El cura Julio Cesar Grassi, quien fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, se negó este miércoles a una extracción de ADN para el Registro Nacional de Datos Genéticos.
La medida había sido tomada el 13 de febrero por el Tribunal Oral Criminal 1 y consistía en un simple hisopado bucal de saliva. No obstante, el personal del Registro que se acercó hasta el penal de Campana no pudo llevar adelante el procedimiento porque el religioso se resistió físicamente a la toma de la muestra. También se negó a firmar el acta correspondiente.
Grassi fue condenado en 2009 por dos casos de abuso sexual agravado y corrupción de menores a un chico de la Fundación Felices los Niños que estaba a su cargo. La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires en 2016 y está firme.
Juan Pablo Gallego, abogado de la querella, explicó a Infobae que incluso para "evitarle molestias se dispuso que concurra personal exclusivamente masculino del Registro" a la cárcel. Allí se encontraron con la "férrea negativa física de Grassi".
"Mañana a primera hora voy a pedir al tribunal que se cumpla con todas las medidas para tomar la muestra por la fuerza pública", adelantó el abogado.
El objetivo del banco genético es aportar datos para futuros casos de abuso, incluso dentro del mismo penal donde actualmente cumple su pena Grassi.
A este registro genético, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y fue creado en julio de 2013 por la ley 26.879, sólo pueden acceder jueces y fiscales, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como Estados Unidos, donde cualquier ciudadano tiene permitido consultar los datos.
Jorge Dotto, director del Registro de Datos Genéticos, confirmó a Infobae que Grassi se negó físicamente sin dar ningún argumento legal.
"Nosotros no tenemos la autoridad para tomar la muestra sin un ámbito de tranquilidad, el juez va a tener que determinar cómo cumplir con la orden", aseguró Dotto.
Ante esta situación, el director del Registro le preguntó al juez Juan Carlos Ubildi si existe un perfil de AND que forme parte de la causa judicial por la que fue condenado. Así no sería necesario extraer una nueva muestra.
Tanto el abogado de la querella como el director del registro coincidieron en que no es para nada habitual que los condenados se resistan a la extracción de ADN. "El lunes estuvimos en Junín y tomamos 79 muestras, eran personas que estaban en libertad y fueron citados, es un dato importante porque no tuvimos ningún problema", explicó Dotto.
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