
Continúan las dudas, las sospechas y las contradicciones sobre lo que ocurrió el último jueves en una celda de la comisaría de la Brigada Femenina de la Policía provincial la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, donde cuatro reclusas murieron calcinadas a raíz de un incendio supuestamente accidental y sin que nadie las pueda rescatar.
La versión oficial apunta a un cortocircuito provocado por una de las detenidas, mientras que desde las familias se apunta a lo que consideran una negligencia y un abandono de persona por parte de la fuerza de seguridad.
Allí Micaela Mendoza, María José Saravia, Macarena Salinas y Yanet Santillán perdieron la vida después de que una de ellas presuntamente ocasionara un incendio de forma accidental dentro de la celda donde estaban hospedadas.
De acuerdo a los testimonios de los testigos en el expediente, una de las detenidas mantuvo un entredicho con una de las guardias después de pedirle un favor y ante la negativa de la agente de seguridad, la detenida arrojó un objeto hacia una de las lámparas de la celda. Eso provocó un corto circuito que desató el fuego y provocó la tragedia.
Insólitamente, los efectivos policiales presentes en la comisaría no constataron lo que sucedía en la celda hasta que fueron los propios vecinos quienes dieron aviso a los bomberos de la ciudad, después de ver una columna de humo que salía desde el techo de la dependencia.

Para las familias hay demasiados puntos oscuros en la versión oficial sobre los hechos. Incluso, los cercanos a las cuatro detenidas indicaron que las cuatro mujeres estaban olvidadas en la celda y que nadie atendía sus reclamos de ser trasladadas a una cárcel ordinaria, con la acumulación en comisarías como un problema recurrente a nivel nacional que lleva a fugas e incendios de este tipo, como el ocurrido en las celdas de la 1ª de Pergamino en marzo de 2017, que terminó con siete muertos y efectivos condenados en la Justicia.
Según lo que les había relatado la policía a las detenidas y a las propias familias, las cuatro jóvenes estaban recluidas en la celda de la comisaría debido al desborde del sistema penitenciario de la provincia. De hecho, los mismos familiares afirmaron que las celdas de esa misma dependencia policial también se encontraban desbordadas, ante la supuesta falta de cupos, lo que lleva a que detenidos de larga data sigan encerrados aún con prisión preventiva en celdas no equipadas para encierros extendidos.
La versión de las familias de las mujeres calcinadas contradice con la “versión oficial”. Los allegados aseguran que ninguna presa arrojó un objeto a ningún foco de luz y advirtieron que el conflicto entre reclusas y guardias de seguridad se dio debido al pedido constantes de las detenidas por ser trasladadas a una cárcel común.
El incendio fue de tal magnitud que siete guardias de la comisaría debieron ser hospitalizados debido a la inhalación de humo. De hecho, los efectivos presentes en la comisaría no llegaron a abrir la puerta de la celda hasta una vez extinguido el fuego.

La madre de Micaela Mendoza, una de las detenidas que murió en el incendio, detalló que al ser encontrados los cuerpos, se pudo constatar que las cuatro detenidas se abrazaron hasta último momento antes de perder la vida.
La madre explicó que su hija había sido condenadas a una pena de 5 años de prisión por el robo de un celular y que en un principio ella se había sentido tranquila al escuchar la noticia de la detención, ya que la drogadicción estaba “consumiendo” a su hija.
Sin embargo, con el pasar del tiempo la estadía en la celda de la comisaría se hizo insostenible. La madre indicó que las cuatro jóvenes estaban aburridas, que dormían en el piso de una celda de 3x3 metros y que incluso no tenían cubiertas ciertas necesidades básicas. En las celdas de comisarías, los detenidos reciben comida sólo por parte de sus familiares, no por parte del sistema carcelario. Así, dos de las jóvenes presas eran de San Miguel de Tucumán y se encontraban a casi 100 kilómetros de su ciudad. Por lo tanto, las familias indicaron que debían alimentarse gracias a la comida que le convidaban las detenidas oriundas de la zona.
Virginia Santana, la madre de Micaela Mendoza, indicó que las condiciones de la celda en la que estaban encerradas las reclusas eran deplorables y denunció que nadie las quiso ayudar cuando se desató el fuego: “Las cuatro murieron abrazadas (...) ¿Cómo puede ser que los policías que estaban a siete metros de la celda no hayan escuchado nada ni salido a llamar a los bomberos antes?”, aseguró a Clarín.
Intervino en la causa el fiscal Miguel Varela, de la Unidad Fiscal de Delitos Graves del Centro Judicial de Concepción. Por su lado, el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, afirmó que “ya se inició una investigación para determinar lo que pudo haber sucedido”.
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