Pidieron que la mujer de Escobar, su hijo y "Chicho" Serna vayan a juicio por lavado de dinero del narcotráfico

Luego de tres años de investigación, la PROCUNAR -el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico a cargo del fiscal Diego Iglesias- y su colega, Sebastián Basso, del fuero federal de Morón, pidieron al juez Néstor Barral la elevación a juicio de Sebastián Marroquín y María Isabel Santos Caballero, viuda e hijo del capo narco Pablo Escobar Gaviria, junto al ex futbolista de Boca Mauricio "Chicho" Serna y el abogado argentino Mateo Corvo Dolcet.

El delito: lavado de dinero narco, compras y ventas simuladas por 3,5 millones de dólares atribuidos a José Bayron Piedrahita Ceballos, "El Árabe", heredero de una poderosa familia ganadera colombiana, preso en Estados Unidos, acusado de haber fundado un imperio de empresas cáscara para lavar dinero tras alianzas con carteles de cocaína y grupos paramilitares con la temida La Oficina de Envigado. En la acusación también intervino la UIF y la PROCELAC, además de la colaboración de agencias de Colombia y Estados Unidos.

La causa comenzó tras una notificación del representante local de la DEA -Drug Enforcement Agency- enviada en 2016, que exponía el vínculo entre Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet. El vínculo entre ambos fueron, precisamente, la viuda y el hijo del capo Escobar.

"Se les endilga a Santos Caballero y Marroquín el haber efectuado un aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada, al haber sido quienes durante el año 2007, introdujeron y unieron -en un primer momento- los intereses de Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet", asegura la elevación a juicio a la que accedió Infobae. 

Santos Caballero y Marroquín se quedarían con el 4,5% de la inversión de Piedrahita, más de 100 mil dólares, con los que comprarían en 2012 un departamento en la torre de lujo Horizons en la Avenida del Libertador en Vicente López, una extraña operación inmobiliaria donde la propietaria del departamento resultó ser una cosmetóloga de Villa Lugano que ni siquiera sabía de la existencia de Pablo Escobar. Entra las pruebas recolectadas hay, por ejemplo, un documento de acuerdo firmado entre Corvo Dolcet, la viuda y el hijo del capo colombiano.

A Serna se le atribuye "haberle entregado a precio irrisorio" a Piedrahita Ceballos dos lotes en un country de Moreno.

En su descargo escrito ante el Juzgado Federal Nº 3 de Morón, "Chicho" Serna contó cómo conoció a Piedrahita Ceballos, que llegó al país en 2008 según el relato del hijo de Escobar.

"Me encontraba cenando en un restaurante de Puerto Madero, en aquel momento era habitual que concurriese a esa zona. Se me acerca el mozo y me dice que un 'paisa' quería acercarse a la mesa para saludarme. Por cierto que acepté el pedido del mozo y quien se acercó fue el señor José Bayron Piedrahita Ceballos. Yo no lo conocía y no sabía nada de su vida. Al tiempo nos volvimos a ver a partir de algún encuentro programado por alguno de los dos, generándose de a poco un trato cordial, abonado por el hecho de ser ambos oriundos de la misma zona de Colombia". Con el tiempo, Serna comenzó a llamarlo "Don José".

A pesar de estar preso en Estados Unidos, Piedrahita Ceballos tiene un abogado en Argentina y está a derecho en la causa en su contra. La elevación a juicio lo incluye también: el negocio que lo une a Corvo Dolcet es un emprendimiento para crear un estacionamiento en Pilar junto a la Panamericana, que jamás se concretó, con la firma Pilar Bicentenario. El nombre del proyecto: Pilar Parking.

Las pruebas recolectadas por la PROCELAC y avaladas por el juez Barral en su procesamiento hablan de cosas tensas. De acuerdo a un informe de la Agencia Federal de Inteligencia, hay conversaciones de escuchas telefónicas que indican que Corvo Dolcet intentó transferir una presunta deuda personal de USD 3 millones a Pilar Bicentenario, ocasionada por la compra del terreno en el cual se haría el emprendimiento. Información provista por la OPECAM apuntó extracciones de dólares hechas por el abogado por casi USD 1 millón durante 2016.

La elevación a juicio marca nueve imputados con un sobreseído. 

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