Muerte en una comisaría de San Clemente del Tuyú: son 9 los policías de la Bonaerense que van a juicio por el crimen

La madrugada del 18 de noviembre pasado, a Alejandro Nicolás Martínez (35) se lo llevó la Policía Bonaerense del Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente del Tuyú. Es que, pasada la medianoche, los empleados del lugar pidieron ayuda porque el huésped estaba provocando daños. Tras esposarlo y subirlo a un patrullero, quedó detenido en la Comisaría 3ª de esa localidad del partido de La Costa. Allí apareció muerto. Pasaron 328 días desde el crimen y este miércoles la Justicia elevó a juicio oral la causa contra los nueve agentes: están acusados de haberlo asesinado.

Fue el juez de Garantías N°4 de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola, quien elevó a juicio la causa por la que están imputados cinco hombres y cuatro mujeres, todos ellos miembros de la Policía Bonaerense; luego de hacer lugar al pedido realizado días atrás por el fiscal Martín Prieto, titular de la UFI N°2 descentralizada del partido de La Costa.

En un fallo de 317 páginas, al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam, el juez Olivera Zapiola dispuso que José Pereyra (35), Christian Rohr (31) y Maximiliano Munche (48) sean juzgados como coautores del delito de “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”.

A su vez, consideró acreditado que Laura Chiarullo (36), Evelyn Garófalo (28), Jaqueline Mansilla (30), Carla Cantarella (30), Sandro Mujica (35) y Miguel Boulos (54) intervinieron en calidad de “partícipes secundarios”, y también deben enfrentar un debate oral.

Olivera Zapiola rechazó los pedidos de nulidad de elevación a juicio y de sobreseimiento de los nueve planteados por las defensas. También entendió: “Cabe hacer notar que los elementos indiciarios respecto de la autoría y participación atribuidas resultan suficientes como para justificar la impostergable necesidad de producir el amplio debate del juicio.

Según la investigación, esa madrugada del 18 de noviembre pasado Martínez estaba alojado en el hotel cuatro estrellas de la avenida Costanera y calle 3, cuando los empleados llamaron a la Policía porque estaba haciendo destrozos. “Estaba asustado, en su cabeza pensaba que había alguien en la habitación que quería hacerle algo”, contaría por ese entonces un empleado del lugar, ubicado en el centro de San Clemente.

Martínez fue aprehendido y trasladado a un calabozo de la Comisaría 3ª. El fiscal consideró acreditado en la instrucción que los nueve acusados “planificaron dar muerte” a la víctima, “asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado”.

Así, Prieto describió que los policías Pereyra, Rohr y Munche “ejercieron una extrema violencia física” sobre Martínez en el interior de la comisaría, “propinando golpes de puño, y aplastando múltiples partes del cuerpo mediante diversas maniobras durante un lapso temporal de unos aproximados 10 minutos”.

Precisó además que, de acuerdo a las dos autopsias realizadas al cuerpo, la víctima sufrió “múltiples lesiones”, así como “fracturas costales derechas, infiltrado hemorrágico, aponeurosis epicraneana frontoparietal, cianosis cervicofacial y en tercio superior de tórax con infiltrado petequial en piel, en pulmones y corazón”, lo que le provocó “un paro cardíaco traumático”.

Para el fiscal, los otros imputados “brindaron la cobertura necesaria para que” los otros tres “no corrieran ningún tipo de riesgo”, y para “asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo proporcionaron el ambiente y circunstancias necesarias a fin de obtener el resultado planificado, dar muerte a Martínez”.

Los tres principales acusados cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Dolores confirmó en marzo la medida dispuesta en ese sentido por el juez. Pero, en ese mismo fallo, los otros seis policías fueran liberados por falta de mérito, pese a que Olivera Zapiola también había dispuesto que continuaran detenidos por entender que intentarían “eludir la acción de la Justicia”.

Según la investigación, todo comenzó a cuando desde la comisaría avisaron a la UFI 11, que intervino inicialmente, la aprehensión por “daños” de Martínez. Menos de una hora más tarde, una nueva comunicación indicó que había fallecido, y comenzó la causa por  “averiguación causales de muerte”.

El fiscal Pablo Gamaleri, titular de esa unidad descentralizada que recibió las comunicaciones, ordenó la autopsia del cadáver, que reveló que había muerto a causa de una “asfixia mecánica” y que además había sufrido golpes y lesiones. A raíz de las pruebas recolectadas, dos días más tarde fueron detenidos los nueve policías, y tras esas medidas, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y las defensas de los agentes cuestionaron los resultados de la autopsia, por lo que se dispuso una nueva.

La segunda autopsia, realizada nuevamente en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, confirmó los resultados, incluso, estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.

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