
Lejos de aquietarse, la causa Independiente redobló la intensidad. Después de que, la semana pasada, el juez de Avellaneda Luis Carzoglio rechazara su pedido de detención a Pablo Moyano, el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera apeló el fallo, insistió en la detención del líder camionero y también pidió la recusación del magistrado.
Tal como anticipó Infobae días atrás, Scalera presentó ante la jueza de Avellaneda Estela del Carmen Mollo una apelación donde insiste con la necesidad de enviar a prisión al vicepresidente del Club Atlético Independiente.
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El documento llegó esta mañana al despacho de Mollo, quien subroga a Carzoglio, de vacaciones hasta el 1º de noviembre. Scalera considera que el juez "perdió la imparcialidad" y por eso solicitó que la causa salga de la órbita de este magistrado.
El recurso se basa en dos ejes fundamentales para Scalera. "La falta de motivación y fundamentación de la resolución, en cuanto al modo en que el juez ha valorado la prueba y haber omitido valorar elementos de prueba incorporados válidamente al proceso", explicaron a este medio fuentes judiciales con acceso a la causa.
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Se refieren al resultado de la apertura de los teléfonos, donde algunas escuchas involucran, a juicio del fiscal, a Moyano en la asociación ilícita junto a la barra brava del club.

Conceder el recurso de apelación de la orden de detención es un despacho técnico que sólo sigue pautas establecidas en cuanto a plazos. Por lo que es probable que Mollo dé curso al pedido y eleve a la Cámara de Apelaciones, que terminará definiendo si hace lugar a la detención.
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Para el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, "Bebote" Álvarez, Pablo Moyano, parte de la barra y otros dirigentes (entre ellos Noray Nakis, detenido) se dedicaron entre 2014 y 2017 a defraudar al club de Avellaneda mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y "protocolos" de acceso a los partidos del equipo, "por fuera del ámbito societario" y "sin ingresar al patrimonio del Club los ingresos correspondientes" a esas entradas.
Scalera basa su acusación en escuchas telefónicas y testimonios de los propios barras, entre ellos "Bebote" Álvarez, que ya declaró cinco veces. Además, el fiscal pidió la indagatoria de Moyano, que se tomará con el camionero en libertad, excepto que acepten su recurso de apelación.
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Para él, Moyano debe ser detenido porque existen riesgos procesales si la causa continúa con él en libertad; esto es, que el dirigente del club pueda entorpecer la investigación o que se fugue, aunque esto quedaría descartado ya que el acusado estaba en Singapur cuando se definía su situación en la causa y volvió al país.

La recusación es una cuestión paralela al pedido de detención y más compleja. Se trata de un escrito en el que el fiscal desarrolla argumentos ante el propio juez. Allí detalla cómo y por qué cree que su imparcialidad está afectada. En este caso, definirá el propio Carzoglio a su vuelta, quien responde si hace lugar o no a la acusación.
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De ser rechazada pasa también a la Cámara de Apelaciones después de una audiencia en la que participan ambas partes y presentan sus pruebas. Aunque también podría ocurrir que el juez rechace el pedido de recusación pero que presente otras razones para excusarse de seguir al frente de la causa.
En caso de que la Cámara confirme la recusación de Carzoglio, el expediente pasará a otro juzgado de Avellaneda. La gran candidata es la propia Mollo. La magistrada, más hermética y de bajo perfil que su colega de jurisdicción, fue cuestionada años atrás por demorar el pedido de detención de "El Uruguayo" Laluz Fernández, barrabrava de Boca Juniors.
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Sería la tercera jueza que toma la causa Independiente. El primero fue el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, quien se declaró incompetente por cuestiones de territorialidad, ya que la denuncia había sido radicada en Avellaneda.
Pero no es la única recusación que se plantea en la causa Independiente. Días atrás, Daniel Llermanos, abogado de los Moyano, presentó el pedido de apartamiento del propio fiscal Scalera, al considerar que "tiene una enemistad manifiesta con su defendido" y porque ve "afectada su independencia e imparcialidad".
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En los fundamentos, Llermanos dice que "el Ministerio Público Fiscal no es –no debe ser- un perseguidor compulsivo. No es un cazador de personas", y que el fiscal "no puede enojarse con el Juez porque sus decisiones no coincidan con su pensamiento". Además, entre otros puntos, argumentó que el pedido de detención es ilegítimo ya que aún no se le tomó declaración indagatoria al imputado.
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