En las últimas horas, la jueza Cristina Pozzer Ponzo encomendó a Gendarmería Nacional buscar registros sobre los movimientos y comunicaciones de los efectivos de la Policía de Corrientes, que prestaban servicio en la comisaría de 9 de Julio el 13 de junio, cuando Loan Peña fue visto por última vez. Aunque se llevaron 39 legajos, entre ellos el del comisario Walter Maciel, hoy preso por encubrimiento, en ese punto, los gendarmes volvieron con las manos vacías.
Fuentes del caso indicaron a Infobae que esos registros no existen por la falta de tecnología de los recursos de la fuerza de seguridad provincial. En ese punto del mapa, no cuentan con central del 911 ni frecuencia cerrada, por lo que no existen grabaciones de las conversaciones que mantuvieron. Al mismo tiempo, los móviles no tienen sistema de geolocalización. Imposible, de esta manera, conocer su ubicación durante las horas de interés: antes, durante y después de la desaparición.
“Hay que dar gracias que los patrulleros tiene cuatro ruedas”, dijeron investigadores del caso, con obvia ironía, para ilustrar la situación de la policía local. De esta manera, se abre una nueva incógnita que no podrá resolverse en la investigación.
Ayer miércoles, Gendarmería Nacional llegó con un oficio judicial a la jefatura de la Policía de Corrientes para retirar los legajos de Maciel, detenido e imputado por encubrimiento en el marco de la investigación por la desaparición de Loan, y los otros 38 policías de la comisaría de 9 de Julio.
Fuentes oficiales le informaron a Infobae que, si bien el pedido inicial era por Maciel y otros dos efectivos que trabajaron en la búsqueda del nene de 5 años desaparecido el 13 de junio pasado, desde la jefatura de Policía les ofrecieron todos los legajos.
La sospecha tuvo otras repercusiones: la fuerza provincial fue corrida de la investigación el viernes pasado por la jueza federal de Goya, con tareas investigativas hoy a cargo de la PFA.
En paralelo, la División de Pericias Informáticas y Electrónicas de la Policía Federal Argentina comenzó hace dos días a peritar los celulares incautados a los acusados y a figuras del expediente como Laudelina Peña. Los análisis se hacen en el edificio ubicado en la calle Azopardo al 600, en el barrio de San Telmo, de la Ciudad de Buenos Aires.
Allí, 20 peritos de distintas fuerzas de seguridad trabajan para encontrar pruebas que permitan esclarecer el caso en los contenidos de los celulares de los acusados.
Los expertos, que integran el CICAT, el Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad de la Nación -donde convergen los analistas de las fuerzas federales- lograron abrir al menos 17 aparatos con el sistema UFED Premium de la firma de tecnología forense Cellebrite.
Según la ministra Patricia Bullrich, se encontraron evidencias de borrado, pero la jefa de la cartera de Seguridad no especificó si esos borrados corresponden al período posterior a a la desaparición de Loan.
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