El tribunal a cargo del juicio contra dos monjas y siete empleadas acusadas por los abusos a niños hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza rechazó ayer el pedido de nulidad planteado por la defensa de la monja Kosaka Kumiko y comenzó la lectura de los hechos.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el tribunal integrado por Horacio Cadille, Gabriela Urciolo y Rafael Escott, del fuero penal colegiado, resolvió por unanimidad rechazar la recusación del juez Cadille planteada por los defensores de la monja Kumiko Kosaka, -Carlos Varela Álvarez y Lucas Fallet-, y la declararon “inadmisible por extemporánea”.
Kosaka está acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, y es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria. El resto está en libertad.
Completan la nómina de imputadas la monja Asunción Martínez, la representante legal Graciela Pascual, las exdirectoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz, acusadas como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión.
Al inicio del debate el lunes último, Varela Álvarez, inició una presentación de nulidad absoluta del juicio sobre el derecho de defensa de Kosaka Kumiko cuando aún no estaba detenida y adelantó que el fuerte de la defensa “será el cuestionamiento a las interpretaciones del lenguaje de señas”.
Al respecto, se indicó que “se corrió vista al Ministerio Público Fiscal sobre las nulidades planteadas por los mismos letrados que defienden a la imputada Kosaka, sobre la realización de cámaras Gesell y la violación al derecho de legítima defensa”.
Por su parte, el abogado querellante Sergio Salinas indicó a Télam que la nulidad “es la reedición que presentaron varias veces durante la instrucción de la causa y en la audiencia preliminar. No hay nada nuevo y fueron varios las y los jueces los que rechazaron este planteo, y es más de lo mismo de estos planteos dilatorios”.
El letrado criticó que la defensa haya denunciado penalmente a los interpretes oficiales diciendo que tergiversan las declaraciones de los sobrevivientes en perjuicio de las monjas y que “se han producido varios videos para los medios de comunicación donde la monja Kumiko Kosaka pretende dar una versión distinta de los hechos. Incluso han desarrollado una página web con la que se busca modificar la opinión pública sobre los aberrantes hechos del Próvolo”.
En tanto el fiscal a cargo, Alejandro Iturbide, rechazó los planteos por inexistencia del agravio planteado y que en ningún momento se violó el derecho a legítima defensa, tal como habían objetado los defensores. Manifestó que “este mismo tema ya fue tratado con anterioridad en audiencias previas y rechazada por diferentes magistrados” y que “la propia defensa que hoy pide la nulidad de esta prueba, la presentó para abonar su teoría del caso”.
El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del lugar, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.
A fines de noviembre del 2019 el sacerdote Horacio Hugo Corbacho Blanck fue condenado a 45 años de prisión, el cura italiano Nicola Corradi recibió una pena de 42 años y el ex jardinero Armando Gómez fue sentenciado a 18 años, acusados de los abusos sexuales a los chicos allí internados.
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