La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió este jueves por la tarde suspender preventivamente a Gustavo Guazzaroni, el secretario del juez federal Marcelo Bailaque. Ambos se encuentran sospechados en una causa judicial impulsada por la Procelac, la Procunar y el Distrito Rosario del Ministerio Público Fiscal por haber participado en presuntas maniobras de corrupción con empleados de la ex Afip, Aduana y un estudio jurídico-contable de renombre en legajos por delitos tributarios.
La medida fue notificada en la tarde de este jueves al empleado judicial “ante la mera posibilidad de que haya cometido un delito”, ya que todavía no se conoce públicamente la investigación de los fiscales Juan Agustín Argibay Molina, de la Procelac; Matías Scilabra, de la Procunar; y Federico Reynares Solari, del MPF de Rosario.
“Fue en uso de facultades administrativas de la superintendencia”, comentó a Infobae una alta fuente judicial, que precisó que la medida será hasta que el conjunto de fiscales formalice los cargos en una audiencia, que podría ser dentro de los próximos 15 días.
Como la Cámara Federal no tiene facultades sobre el juez Marcelo Bailaque, solamente informó la situación ante el Consejo de la Magistratura, donde, en paralelo, actualmente tiene un proceso por supuestamente haber demorado medidas en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, enemigo histórico de Los Monos en Rosario.
En el juicio provincial en el que Alvarado fue condenado en 2022 a prisión perpetua por instigar el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, maniobras de lavado, balaceras y amenazas, los fiscales santafesinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron tras el veredicto remitir copia de la información ventilada en el debate oral y pública al Consejo de la Magistratura para que evalúe si el juez federal que había tenido intervención en el legajo había cometido alguna irregularidad.
Dicha petición de Schiappa Pietra y Edery es porque hubo testimonios -entre ellos, el del por entonces jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Rosario Emilio Maximiliano Lencina- que indicaron que Bailaque había rechazado solicitudes de intervenciones telefónicas que databan de 2013, cuando se había empezado a investigarlo por transporte y venta de droga.
El juez federal finalmente intervino en una causa federal por narcotráfico contra Alvarado, pero fue recién en 2019 y por un cargamento que había sido secuestrado en Río Negro en 2017, en un operativo en el que terminaron condenadas cuatro personas relacionadas con el capo narco que actualmente está preso en Ezeiza.
Bailaque, además, fue denunciado penalmente en agosto pasado por la diputada provincial Lionella Cattalini, quien pidió que sea investigado por haber tenido de contador personal a Gabriel Mizzau, quien también había firmado balances de empresas relacionadas con Alvarado. A eso se suma que el hijo de Mizzau fue empleado del juez desde 2017 hasta hace pocos meses, cuando pasó al Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario.
En los procedimientos que hizo este jueves Gendarmería también se incautó el celular de Carlos Andrés Vaudagna, de la dirección Regional Santa Fe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero –quien en 2022 recibió una probation de la Justicia santafesina por un desprendimiento de la causa por estafa contra Vicentin–.
También se secuestraron los teléfonos de Fernando Duncan Amante, Luciano Martín Giunta y Pablo Andrés Allegri –hasta finales de junio, vicepresidente de Newell’s–, de la dirección Regional Rosario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero; de Román Scattolon, de la dirección General Aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero; y del abogado y contador Omar Rizzo.
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