcionarios policiales. La resolución fue dictada por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, quien también ordenó investigar la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios policiales responsables de la dependencia.
Además, el magistrado dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires presente, en un plazo de 15 días, un plan de reparación integral del edificio ubicado en 7 y 74, en Villa Elvira. Este plan deberá garantizar que la comisaría cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad y respeto a los derechos humanos antes de volver a alojar detenidos en sus instalaciones.
Parte de las funciones que lleva a cabo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) —organismo autónomo de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires— es promover políticas y controlar las condiciones de detención en el sistema penitenciario actual. Esto implica realizar inspecciones en cárceles, comisarías e institutos de menores para denunciar violaciones de derechos humanos y condiciones inhumanas de detención, como ocurrió en el caso de la Comisaría Octava de La Plata. Dichas tareas son ejercidas por referentes de derechos humanos, académicos y activistas, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales.
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