Enrique Blaksley, acusado de la mayor estafa de la historia argentina, pidió salir de la cárcel por el coronavirus: la Justicia se lo negó y seguirá preso un año más

Hace un año atrás, mientras la Justicia federal pedía la elevación a juicio de Enrique Blaksley, alguien cercano al financista y empresario hablaba con Infobae a las puertas de los tribunales de Comodoro Py. El hombre tiró su cigarrillo al piso y miró a un camión del Servicio Penitenciario Federal en la rampa de acceso, tres hombres de borcegos y fajina gris trasladaban a un detenido a declarar.

Mientras arrastraba la brasa con el zapato, el hombre decía:

“A Enrique, con toda la gente a la que clavó, lo mejor que le puede pasar es que lo dejen adentro”.

Blaksley ya estaba preso desde septiembre de 2018, cuando la Policía de la Ciudad lo arrestó en su casa del country Pacheco Golf. Fue encerrado en el penal de Ezeiza, donde fuentes penitenciarias aseguraban que había “pegado buena onda” con “El Pata" Medina, el jefe platense de la UOCRA, preso por lavado. Blaksley compartía acusaciones similares a las de su amigo tumbero, lavado y estafa, ser el jefe de una asociación ilícita, con una investigación a cargo de la fiscal Alejandra Mangano y la jueza María Romilda Servini.

La “gente a la que clavó”, según la Justicia federal, parecía ser mucha: sus ex colaboradores convertidos en detractores contaban café de por medio cómo una señora mayor que le entregó su dinero supuestamente se abalanzó desesperada sobre el Audi del empresario tras meses de reclamos.

Con su firma Hope Funds y su serie de subsidiarias, con una aceitadísima maquinaria de imagen pública que incluía eventos internacionales con figuras como Roger Federer más un pequeño pero feroz ejército de vendedores a los que premiaba con viajes por el mundo, su negocio consistía en ofrecer contratos de mutuo: los inversores -empleados con sus indemnizaciones, familias con sus ahorros, empresarios, lo que sea- aportaban su plata bajo la promesa de recibir fuertes retornos con intereses de más de un 12 por ciento, como si fuese magia. Pero, según la acusación, la plata no volvía.

Durante los últimos años, la Justicia federal calculó y recalculó el monto final del daño una cifra que nunca terminaba de expandirse. Cuando Blaksley y sus asociados fueron elevados a juicio, el cálculo asciende a $ 1.500 millones: $ 184 de estos millones corresponden a los 318 damnificados que se presentaron en el expediente, con 42 sociedades y 3 fideicomisos inmobiliarios en el ámbito nacional, y 66 sociedades en el exterior. Los departamentos entre Miami y Panamá ascienden a 16, por valores de USD 4 millones. Para recabar información, la Justicia envió 22 exhortos a nivel internacional.

Hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, Blaksley intenta salir de Ezeiza. Ante el Tribunal Oral Federal N°4 integrado por el juez Néstor Costabel, su defensa planteó no solo que reciba la libertad ambulatoria por el riesgo de la entrada del COVID-19 al sistema penitenciario, aunque todavía no hay un caso confirmado en todo el país, sino que se dicte el cese de la prisión preventiva ante el vencimiento del plazo en el horizonte. El Tribunal no solo rechazó cesar o morigerar su prisión preventiva: ordenó extenderla un año más, según la decisión del juez Costabel a la que accedió Infobae.

Las querellas contestaron rápidamente. Los abogados Ezequiel Altinier y Gonzalo Romero Victorica fueron los denunciantes originales en la acusación por estafa: Altinier apuntó a “la multiplicidad de actos de obstrucción a la justicia que ha desplegado el procesado, valiéndose de todo un entramado de sociedades y cómplices a lo largo y ancho del planeta, sumado a la gravedad y multiplicidad de delitos reprochados, que le auguran una elevadísima pena cuando se dicte su condena” y al “peligro de fuga y entorpecimiento de causa” que implican en sus cálculos un Blaksley fuera de Ezeiza. Los abogados Hernán Vega y Víctor Varone, del estudio Iezzi & Varone, también son querellantes y representan a un contingente de víctimas.

Abel Córdoba, el fiscal de juicio, apuntó lo evidente: Blaksley, al ser acusado de ser el líder de la asociación ilícita, no tendrá una pena condicional. Será cárcel o cárcel. Los pedidos tampoco le parecían nuevos. El TOC N°4 ya le había rechazado la libertad al empresario el 26 de diciembre pasado. Por otra parte, Córdoba aseguró que la Justicia lo sigue investigando, que hay averiguaciones en proceso sobre cuentas bancarias en el país y en el extranjero. Habló de informaciones recientes enviadas las autoridades de Nueva Zelanda, las Islas Vírgenes Británicas, la República de Letonia.

Sobre el coronavirus, el fiscal aseguró que Blaksley simplemente no es una persona de riesgo, que el SPF ya tomó medidas. La AFIP, otra querellante en el juicio -todavía sin fecha definida de inicio entre prórrogas y el ingreso de nuevas pruebas- también se opuso a que salga, afirmó que el planteo de Blaksley sobre el virus no es concreto sino apenas potencial.

Así, Costabel comenzó a enumerar sus motivos para dejarlo encerrado: habló de “las maniobras que habría efectuado de ocultación de bienes para no hacer frente a deudas con las víctimas”, de “la comprobación de la existencia de propiedades suyas en el extranjero, concretamente en Panamá, Marruecos, Indonesia y Estados Unidos”, jugadas con cheques millonarios a supuestos acreedores que terminaron bajo sospecha, otras supuestas jugadas con una mutual militar de seguros de vida.

También, el riesgo más grande para el juez, que apenas salga, Blaksley comience a mover dinero negro en el exterior, lo que lleva a una pregunta que muchos se hicieron a lo largo de más de cinco años de investigaciones en contra del empresario: “Si la tiene, ¿dónde la metió?”

Seguí leyendo: