Tras meses de análisis de documentos y peritajes, ahora la fiscal porteña Mariela De Minicis quiere escuchar las explicaciones de los siete imputados por el fatal derrumbe en el barrio de Caballito, incidente por el que murieron los hermanos Ramón Acuña (77) y Nélida Acuña (81), y que dejó a 13 familias sin casa. Aunque no están detenidos y algunos siguen trabajando en el rubro, su situación ante la Justicia es complicada: dentro del expediente hay pruebas firmes en su contra.
Arquitectos y los dueños de la empresa desarrolladora MAB Inversiones S.R.L. deberán presentarse el viernes 20 de diciembre ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad. Después del desplome en avenida Pedro Goyena 555 -la construcción se llevaba adelante en el lote lindero, altura 551- la firma dejó de operar, pero sus titulares Yanina Natalia Cueto, Fernando José Cueto y Jorge Ezequiel Cueto permanecerían activos en el rubro dentro de otra compañía que levanta edificios en CABA desde 2022.
Fuentes judiciales confiaron a Infobae que “el resultado de las pericias respaldó la hipótesis de la fiscalía”, que acusa a los siete imputados de “estrago culposo”, un delito por el que podrían recibir penas de hasta cinco años.
Las pruebas que se reunieron durante la investigación -que permanece abierta- apuntan a que “hubo irregularidades varias y negligencia” durante la obra. Hay grados de responsabilidad entre los implicados que recién se definirán una vez que se tomen las declaraciones.
Existen múltiples factores bajo análisis en la causa. Uno de los principales es la excavación, etapa que habría desatado el desastre. Los planos preveían una profundidad de 5,7 metros para construir dos niveles de subsuelo. ¿Cavaron más de lo permitido? ¿Respetaron las normas y protocolos previstos? Son dos de las preguntas centrales que intenta resolver la fiscal De Minicis.
13 familias sin hogar y sin árbol de Navidad
En paralelo, los damnificados siguen esperando por la reconstrucción del PH de Pedro Goyena al 555 y reclaman que, al menos, el Gobierno de la Ciudad les permita ingresar a sus hogares para sacar pertenencias que hasta hoy no pudieron recuperar.
“Puede parecer menor o simbólico, pero ninguna familia tiene su árbol de Navidad”, lamentó en diálogo con Infobae la propietaria de la unidad 13, Elisa Muñoz. Según contó, los vecinos “psicológicamente están cada vez peor” y “se sienten muy solos”, porque el tiempo pasa y las soluciones no aparecen.
El Ejecutivo porteño no permite el acceso por cuestiones de seguridad. Habían construido una pasarela que permitió el acceso en cuatro oportunidades, pero desde junio hasta hoy hubo tormentas que podrían haber cambiado las condiciones del suelo.
Mientras tanto, las familias temen que el abandono destruya las casas que no fueron dañadas pese al derrumbe. Hasta ahora, según denuncian los damnificados, MAB Inversiones S.R.L. no presentó un plan de reconstrucción: “Ellos dijeron que tenían a voluntad de reconstruir y nada de eso sucedió”, explicó Muñoz.
Las refacciones implican volver a hacer el pasillo que conecta las unidades del PH y que da a la entrada principal del lote. Solo con eso ya estarían en condiciones de regresar a sus casas, que en términos generales son habitables.
La vecina insistió con que en esa puja es necesaria la intervención del Gobierno, que aunque participó con asistencias primarias -como ropa, medicamentos y beneficios impositivos- desde el inicio del conflicto, también catalogó el hecho como “un conflicto entre privados”: “Hay una asimetría descomunal entre nosotros y la empresa. De un día para otro dejar de tener tu casa es muy traumático, sobre todo con una situación ajena a nosotros”, continuó Muñoz.
La empresa se está haciendo cargo del pago de alquileres para todas las familias, pero entre las víctimas hay una fuerte incertidumbre de cara al futuro, sobre todo si la causa judicial avanza desfavorablemente para los imputados.
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