Los integrantes del Sistema de Control de Cárceles mantuvieron una reunión virtual con la ministra Marcela Losardo

Un nuevo encuentro del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles se realizó el jueves con el objetivo de relevar la realidad carcelaria de todo el país. La novedad es que de este encuentro participaron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, la flamante subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, junto con 65 magistrados judiciales y de los ministerios públicos.

El juez Gustavo Hornos, presidente del Sistema, destacó el contexto de crisis sanitaria, social económica e individual que se vive en el país que “afecta los derechos de todos”, particularmente en lo que se refiere a la atención adecuada de salud en contexto de encierro -acceso a alimentación adecuada e higiene- y también a la comunicación con la familia y con los abogados. Señaló que, en el caso de los magistrados, el control de las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad “constituye un imperativo no sólo jurídico sino ético”.

Hornos resaltó que frente a la crisis, el rol del Poder Judicial “lejos de retraerse debe ser desarrollarse”, y que eso implica mayor control judicial de la efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad como lo ordena la Constitución Nacional.

Garrigós, además de formar parte del Sistema en su calidad de jueza de Casación Nacional, apoyó e impulsó la Recomendación V sobre Habeas Corpus Correctivo. En este sentido, advirtió la preocupación por el trámite de las acciones de habeas corpus en la actualidad; entre otras cuestiones de las que se está ocupando en su rol de interventora.

También participaron los jueces Alberto Lugones, Daniel Morin, Roberto Lemos Arias, Juan Ignacio Pérez Curci, Gabriel Vega, Sergio Paduczak, Noel Costa y Ana D`Alessio; el representante del CELS y de la Asociación Pensamiento Penal también expresaron su visión como miembros consultivos y especialistas en cuestiones carcelarias. Lo mismo que los representantes de la Comisión de Cárceles y de la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación.

Como en otras oportunidades y en representación de los familiares de detenidos, participó de la reunión Andrea Casamento, quien tuviera una trascendente intervención en la pacificación del espacio carcelario cuando estalló el conflicto de la cárcel de Devoto el pasado 24 de abril.

El Sistema cumplió el mes pasado siete años de existencia activa. Se trata de una iniciativa judicial inédita en Latinoamérica. Fue creado el 26 de junio de 2013, cuando Hornos, desde la posición de presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, convocó a las Instituciones representativas de los principales sujetos del proceso penal a la conformación de un Sistema Interinstitucional para la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad.

Se encuentra conformado por jueces y juezas de diversas jurisdicciones territoriales e instancias, por representantes del Ministerio Público Fiscal, fiscales de la Procuración General de la Nación –particularmente la Procuraduría contra la Violencia Institucional-, el Ministerio Público de la Defensa mediante sus Comisiones de Cárceles, de Violencia Institucional, de Niños Niñas y Adolescentes y de Género; y la Procuración Penitenciaria de la Nación.

También, intervienen en carácter de miembros consultivos y como representantes de la sociedad civil y control ciudadano, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –entidad rectora de la matrícula profesional- y el Centro de Estudios Legales y Sociales (C.E.L.S.) –como Organización no Gubernamental de reconocida trayectoria en la materia-. En el año 2017, se incorporaron la Asociación Pensamiento Penal y la Comisión Provincial por la Memoria que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

“Más allá de los altos objetivos que originalmente se habían propuesto desde el Sistema en relación al desarrollo de una vida digna en prisión, educación, capacitación, posibilidades de inserción laboral y social y otros aspectos postpenitenciarios; la realidad que fueron relevando marcó una agenda distinta, más urgente”, explicaron desde el Sistema.

Las reuniones del Sistema –llamadas Encuentros- se constituyeron en una Mesa de Diálogo directo con las autoridades políticas y penitenciarias a cargo de la custodia en sí misma útil y valiosa para el seguimiento de las múltiples observaciones, la mejora progresiva de las condiciones de detención en sus variados aspectos y la discusión de cuestiones de política penitenciaria. Por su parte, las autoridades tuvieron una predisposición positiva para reconocer el valor del Espacio, aceptar las Recomendaciones y sentar las bases del diálogo entre las instituciones.

Ante la difícil situación que se encuentra atravesando el mundo entero y nuestra sociedad actualmente por la pandemia del Covid-19, la que se agrava en los contextos de encierro; los integrantes del Sistema emitieron la Recomendación VIII. De conformidad con los señalamientos de la OMS, se efectúan sugerencias sobre cómo tratar un caso sospechoso y la aplicación en los establecimientos carcelarios de los protocolos que se dicten por el Ministerio de Salud de la Nación debidamente actualizados. Además, se sugiere la intensificación de la entrega de elementos de higiene y alimentos y se destaca la importancia de hacer posibles formas de comunicación entre los internos y sus familias.