En la Argentina el 67,5% de los delitos de trata de personas es por explotación laboral. El 23,7% son víctimas de explotación sexual (el 8,7% de los casos restante no fueron identificados en las causas). Hasta los primeros días de diciembre, las fuerzas federales liberaron a 587 personas.

Estos crímenes, al menos en ciertos puntos del país, no podrían avanzar sin la complicidad de los funcionarios de turno como lo demuestran las causas judiciales en trámite en las que están involucrados, por ejemplo, un fiscal federal y un comandante de Gendarmería que se desempeñaba en el área de Inteligencia –ambos fueron retirados de sus cargos-. En cinco años movilizaron $23.000.000 a través de prostíbulos ubicados en Paso de los Libres.

Un exhaustivo trabajo realizado por la Dirección de Investigación del Crimen Organizado (DICO), a cargo de Rodrigo Bonini, determinó que la mayoría de los "esclavos laborales" son hombres de nacionalidad boliviana. En cambio, las víctimas de explotación sexual son mujeres argentinas, paraguayas y dominicanas.

Justicia lenta

No hay dudas que desde el Poder Ejecutivo se han extremado las investigaciones para combatir los aberrantes delitos de estas mafias. Sin embargo, la Justicia parece no actuar en consecuencia.

Hay datos incontrastables. La primer denuncia de La Alameda contra talleres textiles clandestinos -que trabajaban para primeras marcas ubicados en Flores y Floresta- demoró ochos años para que finalmente la Justicia condene a los nueve acusados con penas de hasta seis años de prisión por los delitos de "reducción a la servidumbre y facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en territorio nacional".

Lo hacían a través de seis talleres clandestinos en los cuales la mano de obra era "semiesclava", según los jueces que integraron el Tribunal Oral Federal Número 6 de Capital Federal.

Uno de los talleres liderados por Nina Salazar y su esposa Remedio Flores se ubicaba detrás de la entonces comisaria de la Policía Federal 40.

"La trata de personas es una de las actividades ilegales predilectas del Crimen Organizado por su alta rentabilidad económica. Se encuentra entre los tres delitos más lucrativos de la criminalidad organizada junto al tráfico de armas y drogas", explicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en diálogo con Infobae. También destacó que desde el comienzo de su gestión han tenido "muchos logros". Por ejemplo: aumentaron en un 95 % la cantidad de víctimas rescatadas. "Desde diciembre de 2015 rescatamos 2797 personas", señaló.

¿De qué manera ingresan al país quienes serán explotados y esclavizados por las organizaciones criminales?

"En su gran mayoría entran de manera Legal (no necesitan VISA) con lo cual es fácil ingresar para ellos. Son pocos los casos que pueden entrar en el 'modelo' de tratante, es decir, a través de una organización que les retenga los documentos o bajo amenaza; eso puede suceder una vez que ya estén en el país. En la Argentina, como en otros países, ya tienen la logística instalada para recibirlos, conseguirles estadía, lugar de trabajo y la distribución", le cuenta Bonini a Infobae.

Los reportes elaborados por la Dirección de Investigación del Crimen Organizado, revelan que 387 personas, de las 587 víctimas que cayeron bajo las redes de las bandas de trata de personas en 2018, fueron liberadas cuando eran sometidos a explotación laboral.

De ese número, 57,29% eran hombres y un 42,29% mujeres.
Siempre tomando como base a esas víctimas, el 57,91% eran de nacionalidad boliviana; el 33,12% son de nacionalidad argentina y 6,46% son de nacionalidad paraguaya.

El 52,70% de los casos se dieron en Provincia de Buenos Aires; el 41,67% en la Ciudad de Buenos Aires y el 2,29% en Mendoza.

El 71,25% de esas víctimas eran explotados bajo la modalidad "trabajo esclavo" en talleres textiles; el 4,79% en fábricas y el 3,96% fueron halladas en fincas agrícolas, sobre todo cultivando y armando bandejas de verduras y tubérculos que después serán comercializadas en las verdulerías.

Las condiciones laborales a las que son sometidos son aberrantes. Los lugares son insalubres. Como baños suelen tener letrinas; hay casos en los que se los descubrió durmiendo sobre tablas porque sus patrones no les dan colchón.

En algunos campos o talleres, se les suele descontar de sus magros salarios para la comida, o para el alimento cuando las familias esclavizadas tienen niños.

La jornada laboral es de 12 horas, pero puede llegar a 16.

Así funcionan las mafias

En las últimas horas, a través de una causa investigada por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, y su secretario Ignacio Calvo, se rescataron a 75 víctimas de explotación laboral sometidos en talleres clandestinos que funcionaban en la localidad de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza.

La red de trata estaba integrada por 15 personas de nacionalidad boliviana que explotaba a conciudadanos.

Luego de varios meses de seguimientos y escuchas telefónicas, personal de la División Trata de Personas del Área Metropolitana de PFA pudo determinar que en la calle Olavarría al 2900 –en un edificio de cuatro pisos- funcionaban varios talleres textiles, y que los empleados, en condiciones de hacinamiento, también vivían allí.

Los detectives también descubrieron que ese lugar tenía conexión con otro domicilio de la calle Franklin Roosevelt y que era una construcción de tres pisos en los que funcionaban otros tres talleres textiles clandestinos; donde también vivían esclavizados los trabajadores, incluidos 12 menores de edad, hijos de empleados, todos de nacionalidad boliviana, igual que los propietarios del lugar.

La banda, que manejaba 12 talleres truchos de confección de ropa que terminaba en "La Salada" en Budge, partido bonaerense de en Lanús, cumplían tareas de captadores de las víctimas, regentes y transportadores de las prendas confeccionadas.

"En los últimos años notamos, y así lo reflejan los datos estadísticos, una reducción sensible en términos absolutos de la explotación tanto sexual como laboral. Proporcionalmente de cada 10 víctimas rescatadas 7 están asociadas al sistema laboral fundamentalmente a los talleres textiles ilegales", precisa Bonini y agrega: "La visión estratégica de este Ministerio en la lucha contra este delito complejo fue darle un abordaje integral y multisectorial, es decir atacar los lugares de producción de la indumentaria textil (talleres clandestinos) pero también los lugares por donde se ingresa la materia prima (contrabando en frontera ya sea por tierra o hidrovía) y las 'bocas de expendio' del producto final (galerías comerciales, Saladitas, etc)".

Explotación sexual

Según pudo saber Infobae por fuentes judiciales, el jueves pasado, en Córdoba, la división Trata de Personas de la Policía Federal detuvo a un hombre acusado de formar parte de una red de explotación sexual en la localidad de Las Varillas.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay le imputó los delitos de "trata de personas con fines de explotación sexual".
El presunto delincuente trabajaba en el Centro de Empleados de Comercio de esa localidad cordobesa.

En los dos allanamientos realizados sobre domicilios del acusado de liderar la red de trata, se incautaron computadoras, pendrives, teléfonos celulares, impresoras y una agenda que será de utilidad para estudiar sus posibles conexiones, tanto políticas como policiales.

En lo que va del año, las autoridades federales liberaron a 160 personas víctimas de explotación sexual.

Esto representa un 23,77% de las personas que cayeron en las redes de la trata de personas.

El 99% son mujeres -casi todas mayores de edad-. El 60,95% son argentinas, el 15,57% son de nacionalidad paraguaya y el 14,20% llegaron desde República Dominicana.

El 40,24% fueron identificadas en la Ciudad de Buenos aires; el 18,93% en Neuquén; el 12,42% fueron rescatadas en la Provincia de Buenos Aires y el 8,28% en Corrientes.

¿En qué lugares eran explotadas?

El 41,42% en Pub/Bar/Club nocturno/Whiskería; el 30% en "Privados" y el 14% en viviendas particulares, que eran rentadas o propiedad de los integrantes de las redes de trata.

Uno de los casos más resonantes fue el revelado de manera exclusiva por Infobae, dónde en Paso de los Libres, Corrientes, una red de trata integrada por 18 personas y liderada por quienes deberían combatir esos delitos en la zona: el fiscal federal Benito Pont, y el comandante mayor de Gendarmería José María Viero.

Según la causa judicial, la banda explotó sexualmente a 38 mujeres, entre ellas menores -que inclusive eran cruzadas a Brasil- y movilizaron, según la PROTEX, 23 millones de pesos.

"Quedé embarazada mientras trabajaba en el prostíbulo, aproximadamente a los seis meses de llegar. Rosana Estela Rodríguez -la regente del prostíbulo- me dijo que comprara una pastilla para tomar o meterme por abajo. Pero no funcionó. Entonces vino una mujer que me colocó una sonda en la vagina para completar el aborto. Sin embargo, ese mismo día empecé a sangrar mucho. Le avisé a Rosana, quien me llevó al hospital y me advirtió que no podía decir nada sobre el aborto inducido ni de la situación en la que me encontraba".

"En el hospital me hicieron un raspaje quirúrgico, y estuve internada siete días. Durante la internación, Rosana Rodríguez me dio dinero para que no contara nada, pero cuando me dieron el alta me quitó la plata y me obligó a trabajar en el prostíbulo. Ni yo ni mis compañeras nos podíamos ir. La mayoría éramos extranjeras y ellos nos habían sacado nuestros documentos", relato ante el juez de manera descarnada una de las víctimas identificada como "Gisela".

La pesquisa demostró que la red de trata funcionó a través de tres locales nocturnos y un hotel, propiedad del ex oficial de gendarmería.
Los 18 imputados están acusados de integrar diferentes organizaciones dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual en los prostíbulos "Puro Movimiento", "Roxi", "Balizas" y en el "Motel Momentos", entre otros.

La novedad en esta causa es que la Cámara Federal de Apelaciones correntina, ratificó los procesamientos de la red de trata y explotación sexual, tal como lo solicitó el fiscal Carlos Schaefer.

El resonante caso fue investigado en primera instancia por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Fabián Martínez en articulación con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

También fueron ratificados los embargos contra los acusados, por un monto global superior a los 23 millones de pesos, así como los decomisos de los locales donde se explotaba sexualmente a las víctimas de trata, los clubes nocturnos Balizas, Roxi y Kilómetro de Oro, así como el hotel Momentos, propiedad del entonces comandante de Gendarmería Viero.

Mientras eso sucede en Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires también hay noticias. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital condenó a Gabriel Nicolás Athanassopoulos alias "El Griego", responsable de los local denominado "Hellas" y "Stavros" ubicados en Recoleta, a cuatro años de prisión por el delito de "trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de captación, en calidad de autor".

El hecho, denunciado por La Alameda, se transformó así en la primera condena por este delito en la Justicia porteña. En la causa trabajó activamente en representación del Ministerio Público Fiscal Marcelo Colombo, el fiscal anti trata.

De casos como estos, o de talleres clandestinos, están poblados los lentos expedientes judiciales que investigan a estas mafias enquistadas en la sociedad y muchas veces amparados por los poderes locales, pero que se lucha para combatir.