De mechera a jefa de una banda de pistoleros: la insólita vida criminal de Verónica Dayana de la villa Zavaleta

En abril de 2014, Verónica Dayana tuvo que sentarse en una silla incómoda del sexto piso de los tribunales de la calle Talcahuano para que la juzguen y la condenen. Ya llevaba siete meses encerrada en un penal federal, desde mayo de 2013 al menos, pero la causa por la que estaba citada era un poco más vieja. Databa de abril de 2009, cuando Verónica, nacida en Lima, Perú, apenas era mayor de edad. La habían acusado de un pequeño truco de mechera, robarse una docena de tarjetas de teléfono de cinco pesos cada una en un locutorio y ciber de la calle Peña al 3000 al aprovechar una distracción del cajero del local. El empleado se dio cuenta, así que la increpó. Verónica no tenía cuchillo, no tenía pistola; lo mordió en el antebrazo para atacarlo cuando el hombre intentó frenarla y corrió. Verónica no duró mucho. Un policía de la Federal la arrestó cuadras después.

Su entonces defensora oficial intentó un pequeño arreglo, que le unifiquen la condena, ya que en junio de 2010 le habían dado otros dos meses en suspenso con otra sentencia en La Plata, una pena de ejecución condicional por otra tentativa de robo con tareas comunitarias y supervisión de un patronato.

La habían encontrado en una situación un poco más complicada, según reseña un documento judicial al que accedió Infobae. Fue capturada en mayo de ese año con al menos otros dos delincuentes dentro de un local de ropas en la calle Guernica al que entraron por un boquete hecho con una maza de albañil. Allí, desarmaron la alarma y comenzaron a llevarse la ropa. Entonces, llegó la Bonaerense. Solo uno de ellos pudo escapar. Verónica era una mujer errante. Nunca reconoció un domicilio fijo. Un edificio del sistema de cárceles federal se convirtió en su dirección legal.

De vuelta en Talcahuano, el Tribunal N°9 integrado por los jueces Fernando Ramírez y Ana Dieta de Herrero, los mismos que condenaron a prisión perpetua al portero femicida Jorge Mangeri, le dieron diez meses en suspenso por su mordisco mechero. Julio Castro, el fiscal general que años después sería condenado por violar y golpear dos veces a su ex novia, que hoy enfrenta un juicio político en la Procuración con fuertes pruebas en su contra, fue el acusador.

La vida en la cárcel fue mucho más larga: sus registros muestran casi 7 años de cobro del sueldo chico de los presos por tareas comunitarias dentro de una cárcel del SPF, el último fue recibido en febrero de 2020, al filo de la pandemia. Apenas salió se metió en otro problema, una gresca que terminó con una causa por abuso de armas y resistencia a la autoridad.

La semana pasada, Verónica Dayana, ya con 30 años, reapareció con fuerza en el hampa porteña. La detuvo la Policía de la Ciudad en su refugio de la villa Zavaleta, una trabajo de la brigada de la Comuna 3 bajo las ordenes del Juzgado N°31. Su nuevo rol iba un poco más arriba, un ascenso con respecto a su vieja historia: la acusaban de ser la jefa de una banda de ladrones, todos varones, casi todos mayores que ella, algunos veteranos de la reincidencia también.

Los acusan de una serie de ataques, el primero ocurrió en noviembre del año pasado, un arrebato de una mochila a una joven peruana en el asentamiento, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. En esa mochila estaban las llaves de la verdulería de su cuñado en Balvanera. Así que fueron a robarla también, el 10 de febrero por la mañana. El verdulero intentó defenderse: le dispararon en el abdomen y la pierna y pasó semanas herido de gravedad en el hospital Ramos Mejía.

La banda dejó un rastro que la Policía porteña siguió. En los allanamientos, les encontraron 24 cartuchos de bala calibre 38, diez cartuchos calibre 22, tres cartuchos teflonados de 9x19, un pan de marihuana, nueve teléfonos celulares, hasta viejas insignias de la Policía Federal Argentina, algunas con un poco de óxido.

Otros cinco cayeron junto a Verónica. Uno de ellos tiene una historia particular: Cristian Luis Estela Armas cargaba con una probation de comienzos de 2019. Dos años antes, un juzgado militar peruano había ordenado que lo detengan por desertor. Aquí, en Argentina, logró un número de documento.

SEGUIR LEYENDO: