El truco evolucionó con el tiempo. A mediados de la década pasada, los inhibidores de señales o jammers hicieron su aparición en la escena del robo argentino, pequeños aparatos fáciles de adquirir en Internet o en ciertas casas de electrónica con la capacidad de bloquear cualquier señal electrónica en un perímetro, sea de un teléfono celular, wifi, una alarma de auto. Nada entra, nada sale.
Primero fueron empleados en piratería del asfalto de alto vuelo para impedir la salida de alertas a empresas de rastreo. Se usó, por ejemplo, en enero de 2018. La DDI de Morón allanó un galpón en San Justo, un "piso" para guardar mercadería luego de que una banda robara un camión con 125 cajas de vino tinto valuadas en un millón de pesos con la ayuda de un inhibidor. Hubo ocho detenidos en la causa a cargo de la UFI Nº9 de la jurisdicción. Así, por un tiempo, el uso de inhibidores estuvo reservado a esta modalidad, robo de camiones de gran porte con grandes cargas.
Eventualmente, el robo de camiones mutó a robo de camionetas, ataques de menor porte y cargamentos más reducidos. Y los inhibidores encontraron un segundo hogar en el delito argentino: el robo de autos, con ladrones en estacionamientos públicos que atacan en emboscada y a control remoto para bloquear el cierre del auto a distancia que hace el conductor.
Hoy a la mañana, en una resolución publicada por el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y el ENACOM dirigido por Silvina Giudici firmaron una resolución conjunta que prohíbe la venta libre de estos equipos, disponibles en portales masivos con precios desde 9 mil a 16 mil pesos.
"Que los equipos inhibidores o bloqueadores de señales radioeléctricas son dispositivos que impiden y/o interrumpen y/o estorban y/o entorpecen y/o causan interferencias perjudiciales a diversos servicios y sistemas de radiocomunicaciones. Que tales equipos hacen uso de cualquier porción del espectro radioeléctrico, motivo por el cual se han manifestado distintos reclamos de prestadores de servicios de telecomunicaciones y de usuarios de los mismos. Que el uso irrestricto de los equipos en cuestión pone en riesgo el normal funcionamiento de las comunicaciones y atentan contra la seguridad de la ciudadanía", apuntó la resolución.
La medida exceptúa a los inhibidores empleados por fuerzas de seguridad y también prevee su uso mediante un trámite administrativo en "ubicaciones fijas confinadas a las entidades públicas y a las entidades del sector financiero que lo justifiquen", apuntaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
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