
A tres años de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven de 23 años que fue encontrado muerto en el río Paraná, comenzará el juicio contra los dos policías y los dos antiguos patovicas de un boliche bailable de Rosario por “homicidio simple con dolo eventual”.
El juicio oral y público contra los ex empleados de seguridad del boliche Ming River House, Fabián Claudio Maidana y Emiliano López, y la pareja de policías provinciales, Karina Gómez y Gabriel Nicolossi comenzará el próximo lunes a las 9 en el Centro de Justicia Penal Rosario, ubicado en las calles Sarmiento y Virsaroio, tal como está previsto. En este proceso, los acusados enfrentarán pedidos de pena de entre 17 y 19 años por los delitos que se les imputan.
El joven fue encontrado muerto el 26 de febrero de 2020 flotando en el río Paraná a la altura del kilómetro 418 tras permanecer desaparecido por más de 48 horas. La última vez que había sido visto con vida fue el domingo 24 cuando fue a bailar con unos amigos al boliche ubicado en la Estación Fluvial de la costa rosarina, donde permaneció por lo menos hasta las 4:30 de la madrugada. Sin embargo, después de ese horario, sus amigos lo perdieron de vista.
De acuerdo con el relato de los testigos, el joven quiso ingresar al sector Vip del local bailable sin autorización, por lo que los empleados de seguridad tomaron la decisión de expulsarlo. Luego de eso, Orellano desapareció hasta que encontraron su cuerpo. La investigación que se inició luego del hallazgo logró confirmar que los imputados “ejercieron violencia física” contra el joven y lo acorralaron.

“Aprovechándose de la superioridad física y numérica, lo golpean”, planteó el fiscal Patricio Saldutti, lo que llevó a Orellano a saltar las barandas de protección del muelle y caer a las aguas del río Pararná, de acuerdo con la información de Télam. Los investigadores lograron reconstruir esto gracias a un rastro de sangre que había desde el boliche hasta el piso de la baranda.
En ese momento, Gómez y Nicolossi cumplían “servicio adicional” policial, quienes quedaron involucrados por su participación en el hecho por dos cuestiones claves: la agresión de los patovicas continuó fuera del establecimiento y que la oficial de policía dio aviso a las autoridades y a Prefectura Naval de que un joven había caído al río, pero omitió información sobre lo que había sucedido antes.
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De hecho, sus declaraciones en la causa fueron contradictorias, ya que, en primer lugar, aseguró que escuchó la caída de un cuerpo al agua; luego, dijo habérselo “imaginado”.

Tras el hecho, los imputados se retiraron del lugar, sin brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima, tal como señala la acusación. Así, Saldutti sostiene que “impidieron con su accionar que el personal de Prefectura que concurrió tras el llamado pudiera llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate”. La familia, por su parte, alegó en su momento que el joven habría podido nadar sin dificultad en el río, si hubiese estado consciente, puesto que frecuentemente iba al Paraná a nadar.
Por esto mismo, todos los imputados están acusados de “homicidio simple con dolo eventual en grado de coautores”, pero los dos policías enfrentan además cargos por “incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.
Después del crimen, los familiares y amigos de la víctima crearon la Asociación Civil Bocacha Orellano, que convocó a una concentración a las afueras del edificio judicial para acompañar el pedido de justicia y reclamar “por Bocacha y por cada pibe y piba que no pudo volver a casa”.
“Fue asesinado. Con dos agentes de seguridad privada y dos policías acusados como autores, sabemos que fue un homicidio en contexto de violencia institucional y policial”, denunciaron desde la organización, por lo que celebraron que, “luego de tres años de lucha por la verdad, llegó la hora de que sea justicia”.
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