Otorgaron la prisión domiciliaria a los policías imputados por el ataque a familia Qom en Chaco

Tras un pedido de la defensa, el Ministerio Público Fiscal de Chaco le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia del COVID-19 a los cuatro agentes de la policía de esa provincia imputados por el ataque a una familia Qom ocurrido el domingo 31 de mayo en la ciudad de Fontana de esa provincia. La Justicia entendió que los policías pertenecen al denominado grupo de riesgo debido a que adujeron distintos tipos de padecimientos.

El oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera están imputados, hasta el momento, por los delitos de vejaciones agravadas en concurso real con allanamiento ilegal y acusados por privación ilegítima de la libertad, torturas, allanamiento ilegal y apremios por los fiscales subrogantes Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala, de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, en un expediente en el que el Estado provincial se constituyó como querellante. Tres de ellos quedaron presos en el cuartel de Bomberos de Resistencia y el otro está en la comisaría de Colonia Benítez. Los policías estuvieron detenidos desde el 10 de junio pasado hasta esta tarde.

Ese domingo 10 de mayo por la madrugada, cuando ocurrió el hecho, el grupo de agentes imputados ingresó por la fuerza a un domicilio de una familia de la comunidad Qom. En un violento operativo dentro de la casa, se llevaron detenidos a cuatro jóvenes, entre ellos a dos mujeres, una menor de edad. A las pocas horas, tras ser puestos en libertad, denunciaron abusos sexuales y torturas dentro de la comisaría. Además, en la acusación realizada ante la Justicia se describe que los jóvenes recibieron una golpiza y terminaron con heridas en el rostro y en el cuerpo.

Las violentas imágenes del operativo fueron reveladas por un video filmado por un celular que rápidamente se viralizó. Frente a la escalada que tomó el caso por el impacto de las filmaciones y el repudio de varias organizaciones de Derechos Humanos, la gobernación del Chaco había dispuesto el pase a disponibilidad de los agentes.

Según se puedo reconstruir, momentos previos al ataque unas 30 personas de la comunidad fueron a manifestarse frente a la comisaría 3 de Fontana. Se habían juntado para reclamar por maltratos y discriminación permanente contra las personas del barrio. Eso propició el ataque salvaje de los policías en la casa de esta familia Qom.

La versión policial indicaba que en ese grupo algunas personas lanzaron botellas y piedras contra la dependencia policial. Y que eso derivó en una persecución que terminó con los delitos graves que se vieron en las filmaciones viralizadas. Pero los investigadores no recolectaron pruebas suficientes de que el ataque de los vecinos haya existido.

Lo que relataron las víctimas fue diferente. Y es lo que se ve en los videos. Un grupo de agentes que irrumpe violentamente y armados a una casa sin orden de allanamiento. “Me agarraron a mí y a mi hija del cabello, eran seis policías. Y el oficial Hernández me pegó con la 9 (milímetros). A mi hijo y a mi sobrino los desfiguraron. En mi casa se encontraron cartuchos, se encontraron balas”, relató la dueña de casa en uno de los videos que se difundieron tras el ataque. Sin embargo, entre los detenidos no figura nadie con el apellido Hernández.

La detención de los agentes de la fuerza de seguridad de Chaco se dio después de las declaraciones por videoconferencia de tres de las víctimas y de una testigo. A partir de eso, tanto la fiscalía como la querella estatal pidieron la prisión preventiva dado que consideran que existe un riesgo cierto de fuga y la posibilidad de que los imputados puedan entorpecer en la investigación.

Esta tarde, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, se les otorgó la morigeración de la prisión preventiva. Según detallaron las fuentes del caso, la defensa de los agentes alegó que los policías contaban con problemas de salud entonces era peligroso que continúen en un calabozo debido al coronavirus.

El beneficio dictado por la fiscalía se dio en el contexto en que ayer se conoció en Chaco la primera muerte de un policía en el país por COVID-19, la provincia es una de las más afectadas por la pandemia.

Se trata del subcomisario René Pogonza, quien se contagió el virus tras una visita de una comitiva liderada por la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Madgalena Odarda. El grupo tuvo varios contagios destacados: Odarda dio positivo a las pruebas de hisopado junto a tres miembros del gabinete del gobernador Jorge Capitanich.

Debido a este hecho, en estos momentos, según describieron, la fuerza provincial analiza realizar un acuartelamiento en reclamo ante la falta de elementos de protección necesarios frente al COVID-19. Bajo ese contexto, la fiscalía aceptó lo solicitado.

Según el dictado al que tuvo acceso Infobae, donde se justifica cada caso, al cabo Flores le otorgaron la prisión domiciliaria porque “padece una fractura en el tobillo” y tiene que hacer reposo. Luego, sobre el sargento Benítez, se detalla que “sufre de asma e hipertensión” por lo que debe hacerse “nebulizaciones para el control del broncoespasmo en episodios agudos, tratándose de patologías de tratamiento crónico y ambulatorio; considerándose de riesgo frente al covid”. Lo mismo sucede, según el escrito, con el oficial subayudante Foschiatti.

Y por último está el caso el agente Cabrera que, según se expresa, “no forma parte de grupo de riesgo frente al COVID- 19, cabe considerar que la situación sanitaria se está agravando en la región, siendo la provincia uno de los puntos más críticos de todo el país, por lo que este Ministerio Público entiende que, en este caso concreto, corresponde también realizar una morigeración de la detención”.

Así, según confiaron a este medio, la querella de la causa apelará lo resuelto por los fiscales. “Entendemos, que dos de estas personas se encontraría en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria ya que aparentemente son personas de riesgo ante Covid-19, pero los otros dos imputados no forman parte de la población de riesgo, por lo que entendemos que nuevamente la violencia institucional se encuentra legitimada y avalada por las autoridades locales, ya que siempre son los agentes de las fuerzas de seguridad imputados por delitos de este calibre los que acceden a privilegios y beneficios, que otros privados de libertad no”, sostuvieron.

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