Carlos J. C., 26 años, vecino de Laferrere, se anunciaba a sí mismo como un experto en servicio técnico e instalación de alarmas y cámaras de seguridad. Hasta había intentado tener su propio emprendimiento con un sitio web, que no prosperó. Consiguió empleo en conocidas empresas del rubro en los últimos años. Entre 2015 y 2016, de acuerdo a sus registros, lo hizo en una reconocida firma con base en Castelar. Desde fines de 2019 hasta comienzos de enero de este año fue parte de otra empresa en Ciudadela.
La firma ofrece un servicio integral, que hasta incluye monitoreos a habitaciones de niños por celular. “Supervisá trabajos de mantenimiento, niñeras o visitas en tiempo real. Podrás saber qué sucede en tu hogar, al instante, desde cualquier parte del mundo. Acceder desde cualquier PC, Tablet o Smartphone es muy sencillo. Trabajamos con cámaras y equipamiento de última generación. Amplia experiencia para la instalación y mantenimiento de circuitos cerrados de televisión”, asegura la empresa de Ciudadela en una de sus redes sociales.
Hoy, la empresa no responde los llamados de Infobae y los corta al instante. Carlos J., precisamente, fue detenido por la Policía de la Ciudad a comienzos de este marzo y enviado al penal de Ezeiza tras una investigación a cargo del juez Federico Villena. El delito: filmar lo que no debía, de una forma indignante.
Se descubrió que en sus celulares y computadoras tenía 533 videos e imágenes de pornografía infantil. A ese hallazgo se llegó después de investigar la denuncia de un matrimonio de Lomas de Zamora que había encontrado en las habitaciones de sus hijos dos cámaras ocultas. C. había llegado a la casa a comienzos de año para instalar cámaras en el perímetro como trabajador de la firma de Ciudadela.

Según la denuncia que presentó la familia y a la que accedió Infobae, al día siguiente de la instalación del sistema uno de los hijos observó algo ocultó en una habitación. Era una cámara. Revisaron el resto de la casa y encontraron una segunda en otro dormitorio donde también duermen menores. Las cámaras apuntaban a las camas. Cuando eso ocurrió, C. los llamó por teléfono. Daban por hecho que los estaba observando o fue alertado cuando encontraron los dispositivos.
Otros técnicos de la empresa contratada fueron a la casa y confirmaron que las cámaras escondidas estaban conectadas a internet y a un dispositivo “DVR” de grabación. La familia presentó una denuncia penal. Lo mismo hizo la compañía y despidió al empleado.
El juez Villena que ordenó el allanamiento de la casa del empleado. Allí se secuestraron dos celulares y una notebook que fueron peritadas. En uno de los teléfonos se encontró un archivo llamado “Telegram videos” que tenía 211 videos de menores de entre cuatro y 12 años obligados a tener sexo con adultos y otro “Telegram imágenes” con 52 fotos similares. El hallazgo no sorprende. Hay grupos cerrados o semiabiertos en la red social que se dedican a compartir material pedófilo.

El comisario Carlos Rojas, a cargo de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad, aseguró: “Lo que hacía este hombre era ocultar las cámaras detrás de una luz, en el cielo raso. El cliente pedía una cámara de seguridad pero las centrales están dentro de la casa y a veces hay que hacer cambios en distintos lugares, y en esos lugares aprovechaba el imputado para poner cámaras en dormitorios de niños y niñas fundamentalmente”.
Tras una primera pericia, “comprobamos que había imágenes de dormitorios, tras lo cual el Juzgado dispuso el allanamiento y el secuestro de todos los aparatos informáticos de propiedad de este individuo. No tenemos la certeza de cuántos casos similares hay pero hemos recuperado imágenes, una en particular del baño de una mujer, estimamos que esa cámara fue retirada”, continuó Rojas.
Rojas y fuentes de la causa también afirman que se encontró un chat con un menor de 13 años, que no estaría vinculado a los menores filmados en Lomas de Zamora. Por lo pronto, Carlos C. parece no tener antecedentes penales, investigadores de delitos sexuales no recuerdan su nombre y su procesamiento firmado por Villena no refleja casos previos.
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