
Adelaida Castillo, 58 años, oriunda de Salvador Mazza, provincia de Salta, cayó con las manos en el volante. Los proveedores narco suelen manejar todo a control remoto, pero según la acusación en su contra, Adelaida hizo el traslado ella misma. Gendarmería Nacional la encontró el jueves por la noche en la zona de Ibarlucea, a 12 kilómetros de Rosario, luego de seguirla por días bajo las órdenes de la PROCUNAR con los fiscales Diego Iglesias y Eduardo Villalba, con la firma del juez federal Julio Bavio. La mujer era parte de un convoy de tres camionetas. En la suya había 25 kilos de cocaína, a simple vista en cajas, con total impunidad. En el resto de las camionetas había mucho más: el pesaje final marcó 382 kilos de polvo.
Adelaida quedó detenida. Todavía se desconoce quién era el real dueño de toda esa cocaína, con marcas de diversos productores de la selva boliviana o peruana, en una causa todavía bajo investigación. Entre los sellos de los panes, por ejemplo, se encontró la cara de Raúl Ruidiaz, futbolista peruano hoy en los Sounders de Seattle, un hallazgo un poco insólito. Adelaida se había convertido en una prófuga particularmente escurridiza. Hacía cuatro años que la buscaban, sin poder atraparla. Su título en el hampa era pesado. La Justicia la acusa de ser la presunta proveedora de cocaína del clan de Valdemar Loza, “El Tío”, condenado a 15 años de cárcel por el Tribunal Federal N°2 de Salta en diciembre del año pasado.
“El Tío”, salteño también, era una leyenda viva en el negocio local de la droga. Valdemar y su hermano Erwin se habían convertido los corredores trasnacionales de cocaína más grandes de la Argentina desde el fallecido abogado Carlos Salvatore, el hombre detrás de la causa Carbón Blanco. Erwin, con una logística prácticamente separada de la de su hermano, tenía un gusto por la opulencia, con una gran mansión en San Isidro. En una cochera de San Telmo, Erwin guardaba quizás su posesión más preciada: la Ferrari F355 que a mediados de los 90s fue propiedad de Diego Armando Maradona.
Erwin, hoy preso, aguarda su turno para sentarse en juicio. Antes de ser condenado, Valdemar había pasado los dos últimos dos años de su vida preso en la cárcel federal de Güemes en una celda por el delito por el cual lo condenaron: mover 1.100 kilos de polvo en diciembre de 2017.
Valdemar fue arrestado en un galpón en Tapiales, provincia de Buenos Aires. La Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA se encargó de esposarlo tras la investigación de la PROCUNAR. Una serie de escuchas telefónicas llevaron hasta él: su alias y su número surgieron de una causa narco previa. Las intervenciones telefónicas hablaban de un jugoso negocio a cargo de “El Tío”, que no sería otro que Loza mismo, con una entrega pactada en un galpón sobre la calle Talcahuano en Tapiales.
Para ese entonces, el nombre de Adelaida ya sobrevolaba el mundo de los Loza, una organización con complejas redes tejidas en España -donde fueron espiados por la Justicia de Málaga- y trucos como el preñado, disimular cocaína en embarques de bananas que viajaban por barco. La camioneta en la que cayó Valdemar, curiosamente, estaba a nombre de Adelaida. 860 kilos de esa tonelada viajaban con él. Castillo ya tenía nombre y peso propio, formada en el mundo clandestino de los bagayeros que pasan mercadería de forma ilegal entre Bolivia y Salta. Se sospecha que tuvo discípulos, que fue maestra de traficantes, que hasta controla sus propias rutas aéreas, una rival digna de uno de los capos más pesados en su rubro, Delfín Castedo.

La caída de los Loza, evidentemente, no acobardó a Adelaida, que redobló la apuesta y tomó riesgos groseros. A un narco que trabaja con marihuana, perder un cargamento no le duele. El costo de un kilo en Pedro Juan Caballero es barato: 30 dólares, un número histórico. La cocaína vale más, cerca de dos mil dólares al pie del productor. 382 kilos ascienden a 764 mil dólares de costo base, ni hablar de una ganancia potencial. Eso, básicamente, duele.
El 12 de diciembre de 2018, Erwin Loza fue arrestado por Gendarmería Nacional en un operativo de 47 allanamientos bajo las ordenes del juez Pablo Yadarola del fuero en lo penal económico, en un expediente instruido por el fiscal Pablo Turano y la PROCUNAR. Cayó junto a su mujer en su mansión de Martínez. Su fortuna era obscena, su nombre se repetía en un rastro de empresas y prestanombres con una compleja red de compra de propiedades y autos, más de 40 operaciones sospechosas para todo el clan de hasta 2 millones de dólares que incluían hoteles en Salta.
La Ferrari de Maradona no estaba a su nombre. Tenía una cédula azul para conducirla. La había puesto a nombre de una de sus tantas empresas, llamada Automóviles The Boss, o Automóviles El Jefe.
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