Indagarán a dos jefes penitenciarios que fueron acusados de operar con una banda narco desde la cárcel de San Luis

El Juzgado Federal de San Luis indagará a dos jefes del Servicio Penitenciario y a diez presos que fueron acusados de formar parte de una banda narco que operaba desde la cárcel y se encargaba de transportar y comercializar estupefacientes en la provincia. Los imputados deberán presentarse ante la Justicia durante las primeras horas del miércoles.

A raíz de un pedido del fiscal del mismo fuero Cristián Rachid, el juez Juan Esteban Maqueda ordenó la realización del proceso en el marco de una investigación en contra de los detenidos que fueron imputados por los delitos de “transporte agravado de estupefacientes, cohecho activo y pasivo, y lavada de activos de origen delictivo”, entre otros.

La detención de los dos jefes penitenciarios, identificados como Jorge Orozco y Mario Ojeda, quienes ocupaban los cargos de director y subdirector en la Unidad N° 1 del Complejo Penitenciario de San Luis, se efectuó el miércoles de la semana pasada.

Entre los demás implicados en la causa, un detenido en ese penal llamado Rafael Churquina fue señalado como el presunto organizador y financista de la organización delictiva, mientras que otras ocho personas fueron acusadas de ser partícipes necesarios para la concreción del delito, según la información que fue obtenida por Télam.

De acuerdo con la investigación realizada por la Justicia, Churquina cumplía el rol del líder de la organización, pese a que se encontraba privado de la libertad, ya que habrían encontrado pruebas en su contra que demostrarían que se encargaba de los traslados de los cargamentos desde Bolivia a San Luis y Córdoba.

De la misma manera, las autoridades establecieron que la organización narcocriminal se abastecía con productos que retiraban del país trasandino, el cual lograban ingresar al territorio nacional al burlar los controles del paso entre Villazón y La Quiaca. De ahí, se dividía el cargamento en dirección a Villa Mercedes, Córdoba, y la capital de San Luis. Todo esto, con el respaldo que le ofrecían Orozco y Ojeda.

Asimismo, Chuquina y otro preso identificado por las iniciales D.B, quien también habría ocupado el rol de financista, figuraron como los presuntos autores de hechos de lavado de activos, junto a otros cuatro imputados, y cohecho activo, mientras que en el caso de los representantes del Servicio Penitenciario fueron imputados por los delitos de “abuso de autoridad y cohecho pasivo”, debido a los roles de poder que ocupaban dentro de la cárcel.

La causa se inició el 31 de agosto pasado, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a una persona que cargaba consigo un bolso con más de 5 kilogramos de cocaína que tenían por destino la ciudad cordobesa. Luego de que el sospechoso fuera detenido, se ordenaron cinco allanamientos en el que se detuvieron a otros cuatro miembros de la banda

Como resultado de los procedimientos, la PSA secuestró un botín compuesto por cargamentos de cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos, grandes sumas de dinero en efectivo y otra serie de elementos que serían esenciales para la investigación. Al mismo tiempo, se allanó la celda de Chuquina, en donde el organizador escondía cinco celulares, una notebook, pagarés, marihuana y documentación que probaría el negocio clandestino que administraba.

Por otro lado, el Servicio Penitenciario puso a disposición de la Justicia a otros cinco agentes que cumplían funciones en la Unidad N° 1, para que las autoridades puedan descartar o vincularlos a la causa, en caso de que existieran pruebas que pudieran demostrar que su accionar habría ayudado a facilitar el funcionamiento de la banda narco que organizaba Churquina. De esta forma, desde la institución carcelaria ratificaron su predisposición para poder dar con todos los responsables y que estos cumplan con las sentencias pertinentes.