Crearon un registro público de policías expulsados de la Bonaerense

Desde el retorno de la democracia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no contaba con un registro unificado de los policías expulsados o inhabilitados de la Bonaerense. El caso paradigmático fue el de Miguel Ángel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la fuerza, y segundo del general Ramón Camps, y responsable directo de 21 centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura militar. El represor figuraba como jubilado y formalmente perteneció a la fuerza hasta 2017, pese a las múltiples condenas en contra.

Con el objetivo de que la ciudadanía pueda hacer su propio control, el gobierno de María Eugenia Vidal presentará hoy el Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia de Buenos Aires (REPEI). Se trata de una base de datos de acceso público que contiene el total de 8.500 policías expulsados desde 1966 hasta el día de hoy.

De manera obligatoria, el registro tendrá que estar actualizado con el personal que haya recibido sanciones de expulsión, cesantía o exoneración por parte del Ministerio de Seguridad, e inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial. En él estarán incluidas también las rehabilitaciones de agentes y las sentencias que dispongan condenas a prisión y reclusión.

De acuerdo a lo que se puede observar hoy al ingresar gba.gob.ar/registrodeexpulsados, en el listado figura el nombre y apellido del policía sancionado, jerarquía, motivo de la inhabilitación, fecha de resolución de la expulsión y último destino del efectivo. Desde el gobierno provincial anunciaron que figurará además los números de legajo, expediente de sumario y resolución.

Según se desprende de los primeros datos, desde diciembre de 2015 en adelante, unos 1.339 agentes de la Policía Bonaerense fueron echados o inhabilitados por "corrupción", 967 por "abandono de servicio", 369 por "violencia policial", 268 por irregularidades funcionales graves en dependencias, 177 por violencia de género y/o familiar, y 268 por otros motivos.

El objetivo del listado apunta a transparentar la situación de la fuerza y poder confeccionar un mapa dinámico con información sobre cada uno de de los policías echados.

La Auditoría Interna, a cargo de Guillermo Berra, apuntará a cruzar datos con los efectivos dados de baja. Muchos de ellos seguirán bajo seguimiento porque trabajan en empresas de seguridad privada, no solo como vigiladores sino como propietarios, o bien pueden estar vinculados al delito.

Esa oficina inició al interior de la fuerza unos 27.000 sumarios y apartó 11.500 policías desde diciembre de 2015. De ellos más de 2 mil agentes están suspendidos y más de 700 policías detenidos.

En paralelo a las purgas internas, el gobierno bonaerense -que suele hacer énfasis en diferenciar los "malos" de los "buenos" policías- implementó un mecanismo de ascensos "enfocado en el mérito", que exige la aprobación de cursos obligatorios y exámenes rigurosos, además de la presentación de la Declaración Jurada patrimonial.

También ascendió con carácter extraordinario a más de 72 policías, que participaron en casos que van desde poner su vida en riesgo en episodios vinculados al narcotráfico hasta agentes que actuaron con vocación de servicio, como uno que salvó la vida a un bebé practicándole RCP.

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