J., dicen los investigadores del caso, era la jefa, la cabeza de todo. Una mujer oriunda de Eldorado, en Misiones, de 45 años de edad, pareja de un gendarme. Tenía una oficina en su ciudad, otra en el centro porteño, donde solía vérselo a su hijo. Varios locales también, algunos en la zona de Constitución, otros en su provincia natal, la cáscara exterior de un pequeño imperio. Contrabando era el negocio: celulares, consolas Playstation 4 y otros productos que venían de mayoristas en Ciudad del Este en las valijas y baúles de paseros que confluían en una cueva financiera. Un circuito en el que también participaban aduaneros corruptos que daban la vía libre, y choferes de micros de larga distancia.
La Superintendencia de Delitos Federales había investigado a J. desde febrero del año pasado bajo las órdenes del juez federal Adrián González Charvay. Era una vieja conocida de la PFA: conocían su nombre de una antigua causa en el fuero penal económico.
Esta semana, J. finalmente cayó. Y no cayó sola.
Hubo 21 detenidos en total, entre ellos tres aduaneros. En 32 allanamientos a domicilios y locales comerciales incautaron teléfonos y consolas, 18 autos, cinco motos, armas de fuego y casi seis millones de pesos repartidos en siete monedas. En total, elementos valuados en $85 millones presentados ayer en una conferencia de prensa encabezada por la ministra Patricia Bullrich y el jefe de la PFA, Néstor Roncaglia.
El primer paso para derribar a J. comenzó en un control vehicular en la Ruta Nacional N°12, a la altura de la localidad de Zárate, con el descubrimiento de una mochila que tenía unos 20 celulares, oculta en la cabina de un micro de línea que había salido desde Puerto Iguazú con rumbo a Retiro.
La mochila era de por sí sospechosa, no parecía un intento aislado de evadir controles. Desde el Juzgado Federal de Campana, a cargo de González Charvay, ordenaron entonces tareas de inteligencia. Tiempo después identificaron que el conductor del micro era uno de los paseros que movían productos a distintas ciudades: Rosario, Arrecifes, Chivilcoy, Junín, además de Capital Federal. Y advirtieron que la logística detrás era mucho mayor que un solo chofer.
El principal punto de paso era el cruce fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, que une Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, lo que implicaba un paso de la mercadería por Brasil. Para ingresarla, los hombres de J. contaban con la ayuda de tres funcionarios de la División Aduana de Iguazú, aseguran fuentes del caso.
No solo había choferes de línea involucrados: también había camioneros y conductores de vehículos particulares que conectaban con distribuidores localizados en las provincias, quienes a su vez se encargaban de contactar con los comerciantes, simples locales a la calle de venta de teléfonos.
Rosario recibía un producto particular de la red de J.: celulares viejos, sin la tecnología moderna pero útiles para cumplir la simple función de llamar. Fuentes policiales precisaron que éstos son prácticos para organizaciones criminales: "Se usan y se descartan", apuntaron.
"A los aduaneros les pagaban los 'paseros', pero la jefa era ella, y se comprobó que la cueva era el lugar hacia donde todos los comerciantes iban para que la plata vuelva", dijeron a Infobae voces de la investigación del caso. El dinero retornaba a la cueva financiera que funcionaba en Lavalle al 400. La banda de J., por otra parte, estaba vinculada con otra financiera en Ciudad del Este. Los 21 involucrados están detenidos desde hace una semana a disposición de la Justicia.
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