El juez federal del Juzgado Nº 5 Civil y Comercial de la Capital Federal, Patricio Maraniello, visitó el estudio de Infobae y fue entrevistado por la doctora Marcela Losardo en el ciclo Justicia Abierta. El magistrado se refirió al incremento de los casos litigantes referidos a los amparos de salud y la carta de ciudadanía. Pero a su vez, manifestó que uno de los problemas del Poder Judicial es el gran porcentaje del presupuesto que se destina a sueldos.

—¿Qué hace un juez civil y comercial federal?

—El fuero civil y comercial tiene una competencia tradicional de hace muchos años, patentes y marcas, derecho aeronáutico y marítimo. Son materia federal. Desde el año 2010 al 2018, aproximadamente, dentro de ese caudal de causas que son las tradicionales y otras que no lo son, pero que  han tenido una relevancia muy importante en los últimos años. El amparo de salud y la carta de ciudadanía. Eran su gran mayoría, ¿no? Después se fueron incrementando con otras, por ejemplo, con el tema de los cortes de luz.

—¿Y las prepagas?

—El tema de las prepagas, el de los programas de participación (los famosos PPT). Pero me quiero detener en esto, el año 2010 tenía un 30% entre amparos de salud y carta de ciudadanía. Hoy alrededor del 78% de las causas de todo el fuero son amparos de salud y carta de ciudadanía.

—Esto nos está marcando  la necesidad de un rediseño de la política pública. 

—Sí, totalmente. Porque no solo nosotros nos ocupamos ante temas de salud, de cumplimientos de ley, sino también del cumplimiento de obras sociales y medicina prepaga. De leyes y tratados internacionales que muchas veces se incumplen. En el año 2010 tenían unas 2.000 causas y pasamos a tener 4.000 o 5.000 causas.

—La mitad de los juicios…

—Son amparos de salud. Además con la gravedad que reviste esto y la particularidad que existe. Primero nosotros lo que tenemos que hacer como jueces es cumplir lo que determinan la ley y los tratados internacionales, que obligan a cumplir ciertas cuestiones…

—Cuando suscribimos un tratado internacional estamos asumiendo un compromiso. El Estado lo tiene que cumplir, los jueces tienen que hacer que los cumplan y la gente tiene que saber que tiene esos derechos.

—En el año 2014 recordamos que una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que si bien se aprobó en el año 2008, hace 5 años se le dio jerarquía constitucional. Con lo cual son tres instrumentos internacionales que tienen una jerarquía constitucional. Dentro de la discapacidad hay muchas acciones positivas que el Estado no solo debe cumplir por una obligación nacional, a través de una ley, sino a través de un tratado internacional que hoy por hoy tiene la misma jerarquía que la Constitución. Y muchas veces nosotros nos enfrentamos con un problema muy importante a nivel de justicia social. Hay un medicamento  que es uno de los diez más caros del mundo, que cura una enfermedad que es la atrofia muscular espinal. Primero es el único posible para curarla y el monto de ese medicamento es de 750.000 dólares la primera dosis en un año.

—Creo que se necesitan cuatro dosis.

—Y 300.000 las restantes. Al inicio necesitás 750.000 dólares, la primera, que tiene un efecto por un año, y después 300.000 las que vienen a implementarse con posterioridad.

—Tal vez habría que diseñar una política pública y encontrar todos estos temas para ver cómo se pueden solucionar, ¿no? 

—Si bien nosotros nos ocupamos en solucionar cada caso, también hay que buscar soluciones más macro para sentarse con las autoridades y que tengan una solución más genérica, ayudando de parte del Poder Judicial a establecer normas o establecer cómo efectivamente podemos cumplir los amparos que nosotros cotidianamente tenemos en lo que hace a la salud.

—Y no debe ser fácil negarlo, ¿no? Deben ser los temas más difíciles para resolver.

—Que a uno lo ponen en una situación de mucha delicadeza en ese aspecto. Porque por un lado hay empresas de medicina prepaga que son muy chicas y que, si pagan, cierran.

—En el caso de que haya que negarlo, estar muy seguros y tranquilos ustedes, que no denegaron algo que no esté pensado y evaluado.

—Por suerte existen esos lugares que uno puede pensar, debatir y nutrirse de información para cuando uno resuelve. Tenga alternativas y no solamente una que es la que puede estar en el expediente.

—Aparte volvemos a revolver cosas que no necesitamos, en el que las cosas están probadas.

—Ya está todo en la causa, con lo cual lo único que tenemos que hacer es solucionarlo. Ayudar a solucionar el conflicto. Entonces le doy la palabra a la parte demandante y le digo "a ver, ¿qué tiene usted para disminuirme su petición, para acercar a la parte demandada?". Lo mismo le digo a la otra parte. Alrededor de un 35% y un 40% han llegado a una conciliación en esa etapa.

—¿Tanto?

—Porque las partes no se escuchan. Hay juicios que cuando están en la previa ni se hablan. El escucharse es muy importante, también. Entender a la otra parte también ayuda muchísimo, saber el problema real y directo transforma.

—Y por eso es importante también la rapidez en los juicios, ¿no? A quién le gusta llevar un juicio diez años.

—No, a nadie.

—Pero no es por un beneficio económico, es por una sensación de agobio.

—Creo que en eso hay un elemento muy importante que es el uso de la tecnología. En la ciencia jurídica no tenemos esa costumbre. Creemos que nuestra ciencia es autónoma, independiente. Y estoy seguro de que ese es el error. La incorporación de otra ciencia, la tecnológica en primera medida, es la que nos va a ayudar en esta tarea de disminuir los procesos judiciales. El uso del expediente digital, el uso de las tecnologías…

—Sí, bueno, las cédulas electrónicas.

—No tienen comparación.

—Sobre todo una mirada interdisciplinaria. Hay jueces que tienen una mirada interdisciplinaria. 

—Sí, las otras ciencias ayudan muchísimo. Y las otras materias también. Ayudaron con la sociología, las ciencias agrarias, las ciencias aeronáuticas, todas las que vos le incorpores al expediente que estás resolviendo te van a hacer más eficiente y más rápida la resolución. En Argentina nosotros estamos con un problema presupuestario muy importante de todos los poderes del Estado y a nivel global. Pero si nosotros vemos que en el Poder Judicial tenemos un 95% que gastamos en sueldos, es decir, el presupuesto va a sueldos, con lo cual es muy alto, y un 5% al resto. Que el resto a qué nos ayudaría, a mejorar los sistemas, ¿no? Creo que ahí estaría el gran camino por recorrer, es pensar, sin perjuicio de. No solamente pensarlo con aumento presupuestario, que ese es el problema actual, porque obviamente no tenemos…

—Sí, a veces se ve el aumento presupuestario y no se ve cómo se administra el presupuesto.

—También.

—Cuando escuchamos esto del 90% en sueldos, ¿no es mucho?

—Muchísimo. 

—¿Todo va para sueldos?

—Es muy alto, y  el 5% es muy bajo, es cierto.

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