Detuvieron al empresario del juego que salpicó a políticos y fiscales vinculados a la corrupción en Santa Fe

Leonardo Peiti, un empresario de bajo perfil que maneja hace años licencias de casinos en Formosa, Misiones y Paraguay se convirtió desde el año pasado en el actor fundamental de la causa judicial más importante de los últimos años en Santa Fe. Hoy, en un giro de la historia, fue detenido en el coqueto barrio rosarino de Fisherton, en la zona noroeste. Está acusado por los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela lema de Rafaela de regentear juego ilegal en zonas como Rosario, Melincué y Rafaela. En esos expedientes, por otra parte, ya se encuentran imputados cuatro fiscales, de los cuales dos están presos por corrupción. Por otra parte, está bajo sospecha al menos un dirigente peronista de peso en la provincia.

Peiti fue noticia por primera vez en Rosario en julio de 2019, cuando dos gatilleros efectuaron cinco tiros calibre nueve milímetros contra un edificio y luego escribieron con aerosol la frase “Leo pagá”. Su nombre volvió a figurar mediáticamente, cuando cayó una organización dedicada al juego clandestino y extorsiones, cuyo cabecilla es Maximiliano “Cachete” Díaz, mano derecha de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la organización narco Los Monos.

Dentro de ese expediente, Peiti aparece como una persona que brindó datos a la banda para extorsionar a un hombre que tiene un local en el microcentro de Rosario. Sin embargo, no está imputado por participar de la extorsión.

En esos diálogos mantenidos con la organización, a través de “Cachete” Díaz, Peiti ofreció intermediar con un funcionario judicial para lograr la liberación de dos integrantes de la banda que habían caído con un arma calibre 9 milímetros. Esos detenidos eran, de acuerdo a las medidas libradas con celulares secuestrados en la causa, los que iban a ejecutar días después una balacera contra el casino City Center, al que buscaban extorsionarle plata en concepto de protección.

El empresario efectivamente mantuvo comunicación con un funcionario judicial que se llama Nelson Ugolini, secretario del fiscal Gustavo Ponce Asahad, para averiguar si él intervenía en esa causa por portación ilegal de arma de fuego y, en ese caso, “gestionar” la libertad. El propio empresario tomó captura al diálogo por WhatsApp y se las envió a “Cachete” Díaz. Esa evidencia fue encontrada en el teléfono de Díaz al momento de su arresto tras la balacera contra el casino en la que murió un gerente bancario que fumaba en un balcón del predio de la zona sur.

Ni el fiscal ni su secretario pudieron intervenir, según consta en la intervención telefónica, ya que la detención la había hecho Gendarmería –no la Policía provincial, con quien tendrían contactos– en la zona sur y estaba a cargo otro fiscal. La balacera luego se ejecutó, pero con otros sicarios.

El empresario del juego, al cobrar trascendencia pública la investigación, pidió hablar con los fiscales que estaban detrás de la organización. En Cañada de Gómez, Peiti declaró como imputador colaborador o “arrepentido” y destapó una olla de corrupción ligada al juego clandestino donde fue implicado hasta el jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal.

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery tomaron la declaración de “arrepentido” fuera de Rosario, casualmente, para que no se enterara Serjal ni Ponce Asahad. Constataron los dichos a través de videos y documentación incautada en allanamientos y avanzaron con la imputación a los tres funcionarios judiciales. Serjal y Ponce Asahad actualmente están imputados por asociación ilícita y juego clandestino. En el caso del ex jefe de fiscales de Rosario, está con domiciliaria, mientras que el otro está tras las rejas.

Los fiscales Edery y Schiappa Pietra dijeron en la audiencia imputativa contra Serjal y Ponce Asahad que si Peiti no fue imputado con antelación fue porque sus colegas presuntamente cobraron para encubrirlo, no investigándolo y haciendo lo posible para darle aviso antes de allanamientos.

La causa, que escaló por la gravedad institucional, no quedó ahí. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra detectaron tras varias intervenciones telefónicas y análisis de documentación que había más funcionarios judiciales sospechados. Llegaron a la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena, quien al momento de ponerse a disposición de sus colegas se negó a dar la clave de su teléfono para que se pueda acceder a su contenido. El otro fue Ramiro González, de Reconquista, quien tiene estrecha relación con dos hombres cercanos a Peiti e incluso viajó con uno de ellos, de acuerdo a datos confirmados por Migraciones.

En suma, son cuatro los fiscales imputados por causas de juego clandestino. Dos de ellos tienen prisión preventiva. Pero aún hay más: para los fiscales de Rosario Edery y Schiappa Pietra, Peiti mantenía reuniones desde 2017 con el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri. En ese marco, sospechan que el legislador provincial –jefe del PJ en el Senado santafesino– participa en el juego clandestino.

Los fiscales rosarinos pidieron a la Legislatura santafesina el desafuero de Traferri para imputarlo por juego clandestino, ya que consideraron tener evidencia suficiente para acusarlo por connivencia con Peiti. Sin embargo, los legisladores provinciales rechazaron esa solicitud, impidiendo la acusación.

Esta semana, una jueza penal de Rosario rechazó el planteo de Edery y Schiappa Pietra que pedían declarar inconstitucional el artículo del código provincial por el que no podían acusar al senador del departamento San Lorenzo.

Como contracara, la Legislatura tiene la potestad de sancionar o suspender a los fiscales. Y tras el episodio ocurrido con Traferri, el legislador lanzó un contraataque: creó una comisión de “seguimiento” de fiscales, a los que puede pedirle el estado de investigaciones. Es decir, personas investigadas por fiscales ahora tienen la facultad de conocer el estado de causas que podría involucrarlos.

Peiti estaba libre, pero siempre bajo investigación. En Rosario, además de la causa por juego clandestino, se investigaba cómo constituyó su patrimonio. Se allanaron casas de políticos, funcionarios y ex dirigentes de municipios de la región y empresarios de su entorno, entre ellos, Oscar “Poppy” Larrauri, el ex piloto de la Fórmula 1.

En Melincué, donde también fue investigado el padre de Peiti, el fiscal Matías Merlo pidió 8 años de prisión para el empresario por considerar que regentea el juego ilegal en al menos siete ciudades del sur provincial.

En tanto, en Rafaela parece estar considerado como un actor secundario, debajo del zar del juego David Perona, imputado por asociación ilícita y juego clandestino, quien falleció por coronavirus. Este jueves, los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema ordenaron su detención al avanzar en su propia causa por el mismo delito que ya es seguido en otras jurisdicciones.

Leonardo Peiti fue arrestado junto con su hermano. Ambos fueron trasladados a la Alcaidía de Rosario y serán imputados formalmente en las próximas horas. Una de las hipótesis que barajaban sus abogados del estudio Rossini es que las detenciones se dieron después de que “un policía declarara como arrepentido” en Rafaela. No obstante, reclamaron en diálogo con Infobae que “unifiquen las causas” por juego clandestino de distintas jurisdicciones contra su cliente, ya que en Rosario se encontraba en libertad pero ahora cayó por un expediente de la localidad del oeste santafesino.

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