El 18 de octubre, personal policial irrumpió en el juzgado federal de Roque Sáénz Peña, provincia de Chaco, tras un pedido de la PROCUNAR, el ala de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico con el fiscal Diego Iglesias y los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad, que esclarecieron el caso Carbón Blanco. El blanco del allanamiento era el magistrado mismo.
Miguel Aranda, conjuez federal en la zona, se encontraba bajo fuego, acusado de corrupción y de colaborar con el poderoso clan Sosa, una de las principales organizaciones narco de su provincia, en complicidad con efectivos de Gendarmería, entre ellos Cristian Marangón, cabeza del Escuadrón N°1 de la jurisdicción.
Fue una coincidencia: Marangón falleció a mediados de esa mañana, internado en el Hospital Militar Central por una afección previa, confirman fuentes en las fuerzas de seguridad.
En el caso se investigaron seis presuntos hechos de corrupción en la zona. Los fiscales pidieron el arresto de Aranda junto con el de otros tres involucrados, Marangón siendo uno de ellos, pero la jueza Zunilda Niremperger no admitió el pedido y solo autorizó que Aranda sea indagado, aseguran fuentes del expediente a Infobae, ya que Aranda tiene fueros como juez que impiden su detención.
Hoy jueves por la mañana, tres meses después, la jueza Niremperger procesó sin prisión preventiva al juez federal y lo embargó por diez millones de pesos. Se le imputa ser miembro de una asociación Ilícita, en concurso real con los delitos de tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de la obligación de promover la represión de un delito, así como encubrimiento agravado, de acuerdo al fallo al que accedió Infobae. Los fiscales también pidieron que el juez sea acusado de concusión agravada, exigir un soborno, un pedido planteado en el día de ayer que la magistrada aceptó y aplicó.
La acción penal contra Marangón quedó extinta, dada su muerte.
Otro procesado en el expediente es el gendarme Alberto Martín Farías, alias “El Talibán”, imputado por asociación ilícita, concusión y encubrimiento.
La causa comenzó tras un informe enviado el 14 de junio último por un alto oficial de Inteligencia de Gendarmería. Delataba a un comandante de su fuerza, “dando cuenta que el mismo estaría relacionado a diferentes maniobras delictivas que podrían tener vinculación con actividades del tráfico ilícito de drogas, especialmente producidas en el ejido territorial de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña revelándose indicios de connivencia judicial”, asegura un documento del caso.
Este comandante, sigue el documento, “contaba con información sensible respecto del trámite de causas penales proveniente desde el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, incluso tomando conocimiento antes que el Jefe de la Unidad, como así que el mismo posee contactos con integrantes de organizaciones presuntamente delictivas, circunstancias que podrías encontrarse relacionadas a irregularidades y presunta fuga de información que frustró el resultado de números allanamientos librados respecto del llamado “Clan Sosa””.
Marangón ya había sido procesado a mediados del año pasado por supuestamente fraguar procedimientos narco para quitarle droga a narcos, a cambio de protección. Esos procedimientos fraguados estuvieron bajo la firma de Miguel Aranda.
También se investigan maniobras para favorecer a la familia del magistrado, como una anulación de una infracción realizada por Gendarmería a un camión de una empresa de la cuñada de Aranda. Marangón habría intervenido directamente en esa maniobra para anular la infracción, algo que solo es potestad del Poder Judicial.
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