
El Juzgado N°4 a cargo del doctor Martín Yadarola está ubicado en el séptimo piso de los Tribunales de la calle Talcahuano. No es tan fácil llegar hasta ahí. Todo depende del ascensor que se tome. Después de llegar hay un cierto laberinto. El séptimo piso es literalmente la terraza a cielo abierto del palacio, con todos los talleres y depósitos, viejos armarios y muebles al sol, con imágenes religiosas y stickers de campañas de políticos ya muertos, y las palomas. Es, por definirlo de alguna forma, Tribunales en estado puro.
El 7 de septiembre pasado, un hombre de 43 años, oriundo de Longchamps, ex colectivero de una línea que pasa por Maschwitz y Alejandro Korn, padre de un hijo de 12, llegó hasta el Juzgado N°4. Había ido allí para comenzar los trámites de ingreso como empleado del Poder Judicial, precisamente como chofer de Yadarola, por un sueldo de 180 mil pesos al mes. Pero el magistrado nunca lo había citado allí; el juez ni siquiera había pedido un conductor.
Visiblemente frustrado, el ex colectivero le contó la historia al personal de mesa de entradas. Dijo que había conocido a un colega llamado “Alejandro Maidana”, que le había comentado la posibilidad de que ingresara a la Justicia como empleado, precisamente, de Yadarola. Ese hombre, dijo, le haría “la onda”. Para colmo, le dijo que Yadarola “era su tío”, algo difícil de creer, ya que el tal Maidana tiene 57 años y el juez no llega a los 50. El hombre hasta le había enviado un correo bastante convincente para reafirmar la cita. La dirección de email parecía del Poder Judicial, a simple vista, solo que el servidor no era del PJN, sino una cuenta de Gmail.
Por esa entrevista de mentira, el hombre de Longchamps pagó 1500 pesos al tal Maidana, una coima curiosamente baja que no llega ni siquiera al valor de dos kilos de milanesa de pollo. Tras dejar el Juzgado N°4 y volver a su casa sin un trabajo de chofer, el ex colectivero le reclamo a su contacto por WhatsApp. Recibió amenazas en vez de disculpas. “Qué te pasa la concha de tu hermana, enfermo de mierda, sorete hijo de puta. No rompas más las pelotas que voy y te rompo el rancho”, le escupió el tal Maidana.

El fiasco a las puertas del Juzgado N°4 terminó en una causa penal investigada por la jueza Alejandra Provitola. El ex colectivero declaró. Dijo que no era el único. Según su declaración testimonial había otras tres supuestas víctimas, entre ellos su sobrino. A ellos, Maidana les ofreció comprar autos baratos en remates judiciales.
Entonces, Provitola y la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- fueron por el cuentero.
Lo arrestaron a fines de septiembre, refugiado en Rafael Castillo. Descubrieron que “Alejandro Maidana” era un nombre falso, que en realidad era Claudio Sanabria, de ocupación remisero, 57 años, que según registros nunca tuvo un trabajo en blanco en su vida. Le encontraron gran cantidad de documentación falsa en la casa donde se escondía, incluidas fichas del Juzgado N°4. La jueza Provitola lo procesó con prisión preventiva por la acusación en su contra -cuatro hechos de estafa reiterada y amenazas- y lo embargó por un millón de pesos dos semanas después, pero eso no fue todo.
Los investigadores descubrieron que Sanabria tenía dos pedidos de captura de dos juzgados distintos, los números 54 y 31, por causas que habían comenzado en 2019 y 2022. Para Provitola, Sanabria no solo esquivaba a la Justicia hace dos años: seguía mintiendo y estafando mientras lo hacía. Se negó a declarar en su indagatoria.
Infobae también encontró su vieja historia en la Justicia.

El 13 de marzo de 2020, el Tribunal N°29 condenó a Claudio a un año y nueve meses de prisión en suspenso al unificar dos penas en su contra, la que le dictaba este tribunal y una anterior de la Justicia de Lomas de Zamora. “Haciéndose llamar Gabriel, y bajo la apariencia de ser empleado judicial, ofreció” a cuatro personas de la comunidad boliviana “vehículos que se encontraban en remate judicial, cuando ello no era cierto”, relata la condena sobre uno de los casos.
Lo que sigue es caricaturesco.
“En ese sentido, a los primeros días del mes de julio de 2019, valiéndose de la calidad simulada, refirió a una de sus víctimas que podía venderle una camioneta Mercedes Benz Sprinter que se encontraba para remate. Posteriormente, con fecha 6 de julio del mismo año se reunió con los damnificados, oportunidad en la cual les hizo saber que las camionetas tenían un precio final de ciento cincuenta y seis mil pesos ($156.000) y que para poder liberarlas del remate debían pagar dos mil doscientos pesos ($2.200), para lo que cada uno de ellos abonó la suma indicada”.
“Luego, el día 12 de julio de 2019 el encausado se reunió nuevamente con los damnificados en los Tribunales ubicados en Talcahuano 550, oportunidad en la cual éstos abonaron la suma de treinta mil pesos ($30.000) en concepto de único adelanto por la supuesta compra de las camionetas, quedando pendiente de pago el resto del monto para cuando el vehículo estuviera listo para ser entregado. En esa oportunidad, el nombrado acompañado por dos de sus víctimas fue al Palacio de Justicia donde ingresó a una oficina y les pidió que lo esperaran afuera, donde simuló hacer el depósito del dinero que le había sido entregado”, sigue el texto.

“Finalmente, el día 20 de agosto de 2019, el acusado citó a una de las víctimas, quien concurrió junto con los demás damnificados –sus tres cuñados- al edificio sito en Comodoro Py 2002, donde el imputado ingresó a la Secretaría Privada del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°16, donde lo dejó esperando un par de horas hasta que lo vio salir detenido por personal judicial.
Básicamente, Claudio S. engañó a sus víctimas con un falso remate judicial, la misma historia de siempre. En esa época, decía ser empleado, precisamente, en la Justicia federal.
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