Cimar Muñoz Tarifa, un hombre de 33 años nacido en Bolivia, fue detenido en las últimas horas por la Policía Bonaerense acusado de explotar laboralmente a al menos 16 personas, entre ellos varios menores de edad, en una quinta de cultivo de vegetales de la localidad platense de Ángel Etcheverry. Además del sometimiento que ejercía sobre sus trabajadores, que vivían en condiciones infrahumanas, hubo un dato que causó todavía más impacto: explotaba a sus connacionales. Al igual que el acusado, todas las víctimas son de nacionalidad boliviana.
Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la investigación se inició tras una denuncia radicada por María Soledad Elichabe, directora de Coordinación de Medidas de Protección y Restitución ante el Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Según expuso la funcionaria, en un predio hortícola de la zona se registraba una presunta explotación laboral infantil llevada adelante por el propio dueño.
Inmediatamente intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, quien ordenó que la Dirección de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense inicie una investigación para establecer la ubicación del terreno. Fue así que los investigadores pudieron descubrir que se trataba del campo llamado “Quinta Muñoz”, ubicado en la calle 232 entre 38 y 44.
Se trata de un predio de cuatro hectáreas y media de superficie, a nombre de Muñoz Tarifa, registrado en el rubro de agricultura familiar de la AFIP desde 2017. Las fuentes consultadas por este medio indicaron los horrores a los que las víctimas eran sometidas. Luego de las pesquisas hechas en el lugar, se constató en principio que el imputado explotaría laboralmente a al menor nueve personas mayores de edad y a cuatro menores. Sin embargo, el detalle final de las víctimas agrega que había otros tres chicos en el lugar bajo condiciones precarias. Las edades de los niños oscilan entre lo 9 y los 11 años.
Todos, al parecer, vivían dentro de la quinta en varias casillas de madera y nylon, y en una construcción de mampostería antigua semi derruida, que se encontraba implantada en el interior del establecimiento. Las condiciones de higiene y salubridad “eran pésimas”, resaltaron.
Asimismo se logró establecer que el patrón los obligaría a trabajar en situaciones riesgosas y los exponía vivir con instalaciones eléctricas precarias. No fue lo único. Además, no les proveía de los elementos de seguridad ni la ropa de trabajo adecuados.
En cuanto a los menores, los investigadores pudieron observar que serían forzados a trabajar en el cultivo de vegetales y en el arado de surcos bajo condiciones que estremecen. No sólo eran sometidos a maltratos físicos y psicológicos, sino que además se cree que eran privados de una escolarización adecuada,
De igual forma, sospechan que Muñoz Tarifa no les proveía a sus empleados ni siquiera agua potable, sino que los obligaba a consumir agua de una perforación que estaba expuesta a la contaminación de los diferentes agroquímicos que se utilizan en el predio.
El listado de humillaciones es extenso. El acusado, según información de la causa, tampoco les permitía el acceso a instalaciones sanitarias dignas con letrinas construidas con troncos. Además, los obligaba a convivir con animales domésticos que duermen en el interior de las viviendas, cuyos pisos son tierra y se encuentran infectadas con cuevas de ratas y otros roedores.
Con todos los elementos de prueba obtenidos en la investigación, el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Pablo Raele, ordenó un allanamiento de urgencia para rescatar a las víctimas. Luego del operativo, las víctimas serán entrevistadas por personal del Programa de Rescate a Víctimas de Trata y de acuerdo con el resultado de esas charlas, de dichas entrevistas se evaluará qué medida se va a adoptar contra el imputado. Un dato que llamó la atención luego de la detención es que se supo que entre las primeras visitas del personal de la Dirección Trata de la Policía de la Provincia al predio y la orden del juez, algunos de los trabajadores que eran explotados, abandonaron el lugar.
En el procedimiento participó personal del Programa Provincial de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, Migraciones y Dirección de Niñez. Por lo pronto, la fiscal Cecilia Corfield imputó al Muñoz Tarifa del delito de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
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