Quién es el “sospechoso de siempre” acusado de lavar una fortuna del negocio internacional de la cocaína

En 2011, Diego Alejandro Di Sipio fue a Tribunales a que le limpien el pasado. Entabló una demanda contra Google y una poderosa empresa periodística argentina: exigió que borren cualquier mención a su nombre, invocando el artículo 43 de la Constitución Nacional. El caso llegó eventualmente a la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, luego de que un juez en primera instancia rechazara sus pedido. Dos jueces de la Sala I consideraron desierto su reclamo en febrero de 2014 para que se “eliminen los datos personales de los portales de Internet de las empresas demandadas que dan cuenta de noticias que lo relacionan con el narcotráfico”.

Hoy, más de cinco años después, Di Sipio está irónicamente preso en una celda de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en la avenida Libertad, luego de que la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la PFA lo arrestara tras allanar su departamento en Puerto Madero, en una causa junto a otros once detenidos. El juez federal de Morón Néstor Barral y el fiscal Santiago Marquevich lo acusan, básicamente, de volver a su vieja historia.

Las viejas menciones en los recortes hablaban de cosas un poco terribles. En noviembre de 2006, un artículo de Página/12 que reproducía a fuentes italianas lo señalaba como la parte argentina de una megared narco, la boca de provisión de la N’Dranghetta, la mafia calabresa, con dos cómplices ligados a un supuesto laboratorio de polvo en General Rodríguez. Dos años después, un artículo de Clarín decía que la Federal lo había detenido en Haedo en una casa de la calle 11 de Septiembre, está vez acusado por la Fiscalía Antimafia de Trento, Italia, de ser el organizador del envío a ese país de 1.700 kilos de cocaína oculta en grandes barcos que cruzaron la isla de Ibiza en España.

Di Sipio reaparecería en agosto de 2015, un diario de Valencia mencionaba cómo lo habían detenido por “blanquear millones de euros del tráfico de drogas”.

Marquevich, que subroga la Fiscalía Federal Nº1 de Morón a cargo de Sebastián Basso, entregó un pedido de 20 allanamientos: los objetivos incluían departamentos, los estudios de escribanos y contadores que llevaban los papeles y las finanzas de Di Sipio, las inmobiliarias que manejaban sus propiedades, el fiscal ordenaba abrir cajas fuertes, secuestrar documentos las casas de sus allegados. Su primo Gonzalo figuraba prominentemente entre los requerimientos de romper puertas. Un informe de la UIF había sido la primera alerta, hablaba de la compra de tres inmuebles a nombre de Gonzalo en San Isidro, Pilar y Tigre en menos de un año: tres de sus familiares, más allá de Diego Di Sipio, habían sido condenados por causas de drogas. Uno de ellos, Rodrigo Blanco, había fallecido. El Tribunal Federal Nº2 de San Martín lo condenó en 2002 a doce años de cárcel: Di Sipio estuvo acusado en esa causa, pero fue absuelto.

Los investigadores recibieron papeles desde España que detallaban el proceso en contra de Di Sipio en la Sección Novena de la Audiencia Provisional de Barcelona. El fiscal provincial Roberto Valverde sostuvo en su acusación: “Durante la primera década de los años 2000, tanto el acusado Diego Alejandro Di Sipio como sus hermanos desarrollaron una intensa actividad delictiva vinculada con el tráfico de drogas entre España, Italia y Argentina”. Se menciona a un hermano en particular, Fabián: según información de la causa lo condenaron en enero de 2007 en Trento a 7 años y cuatro meses en una jaula y una multa sideral de 12 millones de euros por llevar 40 kilos a Milán cuatro años antes. Diego Di Sipio también fue investigado en ese expediente, sospechado de llevar un poco más, una carga madre de 200 kilos. El Tribunal de Trento lo absolvió. Las pruebas no alcanzaron.

Tiempo después lo vincularon a un catalán, una figura borrosa que fue supuestamente su testaferro con una cuenta en Andorra. Los depósitos se habrían hecho en junio de 2012, cinco entradas por más de 200 mil euros a que luego le volverían a Di Sipio en otra cuenta española. La operación falló, con una bandera roja del banco que recibió el dinero.

Di Sipio, registrado en los rubros inmobiliarios para comerciar, miembro del directorio de una empresa dedicada en los papeles a la construcción, le entregó sus datos a la AFIP a lo largo del tiempo. Los números no cerraban, al menos para la Federal, que los analizó y detectó crecimientos insólitos supuestamente justificados con deuda tomada a varias empresas, algunas de su grupo familiar, un total patrimonial de 2,5 millones en 2013 que se catapultó a 25,6 tres años después. Otra imputada en su causa se acogió al sinceramiento en 2016, declaró propiedades que sus cifras no podrían justificar.

Otro implicado en la causa, familiar de Di Sipio, tiene un estrecho vínculo con el principal imputado en la segunda parte de la causa de Marquevich y Barral: un hombre acusado de ser el jefe detrás de un esquema dedicado a adulterar nafta para venderla a granel o en estaciones de servicio de Haedo y Morón, una mezcla de gasoil con biodiesel. La nafta floja no es lo único. También lo acusan de robar gas natural de un caño.

Así, la Federal fue y allanó. Encontraron autos y motos de alta gama y de colección, más de 3 millones de pesos y cerca de 37 mil dólares.

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