Murió Patricia Solorza, la mujer que estaba presa por haber abortado a los cinco meses de gestación

Patricia vivió en Ezpeleta, partido de Quilmes, hasta los 34 años. Con sus dos hijos, que los tuvo como madre soltera: por entonces, Victoria, de cuatro años, y Alejandro, de 14, un chico con un severo retraso madurativo por una meningitis adquirida cuando era niño. Patricia fue detenida en 2014: había quedado embarazada, no se lo había contado a nadie, y a los cinco meses de gestación abortó y luego se deshizo del feto en un descampado.

Nunca les contó a sus hermanas si ella misma lo hizo o fue a alguna clínica clandestina. Patricia fue acusada de homicidio agravado por el vínculo y su abogada le advirtió que podía ser condenada a cadena perpetua. Ante semejante escenario, Patricia aceptó ir a un juicio abreviado y recibió una condena de ocho años.

En marzo de 2018, Infobae fue al complejo penitenciario de San Martín y logró hablar con Patricia. Hacía calor, ella estaba con la camiseta de rugby de las Espartanas, en pleno entrenamiento, y salió al encuentro de los cronistas, transpirada. Allí, en un pequeño recinto, al lado del patio donde sus compañeras entrenaban con la ovalada, contó su historia.

Como ella no tenía antecedentes penales y estudiaba en el Cusam (Centro Universitario San Martín) -el programa que tiene esa universidad para personas en situación de encierro- sumaba argumentos favorables. Según las propias autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense tenía muy buena conducta. La entrenadora de las Espartanas, Carolina Dunn, destacaba el esfuerzo y la visión colectiva del rugby que tenía Patricia.

En aquel marzo de 2018, a los cronistas les quedó el eco de una frase de la entrevista: "En septiembre ya estaré en condiciones de pedir la libertad condicional". Sin embargo, pasó aquel septiembre. Once meses después de la condicional que no llegó, a principios de agosto de 2019, Patricia moría en el Hospital Carlos Bocalandro, ubicado muy cerca del Complejo Penitenciario 47, donde seguía presa.

Infobae habló con la antropóloga Natalia Ojeda, del Cusam, quien contó que hacía muchos meses que Patricia acusaba dolores abdominales, que había sido trasladada en diversas oportunidades al hospital y que, finalmente, la habían operado dos meses atrás de la vesícula. Sin embargo, por complicaciones de una infección intrahospitalaria, quedó internada en terapia intensiva y, finalmente, murió.

Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Ezpeleta, el mismo barrio donde vivió y adonde hubiera vuelto viva si le daban la condicional. No cumplió el sueño de ver a su hijo Alejandro –con retraso madurativo e hipoacúsico-, de 19 años, ni a su hija Victoria, de cinco.

En aquel momento, estos cronistas obtuvieron dos fotos muy elocuentes para darle carnadura al contexto de vida de Patricia. Una de esas fotos fue entregada por sus hermanas: había sido tomada en el cumpleaños número cuatro de Victoria. Estaban la niña, su hermano Alejandro y una torta de feliz cumpleaños; de fondo, un patio, una pared y una ventana, propios de una casa modesta.

La segunda foto es la que ahora publicaron varios medios: Patricia transpirada, con la camiseta de rugby puesta y algunas gotas de transpiración sobre su rostro. Esa foto fue tomada por estos cronistas sin permiso de las autoridades penitenciarias, quienes por cuestiones administrativas no admitieron que ingresara el fotoperiodista que nos acompañaba.

Pese a estar advertidos de que no podíamos tomar fotos con el celular, la historia de Patricia no podía salir sin su rostro. Sin permiso, tomamos unas fotos. El oficial a cargo nos vio y, aunque no nos hizo borrarlas, nos dijo que, si fuera decisión suya, nunca más nos dejaría ingresar a ese complejo penitenciario. Son las normas. A veces, los cronistas las desconocen en busca de dar más información a los lectores.

Quién es responsable, ¿hay culpables?
Infobae se comunicó con el Servicio Penitenciario Bonaerense. El dato más relevante es que el juez de Ejecución Penal del juzgado número 1 de Quilmes, Federico Merlino, con fecha 31 de julio había mandado un escrito al Complejo Penitenciario 47. El juez decía que, como Patricia estaba en coma inducido en terapia intensiva, le quitaran las esposas que la sujetaban a la cama.

A su vez, solicitaba que, para garantizar la seguridad, los guardias estuvieran al lado del área de terapia intensiva. En el Servicio Penitenciario aclaran que, por protocolo, cuando un detenido está en un hospital se hace una doble guardia: un efectivo desarmado cerca del lugar y otro, más retirado, con arma.

Los responsables del Centro Universitario, a priori, no culpan ni a las autoridades de la cárcel ni al hospital Bocalandro. Será cuestión de que el juez Merlino tome las medidas correspondientes para esclarecer en qué circunstancias murió Patricia Solorza y si hay o no culpables.

Los interrogantes están presentes. Uno, básico, es cómo puede ser que una detenida de buena conducta, en condiciones de obtener la libertad condicional para estar con su hija pequeña y su hijo con discapacidad, no pueda acceder a ella.

Además, si las cárceles bonaerenses están superpobladas, si las alcaidías están saturadas, si hay tantos detenidos en comisarías por falta de espacio en las prisiones, cómo no se pone énfasis en dar curso a las condicionales o, al menos, a una prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.

Estos cronistas, al menos todavía, no están en condiciones de saber si hubo conductas irresponsables en esta sucesión de cosas que terminaron con Patricia muerta. Sin embargo, es imposible dejar de pensar que un juez deba mandar un escrito para que le quiten las esposas a una detenida inofensiva con coma inducido en terapia intensiva. Un escrito que llegó cuatro o cinco días antes de que la vida de Patricia se apagara.