En la madrugada del viernes, un feroz motín ocurrió en la Comisaría 3A sobre la calle Lavalle, en el límite entre Balvanera y Recoleta. Un grupo de detenidos rompió candados para abrir puertas y enfrentó a la Policía de la Ciudad. Hay versiones que indican que una persona detenida allí, incluso, aseguró haber sido abusada sexualmente en una de las celdas en medio del caos. La situación fue contenida, el SAME llegó con una ambulancia y según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño no se hallaron heridos. Los detenidos, insólitamente, no reclamaban la libertad, sino que los trasladen a una cárcel del sistema federal.
La ironía es triste. La comisaría tenía lugar para 11 detenidos: había 22. Hoy, las comisarías porteñas y sus alcaidías tienen un récord de detenidos y una fuerte sobrepoblación. Donde debería haber 600 detenidos, hoy hay más de 800. No deberían pasar más de 24 horas, o 48. Sin embargo, varios de los internos en la 3A ya habían alcanzado el procesamiento. El Servicio Penitenciario Federal, hoy intervenido por la referente de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori, no da el cupo suficiente. Así, las comisarías se atoran. El problema en la provincia de Buenos Aires atraviesa todas las gestiones desde Daniel Scioli, con las mismas críticas y situaciones de fuga, violencia institucional y tormentos.
El ministro Marcelo D’Alessandro realizó reclamos en múltiples sectores, desde el Ministerio de Justicia de la Nación del SPF hasta el Congreso. También, querelló al Servicio Penitenciario en el Juzgado Federal N°7 de Sebastián Casanello por no dar el cupo, de cara al histórico convenio de que el sistema de cárceles federales debe absorber a los detenidos de la Capital Federal. “Tuve diez horas a un detenido en un camión de traslado por este problema”, asegura a Infobae: “Hay semanas que mandás 80, otras 50, otras cien, hay semanas que no mando. Tenemos un promedio de 2500 detenidos por mes, entre 800 y mil quedan dentro del sistema. Y no tienen quedar ni dos días, no corresponde”.
En un comunicado oficial publicado el 24 de mayo de 2021, Garrigós de Rébori fue de frente y aseguró que el “SPF cumple con su tarea” y que “es mentira que no recibe” a detenidos porteños.
“Desde el momento en que me hice cargo de la intervención del Servicio Penitenciario Federal, no se ha interrumpido el ingreso de personas detenidas en el ámbito de la CABA, siempre conforme a lo solicitado por las autoridades de esa jurisdicción y de acuerdo a la cantidad de plazas de aislamiento, para respetar el protocolo especialmente diseñado en función del COVID. Se trata de que las personas ingresantes no contagien al resto de las personas privadas de libertad”.
Casi un año después, la problemática persiste.
D’Alessandro continúa los cálculos: “Tengo 1500 policías cuidando detenidos que deberían estar cumpliendo otra función. Si un día uno incendia una celda, como ocurrió en Pergamino, ¿qué pasa?Hemos implementado una serie de políticas para alojar a los detenidos que Nación se niega a recibir: inauguración de nuevas alcaidías, adaptación de comisarías, afectación de personal y móviles policiales, instrucción del personal para el trato de los detenidos, reformas edilicias, la contratación de médicos y psicólogos. Puedo poner colchones ignífugos, lo hicimos, pero hay situaciones propias del hacinamiento”.
Estas situaciones de hacinamiento fueron constatadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación en al menos tres dependencias luego de varias inspecciones. Mientras tanto, la cuenta de detenidos crece.
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