La acusaron de incendiar su casa para matar a su hija discapacitada de 11 años pero le dieron prisión domiciliaria

Abril Fernández, de 11 años, discapacitada, falleció en un incendio en su casa de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 12 de marzo último. El fiscal Francisco Assat, a cargo de investigar el caso, concluyó que Sonia Irene Lara, la propia madre de la menor trabó las puertas de la casa, la dejó encerrada mientras dormía y luego prendió fuego la vivienda. Por esto, la acusó formalmente de homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía, un delito que conlleva la pena de prisión perpetua. Luego, pidió la prisión preventiva, aunque sorpresivamente solicitó que la cumpla de forma domiciliaria.

Según describió el fiscal en la audiencia de formulación de cargo llevada adelante esta semana, el episodio ocurrió poco antes de la medianoche, en una casa ubicada en la manzana 7191, del barrio La Ribera, al sudoeste de la ciudad puntana. Allí, de acuerdo con la investigación, Lara decidió incendiar la casa con su hija adentro. Las pericias hechas por el Cuerpo de Bomberos permitieron reforzar la imputación de Assat, ya que concluyeron que el fuego se originó de manera intencional.

No fue lo único que descubrieron los Bomberos. En el lugar, además de identificar tres focos de fuego, encontraron en la vivienda un recibo del día anterior, en el que se pudo observar la compra de bidones de nafta por parte de la acusada.

En la audiencia y en una posterior conferencia de prensa, el fiscal ratificó que el incendio fue intencional, explicó cómo se originó y cuál fue la causa de la muerte de Abril. En ese sentido, indicó que el fuego se inició en un proceso de combustión con nafta, diferentes elementos inflamables y con fósforos. Se originó en varios lugares de la casa. Además dijo que la mujer bloqueó los ingresos a la vivienda: la menor murió al aspirar gases tóxicos y de monóxido de carbono.

Otro de los datos revelados por Assat es que la niña tuvo menos posibilidades de sobrevivir a partir de su condición física. “La menor poseía una discapacidad. Tenía un síndrome que se denomina Anomalía del Par 8 Cromosómico, que produce ciertas dificultades tanto motoras como psíquicas”, indicó.

En ese sentido, el fiscal dijo que la acusó de homicidio doblemente calificado por el vínculo, es decir por ser su hija, y por alevosía por “haber actuado de una manera insidiosa y sobre seguro cuando la hija se encontraba durmiendo”.

Asimismo Assat explicó que el pedido para que le otorgaran prisión domiciliaria pese a la gravedad de la imputación es que una pericia psiquiátrica estableció que si bien se ubicaba en tiempo y espacio y supo lo que hizo aquella noche de marzo, en este momento no se puede garantizar que Lara no sea una amenaza para sí misma o para terceros si la alojan en una comisaría o en una unidad del Servicio Penitenciario provincial.

“La imputada se encuentra cursando un estado patológico psiquiátrico, lo cual no nos permitía asegurarnos de que se pueda estar conservando su seguridad”, dijo. Por eso pidió que la preventiva la cumpla durante los próximos cuatro meses en una casa de un familiar y con tobillera electrónica. Sin embargo, explicó que una vez los médicos certifiquen que el estado psiquiátrico de la mujer mejore, inmediatamente pedirá que sea trasladada a una cárcel común. Además, la familia se comprometió a cuidarla y que siga el tratamiento con los profesionales.

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Maximiliano Balza, coordinador de Gestión del Ministerio Público Fiscal de San Luis, también habló en la conferencia de prensa y habló acerca de la principal hipótesis que manejan acerca del móvil del brutal crimen. Si bien la investigación continúa abierta, al parecer habría una relación conflictiva con el padre biológico de la menor y en las últimas semanas se llevó adelante una disputa legal entre ambos por el régimen de visitas. En ese sentido, la Justicia de Familia resolvió que la nena podía quedarse a dormir un fin de semana de por medio en casa del papá y al parecer, eso habría causado el enojo de Lara.

“No había antecedente de violencia de la madre hacia la hija. Existían antecedentes de expedientes que tramitaron en juzgados de familia, en los que se estaba debatiendo el régimen de visita y lo que eran situaciones de violencia, pero existente entre las pareja, nunca con la menor como víctima. La madre era quien tenía la potestad”, explicó Balza.

Sobre la motivación, el fiscal le restó importancia a nivel jurídico. Para los funcionarios es irrelevante por qué lo hizo. Sólo se centran en demostrar que la intención de Lara fue asesinar a su hija de 11 años. Las pruebas recolectadas, creen, son concluyentes.

Lara permaneció internada durante casi un mes producto de su estado emocional pero también porque sufrió quemaduras en el incendio. Desde que está en la mira de la Justicia y ahora que está detenida, no dio ninguna explicación. No declaró. Además de la prisión preventiva domiciliaria, el juez de Garantías Nº4, Santiago Ortiz, ordenó la prohibición de acercamiento a la vivienda donde sucedió el hecho y al padre de la nena, así como una evaluación e informe psicológico semanal durante los próximos cuatro meses.

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