Procesaron a un ex oficial del Ejército por tres causas de abuso sexual y maltrato en Concordia

Un ex Teniente Primero del Regimiento de Caballería Tanque 6 “Blandengues” del Ejército Argentino, situado en Concordia, Entre Ríos, identificado como J.C.A., fue procesado por la Justicia tras ser acusado de haber cometido tres casos de abuso sexual y maltrato en contra de una subalterna. Como consecuencia del dictamen, el acusado fue expulsado de la fuerza federal y deberá pagar un embargo millonario, tras constatarse la existencia de varias pruebas en su contra.

El procesamiento fue confirmado por la jueza federal Analía Ramponi este viernes, luego de que le atribuyeran cargos por tres casos de abuso sexual simple consumados, uno en grado de tentativa y otro por maltratos a una integrante de la fuerza.

La denuncia fue presentada por una joven que, en el momento de los hechos, se encontraba bajo el mando del ex oficial, donde este desempeñaba funciones como encargado de la Banda Militar. La identidad de la víctima se mantiene en reserva para proteger su privacidad, pero su testimonio fue clave para iniciar la investigación que derivó en el procesamiento del acusado.

De acuerdo a la información proporcionada por El Once, la causa se tramita en la Secretaría Penal del Tribunal. En el marco de la investigación, diversas autoridades y personal del Ejército brindaron declaraciones que resultaron fundamentales para consolidar las pruebas en contra del ex Teniente Primero.

Condenaron a un teniente del Ejército por abuso sexual en Corrientes

Además de la causa iniciada en contra del ex oficial del Ejército, en esta semana, se conoció la sentencia en contra de otro ex Teniente Primero del Batallón Monte 12, ubicado en Goya, Corrientes. Luego de que fuera denunciado por una subordinada de la fuerza, el Tribunal Oral Criminal Federal de Corrientes lo declaró culpable por unanimidad, por lo que deberá cumplir una condena de 10 años en prisión.

El hecho ocurrió en julio de 2023, cuando la víctima fue atacada por el ex oficial Pedro Roberto Trogliero mientras dormía en su habitación, ubicado en el Casino de Oficiales de ese Batallón del Ejército. De acuerdo a la declaración que brindó la víctima al radicar la denuncia, esa madrugada se despertó desnuda en su habitación con un hombre encima que la estaba abusando. La situación la paralizó hasta que logró preguntarle quién era.

Siempre de acuerdo a dicha acta, Trogliero se identificó con su nombre, y eso le permitió a la víctima reconocerlo. Tras echarlo del dormitorio, el acusado le envió un mensaje invitándola a pasar a su cuarto. La mujer también dio cuenta de que varios suboficiales de la unidad militar le habían alertado antes sobre el imputado, ya que había tenido un conflicto con otra camarada de la fuerza y había sufrido un arresto por tocar mujeres en un boliche.

Por este motivo, el fiscal a cargo del caso, Carlos Schaefer, y la fiscal auxiliar Tamara Pourcel consideraron que el acusado vulneró los derechos de la víctima, en tanto significó para ella un sometimiento y una humillación ligada a una relación asimétrica con el agresor. Además, señaló que el ilícito comprometió “a las instituciones del propio Estado Nacional, el cual es el encargado de velar por el respeto de los derechos humanos de las mujeres en función de todos los compromisos internacionales”.

De la misma manera, indicaron que los elementos de prueba recogidos durante el debate oral llegaron a acreditar tanto el hecho como la responsabilidad del acusado, jerárquicamente superior a la damnificada dentro del escalafón militar. Asimismo, remarcaron que era un signo de evidencia que la víctima detallara con precisión las circunstancias de tiempo y lugar del episodio y que existía a su favor una pericia psicológica que revelaba síntomas compatibles con una “experiencia traumática de contenido sexual”.

Fue así como los fiscales solicitaron que una pena de 10 años en prisión y que el caso fuera considerado un acto discriminatorio y de violencia de género, en línea con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, de aplicación a nivel nacional. Solicitaron también una batería de diligencias con el fin de “evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse”.