Rosario: acusaron a un preso y a su mujer de montar una “empresa” de sicariato

Fabio Alejandro Giménez, preso en la cárcel de Coronda, fue acusado este miércoles por la tarde de haber encargado un crimen que fue perpetrado en febrero pasado en la zona oeste de Rosario, donde la víctima fatal fue una mujer acribillada “por error”. No es la única acusación en su contra. Giménez acumula cinco imputaciones en total, dos por instigaciones de homicidios -una de ellas por mandar a matar a un empresario de suplementos deportivos, aunque el plan resultó fallido- y dos por extorsiones y balaceras. Detenido y todo, es considerado un empresario del sicariato en el submundo del hampa de Rosario. Su actual pareja es considerada su socia.

Giménez tiene 32 años, nació en La Clotilde, provincia de Chaco. Según declaró en distintas audiencias judiciales, es ayudante de albañil de oficio y no terminó la escuela primaria. Hasta el año pasado estaba alojado en la unidad penitenciaria número 3 de Rosario por una causa por robo calificado. Fue allí que el recluso comenzó a gestar su nuevo negocio, según fuentes judiciales.

“Gerencia la violencia. Manda a matar por plata y no le importa quién se lo encarga. Está jugado, sabe que no va a salir nunca más de la cárcel”, dijo a Infobae un investigador judicial que sigue sus pasos desde el año pasado.

Este miércoles en el Centro de Justicia Penal, el fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta acusó a Giménez y a su actual pareja, Samanta Joana Vilches, por haber organizado un ataque a tiros para asesinar a un joven en Urquiza y Magallanes, en el barrio Ludueña. El sicario –aún no identificado– llevó a cabo la tarea el 18 de febrero pasado, pero el ataque fue aún más desastroso de lo previsto: mató a la hermana de su objetivo e hirió de bala al joven y a un bebé de seis meses, que logró sobrevivir.

“Cumpa, para mí era él. Seguro. El de la foto, el morochito. Pero igual, lamentablemente le tumbé a todo alrededor, amigo”, le comenta vía telefónica el gatillero a Fabio Giménez, según los audios que ventiló el fiscal Spelta durante la audiencia.

En esas conversaciones, el recluso luego le responde al sicario: “Amigo, dame un ratito que ahí están averiguando y les hago llegar eso”. Esa expresión fue considerada por el fiscal como la averiguación de parte de la presunta organización de Giménez para ver si el gatillero había cumplido con lo ordenado.

De acuerdo a la información de la imputación, el hombre al que debía matar el sicario era Jonatan Almada, quien actualmente está preso e imputado como “gerente” de la célula de Los Monos en barrio Ludueña.

Puede que ese hecho le haya costado caro a Giménez, ya que en agosto pasado asesinaron a tiros a su madre, Catalina Aquino, en el barrio Santa Lucía, en la zona oeste. En la investigación de ese homicidio no se descarta la hipótesis de que haya sido un “vuelto” por el crimen de Almada.

En mayo del año pasado, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, lo imputaron por haber instigado el brutal asesinato de Nicolás “Fino” Ocampo (ocurrido el 16 de abril de 2021), un hombre condenado como integrante de la banda del capo narco Esteban Lindor Alvarado.

Según esa acusación, el recluso de la unidad penitenciaria Nº 3 encomendó a su anterior novia Joana Bernal el armado logístico del ataque a Ocampo, que fue supuestamente perpetrado por Uriel Reynoso, quien manejaba la moto desde la que se hicieron los disparos, y Brian Josué González, el presunto sicario. Todos están en la cárcel por esa imputación.

La ejecución de ese crimen fue tarifada en 270 mil pesos, de acuerdo a las escuchas telefónicas. De ese monto, 100 mil eran para el gatillero, 60 mil para el conductor de la moto, y los 110 mil restantes para el preso y su pareja.

En abril del año pasado, se cree que también Giménez planificó otro homicidio por encargo, un golpe que fracasó. En este caso, se sospecha que un empresario desembolsó la suma de medio millón de pesos para asesinar a un ex empleado suyo que ahora se había vuelto un competidor de mercado.

Según la investigación, también a cargo de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, el ataque fue realizado por Uriel Reynoso –el mismo que participó en el homicidio de Nicolás Ocampo–, pero las balas no impactaron en la víctima. La Policía persiguió al gatillero que se desplazaba en moto y lo detuvo en la zona sudoeste. El teléfono del sicario fue una de las claves para dar con la orden que había impartido Giménez desde la cárcel.

En tanto, el empresario que pagó la abultada cifra de dinero para eliminar a su competidor de mercado fue condenado el viernes de la semana pasada. Farruggia, que actualmente tiene arresto domiciliario tras tres operaciones de corazón, firmó un juicio abreviado por una pena de 11 años de prisión.

Pero Giménez no solo se dedica a ser un presunto reclutador de sicarios. En junio pasado, el fiscal Pablo Socca lo imputó en dos veces por extorsiones y balaceras. Las intimidaciones que le atribuyó el fiscal ocurrieron entre enero y febrero pasado y las víctimas fueron un quiosco, una empresa de mudanzas y un comercio dedicado a la venta del repuesto automotor, a quienes el preso les hizo llegar carteles con amenazas para que paguen sumas mensuales a cambio de no atacarlos a tiros.

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