Confirmaron la condena para un policía que por 10 años obligó a su esposa a prostituirse y no la dejaba salir ni para ir al médico

Ella no pudo ni supo cómo defenderse, él no le permitía salir sino la acompañaba o tener contactos en su celular; ni siquiera la dejaba respirar. Por eso, uno de los agravantes de la acusación fue que se valió de la situación de vulnerabilidad de la mujer para aprovecharse de ella. Pero, todo cambió un 20 de abril hace poco más de dos años: una mujer denunció a la línea 145 que su hermana le había enviado un mensaje para pedirle ayuda: su esposo policía la explotaba.

Luego, se conocería la triste y denigrante vida que E. llevó por más de una década, sometida por el padre de sus hijos, obligaba a prostituirse bajo violencia física y amenazas con armas, e incluso forzada a ingerir drogas y alcohol. El año pasado, el 31 de marzo, Angel Gerardo García, ex policía de Entre Ríos, fue condenado a 10 años de prisión. En los últimos días, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa sentenca.

“Es uno de los casos que deja al descubierto una actividad aberrante, donde seres inescrupulosos ponen en ejecución un plan delictivo con el único afán de obtener un lucro en menosprecio del ser humano”, fue una de las consideraciones que el juez Gustavo Hornos usó para confirmar la condena en el fallo de Casación.

El fallo de los jueces Hornos, Juan Gemignani y Eduardo Riggi, al que tuvo acceso Infobae, rechazó el recurso presentado por la defensa del condenado y confirmó así la sentencia interpuesta por el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado de modo unipersonal por el juez Roberto López Arango, por el delito de trata de personas con fines de explotación, en modalidad de ofrecimiento y traslado agravado por valerse de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien a su vez era su pareja, por ser policía y por haberse consumado la explotación.

Ese pedido desesperado, exponiéndose a que la descubriera su marido y la castigara, fue el punto de inflexión para E.. La ayuda de su hermana, al llamar a la línea del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el salvavidas. El fallo de la Justicia, una nueva oportunidad.

Ese 20 de abril de 2019, y de acuerdo a la denuncia, se conoció que E. era sometida a explotación sexual en distintos lugares de la ciudad entrerriana de La Paz, de donde es oriunda, y en otras localidades de la provincia de Corrientes. Su explotador, el padre de sus cuatro hijos.

Tras tomar intervención, el juez federal de Paraná solicitó la inmediata actuación de la Gendarmería para que corroborara lo denunciado y procediera al rescate de la víctima. Y así fue. según el Programa de Rescate nacional que asistió a E., ella presentaba una pérdida de subjetividad que le “impedía valorarse y percibirse como sujeto de Derecho”, a raíz del desgaste psicológico que le generaba la situación de explotación a la cual la sometía el imputado. En múltiples ocasiones, destacaron la “extrema vulnerabilidad” y el grado de sometimiento al cual se encontraba expuesta, todo bajo el poder de su marido.

El juez dejó preso a García. Y el fiscal José Ignacio Candioti dejó expuesta la especial condición en la que se encontraba la víctima: destacó el nivel de violencia física, psíquica, sexual, simbólica y económica a la que se hallaba sometida, y de la cual se habría valido García, junto a su condición de policía.

Para el fiscal, E. fue víctima de un “despojo de la subjetividad” y de “encarcelamiento psicológico”, lo cual le impidió solicitar ayuda por largo tiempo. Todo ello se suma, según sostuvo, al daño que le generó a la víctima la explotación sexual a la que fue sometida durante diez años.

Así llegó la condena. Pero la defensa de García apeló y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto en los últimos días. El juez Hornos lideró la deliberación a la que adhirieron sus colegas y que describió que E. “era controlada por su cónyuge, al punto de tener prohibido salir del domicilio, tener agendado algún contacto en su celular, poder visitar familiares o hacer una consulta médica, sino era en presencia del condenado”.

Otro elemento destacado por el juez Hornos se centró en el sostenimiento de la reparación a la víctima en el presente caso. En tal sentido, el magistrado hizo hincapié en la importancia de que en estos casos el Estado brinde una respuesta y coadyuve a que E. pueda contar con los elementos mínimos para poder rehacer su vida.

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