Hoy por la mañana, la jueza Paula González indagará a Lucas O. y Nicolás M., de 20 y 29 años respectivamente, ambos vecinos de la Villa 20, zona de Villa Lugano. La historia que terminó con ambos detenidos en una jaula de la Policía de la Ciudad es por lo menos curiosa.
Lucas, nacido en Paraguay, trabajó dos años atrás en una empresa de limpieza. Todavía lo cubre la obra social de su madre. Nicolás había trabajado para una frutícola del Mercado Central en 2016, no muy lejos de su casa. En 2021, curiosamente, Nicolás se registró como empresario en la AFIP. Ese mismo año, el 25 de junio, ambos conformaron como socios dos empresas dedicadas a la venta de autos, Automóviles Prana y Automóviles Sidway. Para hacerlo, usaron sus domicilios en la Villa. Nicolás, de acuerdo al Boletín Oficial, era el gerente.
En los meses que siguieron, ambas empresas cortaron 68 cheques sin fondo por más de 17 millones de pesos. La elección para bautizarse a sí mismos también es llamativa. Básicamente, usurparon nombres muy conocidos en el negocio. Automóviles Prana, por ejemplo, existe y opera en la Capital hace años con la marca Toyota. Lo mismo Sidway, dedicada a la marca Jeep. Pero cortar cheques sucios o copiar negocios lícitos no es el problema. A Lucas y Nicolás acusan de vender autos cero kilómetro inexistentes a una serie de víctimas, con un daño total de 150 millones de pesos.
De acuerdo a la investigación, que estuvo a cargo la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, los perjudicados cayeron tras ver publicaciones en distintos medios de comunicación, entre ellos radiales y redes sociales. Realizaron depósitos en determinadas cuentas bancarias, incluso pasaron por una escribanía. Esa escribanía, precisamente, se convierte en un eje del caso. La investigación no está concluida, lejos de eso. Dada la información disponible, para la jueza González, Lucas y Nicolás no serían más que simples prestanombres.
La Policía de la Ciudad allanó este miércoles una escribanía en la calle Murguiondo en Villa Lugano, ubicada en un primer piso sobre una zapatería. Allí, se encontraron con Susana V., de 65 años, una abogada -que según datos del Colegio de Abogados porteño está inhabilitada para ejercer la profesión- fue notificada del hecho y de la causa. Sin embargo, Susana no es la escribana que figura como responsable en las conformaciones de Prida y Sidway, según el Boletín Oficial, sino una mujer de 40 años, cuyo domicilio fiscal es precisamente el estudio de la calle Murguiondo.
Allí se secuestraron gran cantidad de papeles, que serán analizados, la pista que puede llevar a un explotador mayor. La trama es mucho mayor que Lucas o Nicolás: fuentes del caso hablan de, por lo menos, otras 12 empresas más que fueron empleadas como cáscaras.
El caso, que tuvo la intervención inicial de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Federico Iuspa, incluyó tareas de campo, seguimientos y filmaciones, como también entrecruzamiento de cuentas, movimientos bancarios y llamadas telefónicas. Luego, fue a manos de la jueza González. Hoy, se conocen al menos diez víctimas. Se sospecha que puede haber más.
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