Aberrante: un político de Misiones admitió haber esclavizado y violado a sus tres hijastras

Juan Carlos Aguirre era una figura pública, una persona relativamente conocida en la localidad de Almafuerte y otras ciudades cercanas en el departamento Leandro N. Alem, al sur de la provincia de Misiones. Aguirre, un chacarero de 68 años de edad, era un referente político del Partido Agrario y Social (PAyS) y llegó incluso a ser candidato a intendente de su ciudad, de apenas mil habitantes, por esa agrupación en las elecciones del 2015.

Dos años después del intento fallido de ser el jefe comunal de Almafuerte, más precisamente el 9 de marzo de 2017, el agricultor fue detenido en el barrio Juan Pablo II de Leandro N. Alem y trasladado a una penitenciaría, según documenta el diario Primera Edición. La menor de sus tres hijastras, hijas biológicas de una mujer que había sido su pareja, decidió romper el silencio cuando su madre murió y acusó a Aguirre de haberla sometido sexualmente durante años. Luego, sus hermanas hicieron lo mismo y una tía de ellas decidió presentar la denuncia formal.

El viernes pasado, desde la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, Aguirre admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y aceptó una condena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo por esos delitos que espera ser homologada por un tribunal.

Los hechos por los que lo acusan se remontan a algunos años atrás, aún en la época en que Aguirre anunciaba su candidatura y las víctimas todavía eran menores de edad y estaban a su cuidado. En ese campo, ubicado en el lote N° 46 de Almafuerte, el padre biológico de las víctimas empezó a trabajar como peón tras el fallecimiento de la madre de sus hijas y las tres chicas habrían sido obligadas a realizar trabajos forzados, bajo amenazas constantes y castigos físicos, según consta en la causa.

La menor de las tres, la primera que denunció los abusos, tenía 13 años cuando decidió contarle a una prima a través de mensajes de texto que desde sus 9 años era abusada por su padrastro. Una de sus hermanas relató luego que ella también había sido abusada entre sus 13 y sus 15 y, la tercera, que había sido sometida durante un período de siete años, entre sus 14 y sus 21 años de edad.

Las víctimas relataron ante la Justicia –según consta en el acta judicial que firmó el mismo Aguirre desde la cárcel y a la que tuvo acceso Infobae– que su padrastro había abusado de ellas en varias oportunidades en distintos lugares y situaciones dentro del mismo campo: mencionaron un dormitorio que había al lado de un chiquero, unas plantaciones de mandarina y un aserradero. Una de ellas aseguró además que, si se negaban a acompañarlo a estos lugares donde ocurrían los abusos, su “patrón” y padrastro abusador las golpeaba ferozmente con una manguera o directamente con los puños.

En las últimas semanas, el fiscal Martín Alejandro Rau, titular de la Fiscalía del Tribunal Penal 1 (que actualmente está como subrogante de la fiscalía del Tribunal 2), presentó al abogado defensor de Aguirre, Julián Arias de León, una propuesta de juicio abreviado con una pena acordada de 14 años para evitar ser juzgado en un proceso oral por el Tribunal Penal 2 de Posadas.

Según reveló a Infobae una alta fuente de la investigación, al día siguiente de la oferta, apenas 24 horas más tarde, Aguirre –que ya lleva tres años preso y sabe que podría enfrentarse a una pena mayor– aceptó la propuesta. Si bien en algunas provincias la modalidad de juicio abreviado supone un límite en la pena, en la provincia de Misiones esa limitación no existe y puede llegar a acordarse de esa forma incluso una condena a prisión perpetua.

De esta manera, la semana pasada, Aguirre se reconoció culpable durante una videollamada de WhatsApp (como medida de prevención por la pandemia de coronavirus), de la que participaron representantes de la Fiscalía y su abogado, de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia” en perjuicio de dos de sus hijastras y “abuso sexual agravado con acceso carnal agravado por ser tutor” en el caso de la tercera, de la cual la Justicia le había otorgado la guarda tutelar, todo en concurso real.

Desde la cárcel, Aguirre firmó el acta frente a un funcionario judicial que certificó su firma y el acuerdo fue remitido ahora a los jueces del Tribunal, que deberán aceptarlo o rechazarlo si consideran que la calificación legal no es correcta o que es necesario establecer un mejor conocimiento de los hechos antes de condenarlo. En ese momento, Aguirre tendrá la oportunidad, en una nueva audiencia por videollamada, de ser entrevistado por los jueces y reiterar su conformidad con el acuerdo.

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