Muerte en una comisaría de San Clemente: cómo quedó la habitación donde se hospedaba la víctima

Los colchones desparramados por el cuarto del séptimo piso del Gran hotel Fontainebleau, sin sábanas. El mobiliario desordenado. Apenas las cortinas se salvaron del destrozo. La imagen a la que accedió Infobae de cómo quedó la habitación ese 18 de noviembre, y que bastante dista de la prolijidad con la que la exhibe el hotel en su página web, figura en la causa donde se investiga a nueve policías de la Bonaerense por la muerte de Alejandro Martínez (35) en un calabozo de la comisaría 3° de San Clemente del Tuyú.

“Estaba todo revuelto, el baño roto”, dijo la única de los nueve imputados por el homicidio de Martínez ante uno de los fiscales que subrogan la UFI N°2 del partido de La Costa. Y explicó en su indagatoria que le sacó fotos a todo: “Había sangre, no era mucha, pero había”. También detalló que debajo de la mesita de luz halló “una bolsita negra y sangre”.

Entre los últimos minutos del 17 de noviembre y los primeros del 18, desde el hotel de avenida Costanera y calle 3 llamaron a la Policía para avisar que un pasajero, que se había hospedado esa misma tarde, estaba provocando destrozos en su habitación del séptimo piso. Incluso, otros huéspedes llamaron a la recepción para quejarse.

Luego de la llegada de la Policía Bonaerense al lugar, y de que la única agente que declaró le sacara fotos al cuarto, a Martínez se lo llevaron esposado -y calmado- por el hall del hotel. Las imágenes de las cámaras de seguridad son clave: el hombre no se resiste, cuesta creer que minutos antes destrozó una habitación, que alegaba que “había salido una mano por el colchón que le había pegado un tiro, que lo perseguían” o que refería “que se derretía, que se electrocutaba y se le derretían los brazos”, como consta en el expediente.

Lo cierto es que a Martínez lo subieron en un patrullero acusado por el delito de “daños” y lo llevaron hasta la comisaría 3° de San Clemente, que queda a unas 11 cuadras del hotel. Eso fue 17 minutos después de la medianoche del 18 de noviembre, antes de las 2 el fiscal del caso recibía un llamado donde le avisaban que el detenido estaba muerto en el calabozo.

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Martínez, cuyo resultado quedó ad referéndum de los estudios complementarios -como en la mayoría de los casos-, indicó que la víctima sufrió numerosos golpes en el cuerpo y que la muerte fue violenta: asfixia por sofocación.

“Hay un testigo que relata que Martínez entró exaltado (a la comisaría) y los tres policías lo redujeron de cara al piso. Fue golpeado y tenía signos de asfixia por sofocación”, dijeron las fuentes consultadas por este medio y esa declaración fue clave para pedir la detención de los nueve policías: fueron desafectados de la Bonaerense.

El fiscal imputó a todos los policías que participaron de la detención de la víctima y que estuvieron en la comisaría 3° ese 18 de noviembre antes de las 2. A tres de los agentes les endilga haberlo sometido por 10 minutos a una paliza que lo llevó a la muerte. A los otros seis, no haber hecho nada para impedirlo.

Así, les imputó el delito de “homicidio triplemente agravado por alevosía y ensañamiento, y en concurso premeditado de dos o más personas, por ser ejecutado por miembros de las fuerzas de seguridad abusando de sus funciones o cargos” a Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra. Subsidiariamente, los acusó de “tortura y abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Mientras que a los policías Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garófalo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarullo los acusan, además de ser partícipes necesarios del homicidio, por el delito subsidiario de “omisión de evitar tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte”.

El reclamo de la defensa de los policías fue pedir una nueva autopsia, acompañada de la queja del ministro de Seguridad Sergio Berni sobre el informe de la morgue judicial de Lomas de Zamora. El fiscal que subroga esta semana la UFI N°2 -porque el titular está de vacaciones- decidió darles luz verde.

El fiscal Pablo Mascioli, que esta semana reemplazó a Pablo Gamaleri a cargo de la investigación por la muerte de Martínez, dispuso para diciembre “la reautopsia pero con los mismos médicos que ya la hicieron y para que los peritos de parte que la defensa proponga les puedan preguntar a los forenses todas las dudas que tengan”.

La hipótesis del caso y que consta en la orden de detención es que, entre la medianoche y la 1.50, los nueve policías detenidos, cuatro mujeres y cinco hombres, “planificaron para dar muerte, asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado”.

Allí se detalló también el rol de cada uno: Munche, Rohr y Pereyra, “ejecutaron una extrema violencia física” a Martínez y durante “diez minutos” le propinaron “golpes de puño y aplastaron varias partes de su cuerpo mediante diversas maniobras”, produciéndole múltiples lesiones que le provocaron la muerte. Para el fiscal, esas acciones implicaron un acto de tortura.

Mientras que los otros seis acusados, cuatro son mujeres, “brindaron la cobertura necesaria para que no corrieran ningún tipo de riesgo, y asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo, proporcionaron el ambiente necesario y circunstancias” para obtener el resultado planificado, que sería -según la hipótesis de la investigación- la muerte del detenido.

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