Comisarías al límite: golpearon a policías de la Ciudad que intentaron detener una pelea en un calabozo

Sucedió en una dependencia de Balvanera, en medio de la sobrepoblación y el reclamo del gobierno porteño para que el Servicio Penitenciario Federal aloje a los detenidos

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La Comisaría Vecinal 3C de
La Comisaría Vecinal 3C de Balvanera (Foto: Archivo)

A cuatro días de que tres detenidos se escaparan de la Comisaría 1B de la zona de Tribunales, Cuatro policías de la Ciudad resultaron heridos tras recibir puñetazos y golpes con elementos contundentes cuando intentaron detener una pelea entre dos detenidos en una celda de una comisaría de Balvanera, informaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho se registró el domingo al mediodía en el sector de los calabozos de la Comisaría Vecinal 3C, ubicada en la calle Lavalle 1958, en el límite con Recoleta, cuando los agentes intentaron apaciguar una gresca y fueron atacados por los reclusos.

Una vez controlada la situación y con el apoyo correspondiente, los efectivos lesionados fueron trasladados por móviles propios al Hospital Ramos Mejía, donde fueron atendidos en la guardia médica. Durante el incidente se incautaron tres palos de madera con punta y tres teléfonos celulares.

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Los 26 detenidos que se encontraban en la dependencia policial fueron reubicados en otros calabozos, mientras que intervino la Unidad de Flagrancia Este, que inició una causa por lesiones.

En marzo de 2022 se registró un fuerte disturbio en la misma dependencia policial cuando un grupo de 22 detenidos se amotinó dentro de un calabozo, en reclamo de ser trasladados. Las autoridades les dieron un tiempo determinado a los reclusos para que depusieran su actitud. Finalmente, la situación fue controlada y casi todos los detenidos fueron llevados a otras sedes policiales.

Los líderes del motín realizaron un tabique en la puerta de acceso con los elementos que tenían a su alcance. Además rompieron parte del mobiliario dentro de la celda y los baños. El objetivo era evitar que ingresaran grupos de apoyo.

Desde el gobierno porteño señalaron a este medio que el nuevo incidente se da en medio del reclamo de la Ciudad al Servicio Penitenciario Federal para que traslade los detenidos a prisiones, debido a que las comisarías son lugares de tránsito que, en este momento, superan la capacidad de alojamiento.

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Frente a esta situación, la jueza penal de la ciudad de Buenos Aires Carla Cavaliere dispuso, a fines de abril, que el gobierno nacional debe recibir en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SFP) a todos los detenidos en comisarías y alcaldías porteñas. Lo hizo al resolver un hábeas corpus que se inicio hace tres años y en el que se había fijado un esquema de ingreso por cupos que no se cumplió.

“Cuando este proceso se inició, el número de personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad no superaba el de doscientos (200), y al día de hoy, asciende a mil doscientos setenta y dos (1272). Por ende, lejos de resolverse ha empeorado”, sostuvo la magistrada.

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Este medio dio cuenta de la situación que se vive en las comisarias. El Sistema Interinstitucional de Control Judicial de Cárceles inspeccionó tres lugares y concluyó que se constataron “las peores condiciones de detención y hacinamiento”: superpoblación, falta de agua, ventilación y sanitarios, comida en mal estado, presos que se hacen sus necesidades en botellas y que no tienen médico. En uno caso los detenidos les dijeron que se turnaban para estar cerca de las rejas de la celda para poder respirar mejor. El mes pasado había alojadas 1.155 personas cuando la capacidad máxima era de 543.

La jueza Cavaliere dispuso un esquema progresivo de traslado a cárceles federales, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Soria. La magistrada dispuso que hasta el 31 de julio deben ser llevadas las personas con condena de manera paulatina y que desde el 1° de agosto el traslado debe ser “inmediato”. Respecto de las personas procesadas, le solicitó al Ministerio de Justicia que en 30 días presente una propuesta para un ingreso semanal de entre 130 y 140 personas. Y que la “Mesa de Aproximación de los actores del sistema” -que creó para esta causa- elabore un esquema “de fecha límite para la desocupación de las Comisarías y las Alcaidías de la Policía de la Ciudad”.

“El alojamiento de personas privadas de la libertad con situación procesal resuelta es una obligación legal del Servicio Penitenciario Federal, cuya fuente es la Ley Nacional 24.660 para quienes se encuentran a disposición de los jueces nacionales y federal, y de convenio, en el caso local”, recordó la jueza en su resolución.

Pese a la resolución, de acuerdo a fuentes gubernamentales de la Ciudad, el problema persiste.

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