Un juez de Misiones hizo lugar a un habeas corpus y ordenó la libertad de María Ramona Ovando, quien se encontraba detenida con una pena de 20 años de prisión, sin sentencia firme, por “no hacer lo suficiente” para evitar que se concretara el abuso sexual de su hija y nieta.
El año pasado, la mujer de 44 años y madre de doce hijos, fue condenada por el Tribunal Oral Penal N°1 del departamento de Eldorado. En el mismo juicio, los supuestos violadores recibieron una pena menor. Se trata de Marcos Iván Laurindo, quien recibió 18 años de cárcel, mientras que Lucas Ferreyra fue sentenciado a 12. Los dos tienen 23 años de edad y fueron hallados culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal.
Ayer, tras el fallo relacionado con la libertad de la acusada, Eduardo Paredes, unos de los defensores de Ovando valoró la actitud del juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, César Raúl Jiménez. “Esta resolución prestigia al Poder Judicial de Misiones frente a la mayoría de las resoluciones arbitrarias, con sesgo autoritario, y tiene un fuerte contenido de control de convencionalidad”, afirmó.
Por su parte, Roxana Rivas , otra de las defensoras sostuvo que “se está reparando en algo todo el daño que sufrió María, sus hijos y toda su familia en estos años de persecución judicial” y dijo que “nos llena de expectativas para lograr su absolución”.
El habeas corpus había sido presentado en diciembre último por Nora Cortiñas, de la organización Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. El fallo del juez llega después de la audiencia en la cual el magistrado escuchó los detalles del habeas corpus que determinarían su excarcelación, entre ellas su estado de salud y que la sentencia por abuso sexual aún no está firme.
En este caso y por las circunstancias que impone la pandemia, la medida debió realizarse por teleconferencia, con Ovando y sus defensores desde la Unidad Penal V, en Miguel Lanús, y el magistrado y demás partes en su despacho de los juzgados correccionales de la avenida Centenario casi Santa Catalina, de Posadas.
Los letrados se explayaron sobre la situación previa al juicio oral de octubre 2020 ante el Tribunal Penal de Eldorado, al que Ovando llegó acusada pero en libertad, y como el carácter de no firme del fallo debería beneficiarla porque durante la instrucción y hasta el debate “estuvo a derecho, se presentó en cada citación judicial y no entorpeció el trámite de la causa”.
En octubre del año pasado, los camaristas Lyda Gallardo, Teresa Ramos y Eduardo Jourdán, integrantes del Tribunal Penal de Eldorado, condenaron 20 años de prisión efectiva a Ovando tras el pedido del fiscal Federico Rodríguez, quien la consideró penalmente responsable y “cómplice primaria de los abusos y partícipe o facilitadora de corrupción agravada por el vínculo” y pidió su inmediata detención.
Además, los mismos jueces sentenciaron a dos allegados a Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, a 18 y a 12 años de cárcel, respectivamente.
El proceso contra María se inició cuando fue separada de sus hijas a principios de 2015, después de que una maestra realizara una denuncia al considerar que los hijos de la mujer tenían cierto grado de abandono y reflejaban supuestos malos tratos en el hogar.
Fue entonces que la ex suegra de Ovando, Euvarta Godoy, denunció que las nenas le habían contado los abusos que aparentemente sufrieron mientras estuvieron al cuidado de su madre, en Eldorado. La revelación de las nenas a su abuela fue después de que por disposición de la jueza de Familia, Margarita Potschka, Ovando fuera separada de la menores.
Allí se generó uno de los contrapuntos del caso. La defensa de la mujer -a cargo de los abogados Roxana Rivas, Eduardo Paredes y Jose Luis Fuentes- aseguró que los presuntos abusos habrían sucedido, “cuando las niñas ya no estaban al cuidado de María”.
Los letrados sostuvieron a la agencia Télam que se acusó a Ovando de “haber permitido o no haber impedido el abuso sexual hacia una de sus hijas cuando las mismas ya no vivían con ella por disposición también arbitraria e injustificada de la jueza Potschka, quien en una audiencia realizada el 10 de marzo de 2015, con graves irregularidades, decidió retirarle la guarda de sus hijas menores y entregárselas a los supuestos abuelos paternos”.
Las sospechas recayeron primero en Laurindo y Ferreyra, amigos de María en una escuela nocturna y luego se inició el proceso contra la mujer. Con anterioridad, en 2012, Ovando fue juzgada por “mala madre” pero la Justicia misionera la absolvió tras estar 20 meses presa.
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